En el intento por construir paso a paso una sociedad mejor y con democracia real y no sólo en las leyes, el proceso de paz con las Farc es un avance significativo. Pero no la mágica panacea que algunos creen para solucionar ancestrales males heredados por los colombianos y que no son temas de discusión en La Habana.
Uno de esos lastres es la corrupción a todos los niveles, que sobre todo en América Latina, sin distinguir regímenes de ‘izquierda y derecha’, se ha adueñado de gobiernos y élites afincadas en amplios sectores de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y en las Fuerzas Armadas, que aliados con empresarios y políticos han conformado poderosas mafias que controlan todos los niveles de la administración pública.
Ya no son los premios secos de las nóminas burocráticas el principal botín a repartirse milimétricamente entre liberales y conservadores, como sucedía durante el Frente Nacional, cuando las sustracciones del presupuesto de los contratos se limitaba a las “justas proporciones”, que ‘sabiamente’ recomendaba el ex-presidente Turbay Ayala, cuando el 10% parecía ser el tope de las ordeñadas a los contratos públicos.
Ahora son los premios mayores de todos los recursos públicos y contratos los que están en la mira y a proporciones de coimas que llegan y superan el 50%, empezando por las regalías, mega-obras como superautopistas, refinerías petroleras hasta las compras del café para los tintos y el papel higiénico, pasando por los recursos destinados a la alimentación de los niños y al deporte, como sucedió con los dineros destinados a la construcción de los escenarios deportivos inconclusos en Ibagué y que servirían para las competencias de las pasados Juegos Nacionales; o como pasó en Popayán, con la mitad de un contrato por cerca de $900 millones para promocionar los juegos Inter-colegiados “Supérate” y otros contratos similares que están en investigación, en los cuales no sólo está en cuestión la conformación de un poderoso clan ‘periodístico’ de dudosa credibilidad, destinado a quemarle incienso a la administración y financiado con publicidad oficial y dineros sustraídos al Estado; sino, la participación de un ascendente ‘cártel’ financiero político, con miras a perpetuarse financiando campañas y controlando todas las esferas del poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en momentos que los tradicionales caciques que se enseñorearon en la política del Cauca, desaparecen de la actividad pública, por el implacable paso de los años, tal como sucede con el patriarca del liberalismo y la “U”, Aurelio Iragorri Hormaza, padre del minagricultura.
Lo peor es que esta ‘nueva’ alianza entre empresarios y políticos usa un discurso demagogo y democratero de ‘avanzada’ y basados en popular origen social de sus dirigentes, se muestran como los ‘auténticos’ representantes del pueblo humilde, ocultando que han copiado el modelo corrupto de sus colegas de las costas: Atlántica y del Pacífico, donde predominan sórdidas alianzas como las establecidas con la célebre ‘Gata’, que monopolizaba el negocio del chance en Sucre, Cesar, Bolívar, La Guajira, Córdoba, entre otros departamentos y financiaba a manos llenas campañas para el Congreso, Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas y Concejos.
En el caso de Indeportes Cauca, ante la posible vinculación del gobierno departamental encabezado por Temistocles Ortega, para financiar con parte de los recursos sustraídos para financiar la campaña del actual gobernador Campo, lo recomendable es que la investigación sea trasladada a otra ciudad, pues la reciente remoción de una funcionaria de la Contraloría General, en el Cauca , que denunció la inacción de sus superiores con respecto al citado proceso y la demora de las autoridades competentes para interrogar a la ex-gerente de Indeportes, Ana Bolena García, que está dispuesta a revelar sorprendentes detalles ocultos, nos indican que los tentáculos del poder vigente son largos y poderosos y más teniendo en cuenta que el ex –gobernador Ortega, también fue vice-ministro de Justicia, Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, investigado por el carrusel de pensiones, y gracias a sus influencias ha tenido mucho que ver en el nombramiento en el Cauca, de fiscales, jueces y empleados del poder judicial que le deben favores.
La administración anterior dispuso de multimillonarios recursos de recursos para obras y estudios, -algunos cuestionados por lo costosos y copias de antiguos-, que no son despreciables como fuente de recursos para sustentar emporios seccionales entre empresarios financiadores de campañas y políticos.
El posconflicto en Colombia no sólo necesita reformas agrarias,en la Salud, Educación, Político-Electoral, Estatuto de la Oposición, Judicial, Tributaria con ‘hemorragia’ de leyes e incisos que no se cumplen. Requiere de una cruzada contra la corrupción administrativa a todos los niveles, para desmontar las mafias entre políticos y empresarios de ‘derecha e izquierda’, que se han apoderado y quieren perpetuarse en las diferentes estructuras del Estado.
