Los aliados de los empresarios y políticos antioqueños que pretenden anexarse parte del territorio chocoano para saquear sus riquezas mineras son los integrantes del clan político de los hermanos Sánchez Montes de Oca, liderado por el exparlamentario y parapolítico Odín Sánchez Montes de Oca y su hermano, el exgobernador Patrocinio, condenado por delitos contra la administración pública. Cabe anotar que ambos tienen presencia en el Congreso de la República a través de su hermana Astrid Sánchez Montes de Oca, actual representante a la Cámara por el Chocó.
Un clan de alumnos aventajados y herederos políticos del exsenador Jorge Tadeo Lozano, un personaje que durante su trayectoria política como congresista estuvo involucrado en los mayores escándalos de corrupción y de nexos con el narcotráfico de la clase política colombiana. Los hermanos Sánchez Montes de Oca tampoco se han quedado atrás, han estado involucrados en los peores escándalos de corrupción en las últimas décadas en el Chocó.
De aprobarse el proyecto de ley que crea a Coratrato como está concebido, los hermanos Sánchez Montes de Oca serán protagonistas de la entrega a Antioquia del 80% del territorio chocoano, todo en contra del clamor de las organizaciones de comunidades negras e indígenas ribereñas que se oponen a la creación de una nueva institución burocrática que facilite las políticas expansionistas antioqueñas sobre sus territorios colectivos.
Un hecho político que significará para los paisas consumar su sueño centenario de anexarse gran parte del Chocó para controlar sus riquezas mineras y sus ventajas geoestratégicas.
Con la creación de la Corporación del río Atrato, Coratrato, como se ha estructurado en el proyecto de ley en la actual coyuntura política nacional, los chocoanos están a las puertas de una desmembración territorial y de un tercer gran ciclo del saqueo de las riquezas mineras chocoanas, orquestadas desde Antioquia con la multinacional minera Anglogold Ashanti.
Una multinacional que cuenta con un título minero en Belén de Bajirá, a nombre de su filial Exploraciones Chocó Colombia S.A., la misma empresa minera que con sus redes de filiales tiene gran parte de las concesiones mineras en la cuenca del río Atrato y recolectó 6.120 firmas para respaldar a la gobernación de Antioquia en el litigio en contra del Chocó por Belén de Bajirá.
Una multinacional que en Antioquia tiene un poderoso entramado empresarial y político desde la gobernación. Además, Antioquia, Bolívar y Caldas son los únicos tres departamentos que en el país tienen autorización del Ministerio de Minas para expedir títulos y concesiones mineras. Así mismo, desde las oficinas del Ministerio de Minas en Antioquia se controla el distrito minero del Chocó.
Por eso es que detrás de la iniciativa de Coratrato se esconden las garras de un grupo de empresarios paisas que tienen nexos con varias multinacionales mineras y que son el poder detrás del trono en la gobernación de Antioquia. De allí que el más ferviente impulsor de la creación de la Corporación del río Atrato es el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Un mandatario que desde asumió el cargo ha tenido una postura racista y belicistas con el pueblo chocoano, dado que en el litigio de Belén de Bajirá ha demostrado que sus ambiciones por extender la frontera antioqueña sobre toda la Cuenca del río Atrato y así lograr la salida de Antioquia al Pacífico no tienen límites.
Por eso a pesar que se determinó por vía administrativa desde el 2016 y por más de 126 fallos judiciales que el territorio de Bajirá pertenece al Chocó no ha permitido el traspaso de las instituciones al Chocó. Al tiempo que habla con sus aliados políticos chocoanos para sacar adelante la propuesta de Coratrato, mantiene una agenda oculta, acudió con una comunicación a la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para revisará las actuaciones de Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
La ministra en una comunicación le respondió categóricamente que “los actos proferidos en tal sentido por el IGAC, como los relacionados en su solicitud, por lo que la petición resulta improcedente a la luz de nuestro ordenamiento jurídico." Por el otro lado, actúa como un zorro viejo de la politiquería con la iniciativa de Coratrato y guarda un perfil bajo para que sus mandaderos realicen el trabajo, mientras afina sus espuelas expansionistas sobre una cuenca donde Chocó tiene el 70% y Antioquia el 30% de la jurisdicción, pero ese 70% del Chocó es equivalente al 80% de su territorio.
