El departamento de Córdoba en la región Caribe colombiana ha sido sinónimo durante muchas décadas de noticias con mala imagen: paramilitares, corrupción, mermelada (que puede tener una connotación positiva, pero no, cuando esa mermelada se concentra en fuertes grupos político-económicos locales), desnutrición infantil, programas de alimentación escolar, mortalidad materna, pésimos servicios púbicos (en cabeza de Electricaribe), salud pública de bajísima calidad (caso Hospital San Jerónimo). En resumen, Córdoba ante medios y entes nacionales no ha sido propiamente un modelo de progreso, exceptuando su capital Montería, en los últimos ocho años, donde se concentra solo el 26 % de la población.
De acuerdo con informaciones del Observatorio del Caribe, la población cordobesa representa el 3.5 % de la población nacional, pero el aporte al PIB nacional alcanza un mínimo de 1.8 a 1.9 %. Si no fuera por el hermano pueblo del departamento de La Guajira, Córdoba estaría liderando los más altos índices de población bajo la línea de pobreza extrema en el Caribe colombiano.
La sociedad va forjando su propio camino con el actuar de la ciudadanía y con iniciativas y lineamientos de los sectores público y privado. Sin embargo, es al sector público a donde apuntan muchas de las críticas cuando las cosas andan mal. Como ciudadanos existe el vago concepto que todo es culpa de los políticos y/o de los servidores púbicos de turno. Ese actuar, ya de por sí, les da una relevancia sobreestimada en la estructura de la sociedad.
No cabe duda que en medio de la coyuntura actual de elecciones regionales son los políticos quienes vuelven a tener una exposición excesiva en los medios, favoreciendo las polarizaciones en esta sociedad de los puros criollos. Donde bien habría lugar para noticias de economía, convivencia ciudadana, canasta básica familiar, finanzas personales y cultura (no reinados propiamente, léase columna de Alberto Salcedo Ramos “La cultura, la vida”, El Colombiano, 11 de enero de 2015), son los políticos amos y dueños.
En lo que concierne al departamento de Córdoba, es contradictorio que en medio de la excesiva exposición en los medios, no existe un evento importante como es el serio debate electoral. La sociedad cordobesa vive ausente de un escenario propicio para el confronto de ideas y propuestas, discrepancias, preguntas y contrapreguntas, argumentos y contraargumentos en el que las figuras públicas que ofician como candidatos puedan interactuar. Que el ciudadano tome su propia decisión que considere acorde a sus ideologías y deseos. Desafortunadamente, la organización de un evento de este tipo por parte de medios locales está atrapada por parcialidades y subjetividades de directores y periodistas que actúan (con algunas excepciones) como jefes de prensa, y de insultos, de algunos candidatos.
El llamado es para que medios locales, nacionales o instituciones académicas organicen prontamente no uno sino varios debates (a menos de dos meses) entre candidatos a gobernación y alcaldías locales en Córdoba, con la debida participación ciudadana, a través de la masiva difusión y repercusión de los medios y redes digitales, donde el actuar de cada ciudadano sea colocado en contexto por los moderadores, buscando bienes generales en vez de los individuales, y se eviten los tradicionales “manda’os” como habitualmente orquestado por grupos opositores que viven de la denigración de la imagen de sus contendores.
Seguramente el progreso de Córdoba podría beneficiarse del progreso democrático. Debates televisados, radiodifundidos y emitidos en portales de internet (Ejem. Periscope u otros) pueden ser un punto de inflexión en la democracia cordobesa. Es una oportunidad para que los candidatos muestren sus habilidades de oratoria, sentido del humor y, por qué no, capitalizar los errores de sus rivales colocados bajo el escrutinio público.
