No se necesita ser un economista sabio para entender que sin dinero el gobierno, mejor dicho, el presidente Duque, no puede enfrentar la crisis que el endiablado coronavirus produce en la estructura económica del país. Lo que sí se requiere es tener consciencia de que se está ante una emergencia única en la historia de la nación colombiana, que para ser atendida y resuelta con prontitud y eficacia, debe convocarse las mejores inteligencias nacionales en los diversos campos de la ciencia médica, de la salud en general, de la investigación en biomedicina y fisiopatología; así como a prestantes economistas que vayan más allá de lo recurrente. Es decir, aquellos que con los conocimientos necesarios, comprendan y adviertan soluciones a situaciones de emergencia que para ser resueltas no confundan la toma de decisiones audaces con el manejo de una caja menor enriquecida con dineros ya destinados al desarrollo social de las regiones o al pago de pensiones de sectores poblacionales poco favorecidos.
Claro que la atención inmediata de la pandemia requiere gastos que no dan espera: suministro de millones de mascarillas de varios tipos, de guantes de caucho, de respiradores y batas blancas, de miles de litros de desinfectantes y cientos de inhaladores o nebulizadores para quienes padecen deficiencias respiratorias, y otros elementos que permitan evitar contagio o ser portadores de la covid-19, inicialmente llamada 2019-nCoV. Lista la anterior que no incluye el equipamiento necesario para el personal médico y de la salud en general, mucho menos el requerido por los hospitales de distinto nivel (I,II,III), centros y puestos de salud y algunas clínicas de diagnóstico y tratamiento general.
Pero atendido y superado lo anterior, si es que esto llegare a ser posible a satisfacción de los colombianos, ¿qué va a acontecer con el aparato económico de la nación? ¿Cómo habrán de comportarse las distintas variables que lo componen? ¿Con qué instrumentos se va a manejar la recesión que se avizora? ¿Cómo se atenderían los salarios de quienes dejarían de trabajar? ¿Si no se pagan estos y no se sustituye este agregado económico fundamental, cuál será el efecto de los menores ingresos del ciudadano sobre el consumo? Un eventual descenso significativo de este último, lo sabemos, afecta la producción. ¿Cuánto? ¿Qué implicaciones tiene ello sobre nuestra ya flaca competitividad internacional?
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¿Con qué instrumentos se va a manejar la recesión que se avizora? ¿Cómo se atenderían los salarios de quienes dejarían de trabajar?
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¿Y cómo se sustituye el menor ingreso de divisas por la vertiginosa caída de los precios del petróleo? Es fácil anticipar que muchas actividades económicas sufrirán una crucial desaceleración y que otras tendrán que ser suspendidas. ¿Cómo juega en todo esto y lo anterior la devaluación versus la inflación? ¿Piensa el gobierno aumentar los recaudos mediante una nueva reforma tributaria? ¿Se está diseñando una política de precios, o se pretende mantener la escasísima presencia en el exterior con precios cero competitivos? ¿Se advierte un diseño de políticas de emergencia de mercadeo para mantener activo y productivo el sector agropecuario y de pesca que sería la llamada a abastecernos? ¿Se conminará a los bancos para que revisen plazos e intereses de sus carteras y de las tarjetas de crédito y de los servicios que prestan?
Ahora: en una sola columna no se alcanzan a exponer todas los interrogantes que podrían surgir en una crisis como la que se avecina y amenaza con malos augurios a la mayoría de los colombianos, mucho menos responderlos. Ya tendremos tiempo para ello. Pero lo que sí se puede poner de presente en pocas palabras es que hay sectores económicos que están en deuda con Colombia. Les llegó la hora de responder. El sistema financiero, por ejemplo, está en mora; y muchas otras empresas que han acumulado riqueza que hoy van a tener que compartir. No hablamos de regalar o de ceder ni mucho menos, pero sí de hacer patria, así se incomoden.
Los doctores Ignacio Lozano E y Jorge Ramos F, recuerdan en su documento Análisis sobre la Incidencias del Impuesto del 2X1000 a las Transacciones Financieras, el por qué y el cómo hace unos años, en momentos de gran dificultad económica, se le extendió la mano al sistema financiero nacional. Reza así la introducción del texto: “En noviembre de 1998, el país se sorprendió cuando el gobierno nacional, amparado en las facultades que otorga la Constitución en los momentos de crisis económica, creó una contribución especial sin precedentes en la historia fiscal de Colombia. Esta contribución grava con una tarifa del 2x1000 a las transacciones financieras que impliquen el retiro de fondos de las cuentas corrientes y de ahorro de bancos y otro tipo de intermediarios.
“Inicialmente el gobierno anunció que el nuevo gravamen sería transitorio y que su aplicación se extendería hasta el 31 de diciembre de 1999, una vez se hubiesen corregido los problemas más graves que enfrenta el sector financiero” (ver acá documento completo). Pregunta sencilla ¿Habrá servido la tendida de mano de la gente en 1998, a ese insensible sistema? Pues bien, acá la respuesta: 65,2 billones de pesos sumaron las utilidades del sistema financiero en agosto de 2019 (dato de El Espectador, octubre 19 del mismo año, tomado de la Superintendencia Financiera), “$6,4 billones más que en julio”, agrega.
¿Y qué decir de las utilidades de algunas empresas comerciales, ya públicas, ya privadas? Estás, que habría que seleccionarse de manera cuidadosa para lo que más adelante se propone, y no por primera vez (tres veces), se listan frecuentemente en la revista Semana de muy fácil acceso. Sugiero que el amable lector eche un vistazo.
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Propongo una vez más, se extiendan a la mayor brevedad bonos de adquisición forzosa de parte del sistema financiero y de las empresas que están en condiciones de hacerlo
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Así, con los argumentos expuestos, pensado en la crisis económica todas las veces más grave creada por la pandemia covid-19 que prolifera en nuestro territorio sin cesar, propongo una vez más, se extiendan a la mayor brevedad bonos de adquisición forzosa de parte del sistema financiero nacional y de algunas empresas que están en condiciones de hacerlo. El tipo de bono, su valor nominal y su costo (intereses), sería concertado. Los bonos serían redimibles a 25 años, en el cado del sistema financiero. Con las empresas podía darse plazos de mutua conveniencia.
Valga anotar para terminar por hoy, que si los salarios, a la luz de información registrada “de acuerdo con una matriz insumo producto elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y revisada por el Banco de la República a través de su Centro de Estudios Económicos Regionales (Ceer)”, pesan un 35% en el PIB, de desaparecer un 60 % de los mismos por razón de la crisis (¿lo estimado?), no sería posible compensar su monto con dineros provenientes de las fuentes establecidas por el decreto 444 del 27 de marzo de 2020. Es que lo que se está presentado en estos campos, señores y señoras, no es un juego de niños.
