Residentes de un Club House denuncian ante la Procuraduría el secuestro de la administración de su conjunto La Quinta Club House por parte de sucesivas administraciones puestas por constructor e interventor en complicidad con la Alcaldía de Pereira. El desenlace podría ser la cárcel para el alcalde de Pereira y los administradores.
Denuncia por posible administración desleal en el proyecto La Quinta Club House de Pereira
Los copropietarios de Etapa 1 proyecto La Quinta Club House (LQCH), presentaron denuncia formal ante la Procuraduría por presunto delito de administración desleal (artículo 250 B del Código Penal).
El delito está descrito de la siguiente manera:
Código Penal
Artículo 250-B. Administración desleal
El administrador de hecho o de derecho, o socio de cualquier sociedad constituida o en formación, directivo, empleado o asesor, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de esta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10) hasta mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes."
Entre los principales implicados se encuentran: el Agente Especial Interventor, Andrés Felipe Ocampo Villegas, junto con la administradora provisional, María Cenelia Molina Gallego, y varias figuras políticas de Pereira, como el alcalde Mauricio Salazar y la secretaria de Vivienda Carolina Bustamante. Los denunciantes señalan una serie de irregularidades que han afectado gravemente los intereses de los propietarios y el desarrollo del proyecto.
Contexto
LQCH, proyecto inmobiliario en Pereira, ha sufrido retrasos e incumplimientos desde su inicio, afectando a más de 240 copropietarios de la Etapa 1. Los compradores no han recibido la administración que por derecho les corresponde, ni las zonas comunes prometidas, ni las garantías postventa, ni el club como promesa valor, lo que ha generado frustración. A pesar de la intervención del agente designado, en lugar de corregir estas irregularidades, las decisiones tomadas han generado más preocupación entre los propietarios.
Los copropietarios denuncian una administración desleal y poco transparente, lo que ha derivado en un deterioro de los activos.
El hecho más significativo fue el intento del interventor de aumentar las cuotas ordinarias en un 34%, y una cuota extraordinaria de más de $1'000.000 por propietario, bajo el argumento de un déficit presupuestal. Sin embargo, gracias a la presión de un grupo de copropietarios, el interventor tuvo que retractarse de esta medida el 13 de agosto de 2024.
Falta de transparencia y mala gestión financiera
Desde su nombramiento el 15 de mayo de 2024, el interventor no ha entregado informes de gestión claros a los copropietarios, ni permite conocer los contratos que soporten los gastos, actuando de la misma manera que actuaba el administrador delegado Edgar Alfonso Ruiz Vargas (Gestión y solución inmobiliaria), nombrado por la constructora ITACA Proyectos y Desarrollos SAS, cuyo representante legal es el señor Javier Espinoza Checa manejaba los recursos en efectivo para no dejar traza de los gastos. Nunca entregaron la contabilidad de la copropiedad al interventor. Nunca pagaron las cuotas de administración que les correspondían por las unidades no vendidas.
Después de mucha insistencia, se sostuvieron 4 reuniones con interventor, 2 con el alcalde, sin llegar a un consenso ni obtener la entrega de la administración, a pesar de que su derecho lo protege la ley 675/2001, y un concepto de Minvivienda que obtuvieron gracias a una denuncia puesta ante la SIC.
A pesar de las insistentes solicitudes de los copropietarios para recibir informes financieros detallados, y un presupuesto desglosado, ni la administración ni el interventor han proporcionado esta información oportunamente.
Los copropietarios cuestionan por qué el interventor favoreció a la constructora ITACA Proyectos y Desarrollos S.A.S., de la cual también es representante legal hoy en día, al no recalcular adecuadamente la deuda que la constructora mantiene con la copropiedad, la cual se estima en más de 700 millones.
Conflictos de interés y decisiones unilaterales
Se denuncia también un conflicto de interés entre el interventor y la constructora, lo que explicaría la negativa del interventor a ceder la administración de la copropiedad a los propietarios, a pesar de que el Ministerio de Vivienda ha confirmado que ya se han cumplido los requisitos legales para ello. Los copropietarios también señalan que el interventor ha tomado decisiones unilaterales sin consultar a los residentes, como la contratación de nuevos proveedores y la aprobación de aumentos en las cuotas, sin seguir los procedimientos legales establecidos por ley para tales decisiones.
Intimidaciones y amenazas
A raíz de las denuncias y la veeduría realizada por los propietarios, algunos de ellos han recibido amenazas e intimidaciones. A través de correos electrónicos y mensajes en grupos de WhatsApp se les ha advertido sobre posibles represalias legales y laborales si continúan con sus reclamaciones.
Conclusión
Un ambiente in crescendo de incertidumbre habita entre quienes sienten que sus derechos son vulnerados por una administración desleal que actúa en beneficio suyo y de terceros y no en el de la comunidad de propietarios. Por esta razón, se solicitó al señor alcalde de Pereira Mauricio Salazar, ordenar la entrega inmediata de la administración a los copropietarios, y a la Procuraduría, que investigue los hechos denunciados y tome las acciones necesarias para garantizar la protección de sus derechos y la transparencia en la gestión del proyecto. Así como la omisión del alcalde en actuar oportunamente bajo derecho de petición.
La Resolución 1405 del 18 de febrero de 2025 dio por terminada la intervención y procedió a la restitución, desconociendo todas las irregularidades encontradas como los malos manejos de la constructora a través de su administrador designado, dejando este conjunto en manos de quienes desde un comienzo han sido denunciados.
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