En el complejo escenario político de Colombia, la idea de convocar una Asamblea Constituyente siempre despierta un intenso debate. Históricamente, este mecanismo ha sido visto como una herramienta poderosa para realizar reformas profundas que respondan a crisis políticas y sociales. Sin embargo, la posibilidad de que el poder ejecutivo convoque una Asamblea Constituyente utilizando mecanismos no otorgados explícitamente por la Constitución vigente plantea serias interrogantes sobre la legitimidad democrática y la estabilidad institucional del país.
La Constitución de 1991, nacida de una Asamblea Constituyente que contó con amplio respaldo popular, marcó un hito en la historia colombiana al fortalecer los derechos fundamentales y reorganizar el sistema político. Esta experiencia nos recuerda que la legitimidad y aceptación de una nueva Constitución dependen en gran medida de un proceso transparente y conforme a los principios constitucionales.
En este contexto, resulta alarmante considerar la posibilidad de que el poder ejecutivo intente convocar una Asamblea Constituyente sin seguir los procedimientos establecidos. Tal acción no solo pondría en riesgo la estabilidad institucional, sino que también erosionaría la confianza en las instituciones democráticas y el Estado de derecho. La Constitución vigente establece mecanismos claros para la convocatoria de una Asamblea Constituyente, y cualquier desviación de estos procedimientos podría ser vista como una violación de los principios democráticos fundamentales. Las experiencias internacionales ofrecen lecciones valiosas. En varios países, la convocatoria de Asambleas Constituyentes sin adherirse a los marcos constitucionales establecidos ha resultado en conflictos institucionales y una profunda polarización social. Estos casos subrayan la importancia de mantener un proceso inclusivo y legítimo, en el que todas las ramas del poder público y la ciudadanía participen activamente.
En Colombia, es fundamental que cualquier proceso de reforma constitucional se realice dentro de los límites establecidos por la Constitución. El poder ejecutivo, en su afán por impulsar cambios necesarios, debe respetar el marco jurídico vigente y colaborar con el poder legislativo y judicial para asegurar la legitimidad del proceso. Solo así se puede garantizar que las reformas propuestas reflejen un consenso amplio y se sostengan en el tiempo.
En última instancia, la convocatoria de una Asamblea Constituyente debe ser vista como un acto de refundación democrática, no como una herramienta de poder político. La historia nos ha enseñado que los procesos constituyentes exitosos son aquellos que respetan los principios democráticos, promueven la participación ciudadana y fortalecen las instituciones. Es responsabilidad de todos los actores políticos y sociales en Colombia asegurar que cualquier convocatoria futura de una Asamblea Constituyente cumpla con estos principios, garantizando así un futuro más justo y democrático para el país.
