Tomar medidas de contingencia frente a una enfermedad global no prevista nos ha juntado como especie para enfrentar al enemigo en común. Sin embargo, ahora más que nunca han quedado en evidencia nuestras carencias.
Para empezar, ya es de común conversación reconocer que el sistema de salud de nuestro país es precario y evidentemente colapsará, en caso de incrementar exponencialmente las cifras de contagio. Esto se evidencia en que ningún departamento tiene más de dos camas de Cuidado Intensivo por cada diez mil habitantes, de acuerdo con datos extraídos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS). Ello quiere decir que se cumple, a modo de premonición, aquella frase del Gran Combo de Puerto Rico quienes a ritmo de salsa pronosticaron lo que tendrán que decir los médicos dentro de poco: “no hay cama pa’ tanta gente”.
A su vez, el hacinamiento en las cárceles es la penitencia de los presos en el país. El sistema carcelario venía cojeando con anterioridad y las trancas momentáneas de los presidentes de turno no mejoraron las cosas de fondo. En el 2012 el Grupo de Derecho de Interés Público y la Relatoría de Prisiones, de la Universidad de los Andes, advirtió que los problemas en el diseño de la política criminal, el déficit financiero y a la inoperatividad de las actividades de resocialización, eran las causas de su insostenibilidad. Ahora, ocho años después, los reclusos se amotinaron porque el estado no les garantiza condiciones mínimas de salubridad frente a la crisis de salud pública.
Conjuntamente la informalidad laboral y el desempleo son la cotidianidad de la nación. Mas el decreto 457 del gobierno nacional parece desconocerlo. El aislamiento preventivo, en definitiva, era la medida que se debió tomar al conocer los primeros casos. Sin embargo, el estado debe pensar en ese 13% de la población desempleada -tasa de enero- y en los 5,78 millones de trabajadores informales que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) notificó en el último trimestre del año pasado. Mientras eso no suceda miles de colombianos seguirán saliendo a las calles, exponiéndose a sí mismos y a sus familias. No pueden respetar la cuarentena porque dependen del día a día y si no tienen para solventar los gastos de la semana, ¿si tendrán para pagar una multa de $936.320 pesos?
