Cuando apareció en el panorama nacional la pandemia del coronavirus o COVID-19 en marzo del presente año, ya el flagelo de “la corrupción” venía adelante con su divisa; es decir, le tomó ventaja, pero esta calamidad social de carácter nacional en salud que tantas vidas ha cobrado como contagiados existen en el mundo y en nuestro país, ha sido indudablemente una de las causas del enriquecimiento de los corruptos enquistados en la contratación estatal con la connivencia y el beneplácito de los mandatarios regionales, departamentales, distritales, municipales y demás instituciones del Estado, que feriaron los recursos públicos con una contratación estatal a dedo, apoyados en una urgencia manifiesta.
Las normas que regulan esta materia son evidentemente claras en lo sustancial y procesal, y taxativas en el sentido de que si todos los que intervienen en el proceso contractual (contratantes y contratistas, supervisores e interventores, consultores y asesores), las cumplieran a cabalidad, el grado de corrupción posiblemente sería menos y obviamente decrecería, y por el temor de las sanciones que sobre estos recaerían; es decir, la de responsabilidad administrativa, fiscal, civil, disciplinaria y penal por la flagrante contravención a sus reglas y principios.
En el lapso de la pandemia, según informes de la Procuraduría General de la Nación, van 837 registros con inicio de actuaciones disciplinarias, que corresponden a 417 alcaldía, 26 gobernadores y 32 concejos municipales. Este dato superó con creces el ritmo usual de la corrupción, pues desde 2017, los fallos del ente de control contra personas que fueron elegidas popularmente ascendieron a 1.094, según registro de Portafolio octubre 04 de 2020.
Sin que medie ninguna incertidumbre, este monstruo de N a la n cabezas se disparó en la pandemia porque todos las entidades contratantes del Estado hicieron uso de la figura de la contratación directa “urgencia manifiesta”, ante la declaratoria nacional decretada por el presidente de la república con el decreto de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, a través del 417 del 17 de marzo de 2020, y subsiguientes, porque el tamaño del desafío resultaba de suma urgencia reaccionar con rapidez para adquirir tanto los insumos médicos como elementos de protección como mascarillas y desinfectantes, más el suministro de alimentos para las personas vulnerables frente al confinamiento social a que se encontraban sometidas.
Ahora, no es que con la contratación directa (urgencia manifiesta) no se deba cumplir con los postulados de la contratación estatal estipulados en la ley 80 de 1993, artículos 42 y 43 ibídem, y normas subsiguientes, sino por el contrario en esta modalidad de selección de contratistas el procedimiento es ágil y corto que no exige el agotamiento de muchas etapas, sin embargo, en ella deben aplicarse los principios de la contratación estatal, garantizando la selección objetiva que permita obtener la oferta más favorable y no la escogencia caprichosa y subjetiva y así ha sido entendida tanto por el Consejo de Estado como por la Corte Constitucional.
Una cosa es responder con prontitud y eficacia para hacerle frente a una grave situación como lo registraba la pandemia del COVID-19 y otra muy distinta es abusar o aprovecharse del problema para sacarle beneficios personales al asunto, pues la prensa a lo largo y ancho del país dio cuenta de sobreprecios en los artículos suministrados; ejemplos sustentados de una lata de atún a 19.000 pesos en Arauca o el tapabocas de $45.650 en Palermo, Huila, que no son los únicos casos, y que con el sobrecosto se configura un detrimento patrimonial considerable.
No obstante que los entes de control (Procuraduría, Contraloría y Fiscalía) a principio de la pandemia constituyeron una mesa técnica de carácter permanente que, como puesto de control unificado, revise quejas, hallazgos y denuncias ciudadanas sobre abusos en el manejo de los temas de la emergencia e identifique las acciones inmediatas que deban emprenderse en contra de los corruptos, de la cual no pudo hacer parte la vicepresidencia de la república de Colombia, la situación se salió de control y en el trascurso de la misma pandemia la Procuraduría General de la Nación suspendió a los alcaldes municipales de: Villavicencio, Anapoima, Cereté, Necoclí, Malambo, San Pedro y Calarcá, al igual que los gobernadores de San Andrés y Vichada, entre muchos otros.
Tampoco sirvió de dique de contención contra la corrupción los mecanismos de Colombia Compra Eficiente, a través de la tienda virtual que sirve para poner en orden en la adquisición de papelería, combustible, computadores, vehículos, entre otros. Al igual que los Acuerdos Marco de Precios que sirven también para poner orden en la cosa pública y evitar sobreprecios en los productos a adquirir, porque éstos no fueron utilizados por los entes estatales, toda vez que para ellos no les era conveniente hacer contrataciones utilizando estas herramientas de transparencia y selección objetiva.
El sistema electrónico de contratación pública, conocido como Secop, es una herramienta que sirve un poco para mitigar la corrupción, pero en los casos evidenciados durante esta pandemia su notoriedad se limitó a ser un sistema que permite a las entidades estatales cumplir con las obligaciones de publicidad de los diferentes actos expedidos en los procesos contractuales y permite a los interesados en participar en los procesos y que la ciudadanía conociera todas las adjudicaciones subidas a la red.
Hay que destacar el papel de los medios de comunicaciones, el cual ha sido muy importante, porque han alertado sobre las posibles irregularidades cometidas por los representantes legales de los entes territoriales en medio de esta pandemia para que las entidades encargadas de la vigilancia y control emprendieran de manera inmediata su labor, la cual creo que no fue nada fácil, porque la corrupción en Colombia es un virus más potente que el COVID-19 diseminado por toda Colombia frente al reducido número de servidores públicos que hacen las veces de policía administrativa encargos de la fiscalización.
Se concluye que serán graves las secuelas que dejará para el país el monstruo de la corrupción contra las arcas del Estado que la propia pandemia del coronavirus, es decir, el remedio resultó más oneroso que la enfermedad porque los contratantes y contratistas estatales hicieron su agosto, en contravía a lo que expresa la norma que estos últimos prestan con sus servicios una colaboración al Estado en el logro de sus fines y cumplen una función de carácter social.
