Desde el momento mismo en que tomaron vuelo los postulados neoliberales, quedó claro para los colombianos que uno de sus principales postulados, el de la reducción del tamaño del Estado, se materializaría, en lo fundamental, en evitar que la acción de este continuara representando actos de competencia para la empresa privada. En tal sentido, debía proceder a privatizar sus empresas industriales y comerciales, a reducir los presupuestos de inversión social y, consiguientemente, a desentenderse de sus obligaciones como garante de la carta de derechos consagrada en la Constitución Nacional.
Correspondió a Virgilio Barco dar las primeras puntadas a este modelo, especialmente en apertura económica, pero fue a César Gaviria Trujillo, un neoliberal disfrazado de galanista, a quien le correspondió el deshonor de impulsar definitivamente su aplicación. Desde el momento mismo en que llegó a la Presidencia de la República, comenzó a aprovechar el mal servicio prestado por algunas entidades para adelantar contra ellas una política de descrédito y marchitamiento, hasta el punto de echar por tierra, casi que completamente, la voluntad de la ciudadanía para salir en defensa de ellas.
De tales entidades, tal vez la de más dolorosa desaparición fue el Instituto de los Seguros Sociales. Mediante la Ley 100 de 1993 se alteró el funcionamiento de todo el sistema de seguridad social. Expedida tal normativa, los colombianos vimos llegar tal institución a su liquidación y a la agonía a prácticamente todos los hospitales y clínicas del sector público, verbi gracia el Federico Lleras Acosta, y paralelamente ver nacer las EPS y las IPS, empresas estas dispuestas desde su alumbramiento a participar de la fiesta que ellas mismas organizarían contra los recursos fiscales y parafiscales de salud que hasta entonces manejaba el Estado.
Con la pandemia desatada por el Covid-19, viene quedando al desnudo el gran negocio que para los mercaderes de la salud ha representado el modelo neoliberal y, particularmente, la Ley 100. Hoy resulta bien claro que las EPS están hechas para que disfruten de las vacas gordas, mientras que para el Estado queda el de las vacas flacas. O si no, veamos quien ha tenido que asumir los costos derivados del coronavirus, tanto los relacionados con la salud como con la atención económico social.
Las conclusiones que debemos sacar de esta experiencia deben derivar en mayor conciencia sobre la necesidad de que asumamos con mayor entusiasmo todas las acciones que puedan conducir a la derogatoria de tal ley, a ponerle fin a las políticas neoliberales y a asumir como una obligación histórica y un compromiso con nuestros descendientes la más radical transformación de la sociedad. La nueva sociedad será la socialista.
