En un país donde la intolerancia moral y la negación del otro desde la diferencia de nuestros propios límites éticos, son ubicados en el plano del respeto a los valores y a la negación de la ideología de género (como si existiera algo ideológico en la radicalidad de la intolerancia), significa que en nuestra sociedad algo no funciona y, peor aún, ese algo ausente se inserta en el marco de nuestra propia civilidad, como un imperativo MORAL de identidad y respeto.
Educar es un acto racional y emocional que solo tiene efecto como un proceso de aceptación de la multiplicidad de paradigmas que rodean nuestro universo. Educar es un acto moral de reflexión y apertura del pensamiento desde la argumentación dialógica del mundo. Lamentablemente ese educar desde la razón y la emoción que se medían en los argumentos lo extraviamos (si algún día realmente lo hemos obtenido) en un mar de prejuicios y radicalismos, que nos convierten en una sociedad intolerante, indolente e insensible ante lo que nos rodea. Solo es ver nuestro espejo ante la posibilidad de dejar la guerra, como se impone, peor aún como se impone sin argumentos la idea de la continuidad del dolor y la sangre, la banalización de la muerte y viralización del odio a través de eufemismos mediáticos.
La educación debe cambiar, es indiscutible, pero no desde la revisión de los manuales de convivencia como rectores de la buena conducta, no desde la polarización argumentativa de dos frases y un documento ambiguo de sugerencias formativas a la convivencia. Es paradójico pensar que hay manuales que determinan la conducta, no se supone que más allá de normativizar el comportamiento humano, debemos ver la convivencia como una enseñanza, como un acto vivencial de respeto y como un aspecto sensible de la vida en comunidad donde prime la convivencia, tolerancia y la reconciliación, como actos emotivos y racionales para un país diferente.
La convivencia y sus pautas no constituyen en si una crisis de las políticas institucionales del ministerio de educación, son solo un dilema ético de pre-juicios que resulta superficial ante lo que realmente pasa en la educación en Colombia. Pues si es cierto que en la coyuntura actual estamos ante una crisis del modelo educativo, pero no es una crisis de hoy, ni siquiera reciente, es una crisis estructural e histórica de la cual no nos hemos hecho caso ni los maestros, ni las instituciones y mucho menos las familias, pastores y prelados que hoy con afán radical salen a marchar contra el ministerio de educación.
En Colombia existen profundas necesidades y problemáticas en el sistema educativo, problemáticas que sí ameritan una revisión, una movilización y un cambio urgente de las políticas institucionales del Ministerio. Problemas que van desde la ausencia de proyectos educativos integrales, contextualizados y en coherencia con las realidades de la sociedad, problemas como la nefasta política del ministerio de estandarizar el conocimiento en paradigmas pragmáticos y uniformes, como si no existieran realidades y contextos diversos que necesiten de currículos adaptados, flexibles y actualizados en paradigmas clásicos y emergentes; problemas como la ausencia de un sistema de regulación real del sistema de calidad en la educación superior o como la tecnificación e instrumentalización productiva de los procesos formativos de la educación secundaria y la media, o la fragmentación de los contenidos disciplinares que no permiten tener una concepción integral del conocimiento, entre muchos otros.
Esos y muchos otros debates más hacen que nuestra sociedad deba entrar de manera urgente y decidida (tan eufóricamente como lo estamos haciendo ahora en un fútil debate sobre como “modelar” la convivencia) en discusiones de fondo sobre las reales trasformaciones que necesitamos como sociedad, donde pensemos y dimensionemos el rol estructural que tiene la educación en la concepción de un nuevo país.
