Es de común acuerdo entre las grandes mayorías que apoyan el paro, pero a la vez condenan los bloqueos que obstaculizan el tránsito de alimentos, vacunas y enfermos, que el origen del movimiento radica en la falta de reformas sociales, económicas y políticas para poder superar la crisis de gobernabilidad, imposible de alcanzar en el mediano plazo con el tiempo de mandato que le queda al presidente, y con la actual correlación de fuerzas en el congreso, por lo cual el movimiento tiene que remitirse a los temas más urgentes sobre los cuales no se puede dar más espera, so pena de acabar en una anarquía inmanejable por parte del gobierno y del mismo movimiento democrático, tirando al traste las libertades y derechos para el uso de la protesta y de la movilización ciudadana.
Es decir, sin unas claras reglas de juego sobre el manejo de las armas letales por parte de la policía a través del Esmad para disolver las manifestaciones de protesta pacíficas, constitucionales y legales, es imposible levantar bloqueos de masas que aseguren corredores humanitarios, y mucho menos el paro nacional. La moción de censura ganada por el ministro de Defensa, Diego Molano, por 61 votos contra 39, está indicando que no obstante el crimen cometido contra cerca de cincuenta manifestantes durante el paro, la correlación actual de fuerzas políticas en el congreso a favor del gobierno impide la censura del ministro y la investigación, juzgamiento y judicialización de los crímenes cometidos por las fuerzas del orden.
De lo que se trata es de la defensa irreductible del derecho a la protesta pacífica, al derecho a la vida y a la defensa de los derechos humanos, entre ellos el derecho al desarrollo de las manifestaciones en paz, y sin el riesgo del bloqueo que significa el miedo, la intimidación y la violencia que produce la sola presencia del Esmad en las movilizaciones.
Se trata de resolver en primer término el problema de los derechos democráticos a la movilización, que es el que mayor angustia está produciendo entre pequeños y medianos industriales y comerciantes a raíz de los bloqueos que están ejerciendo pequeños grupos, especialmente en Cali, Buenaventura y Tuluá, donde ya quemaron el Palacio de Justicia sin que se tenga noticia del origen preciso del atentado criminal y donde murió un joven universitario de la universidad de Tuluá, por una bala “perdida” que tampoco tiene un origen establecido.
La verdad es que antes de estos acontecimientos circuló por la ciudad un panfleto amenazante e intimidatorio diciendo que “se acabó la guachafita y que si el gobierno no era capaz de poner orden en la situación, ellos se encargarían de arreglar el problema”, y por “coincidencia”, al día siguiente incendiaron el palacio de justicia de Tuluá y mataron a un joven universitario de la ciudad.
No se explica uno como el gobierno de la ciudad, el ejército, la policía, los cuerpos de inteligencia, el Esmad y el cuerpo de bomberos quedaron impávidos viendo arder los expedientes sobre restitución de tierras y procesos de narcotráfico en el palacio de justicia, dejado crecer el problema de los bloqueos hasta estos niveles de ingobernabilidad y de falta de manejo de la situación por ausencia de diálogo y concertación con los manifestantes y con el comité de paro, pues según las noticias, el problema de los camioneros sigue vigente por falta de concertación del gobierno, a tal punto que son el 70% de los camioneros los que están produciendo la mayoría de los bloqueos en el país, ante lo cual el gobierno se niega a firmar el acuerdo sobre las garantías para las manifestaciones concertado el 24 de mayo entre el Comité Nacionalo de Paro y el negociador del gobierno nacional.
En el mismo sentido se presenta la situación con el Comité Nacional de Paro, donde el gobierno además de tener un deliberado plan tortuga para dar comienzo a las negociaciones de los puntos fundamentales del Pliego de Emergencia presentado hace un año por el Comité de Paro, apenas ha llegado a unos preacuerdos el 24 de mayo, que constituyen avances positivos para la creación de condiciones que permitan empezar la mesa de negociaciones, pero falta que sean firmados por el presidente Duque para poder dar comienzo a la mesa de negociaciones, y “mientras tanto el paro continúa”, al decir del presidente de la CUT en Antioquia (El Colombiano 27-5-2021)
En otras palabras, parece que hay un interés calculado del gobierno en dilatar el inicio de las negociaciones y de los acuerdos con el fin de desgastar las fuerzas sociales del paro, quebrar la simpatía y la solidaridad de la opinión pública mayoritaria y echarle la culpa de los desmanes al candidato mayoritario de la oposición democrática, el cual a su vez, ha manifestado categóricamente que los actos de terrorismo que manifiestan algunos sectores de la protesta provienen del gobierno.
Y no le falta razón en el análisis de la situación política, pues el incendio del palacio de justicia de Tuluá, la prolongación de los bloqueos en el departamento del Valle, especialmente en la vía Buenaventura, Cali y Tuluá, donde ya escasean algunos alimentos, hay miles de toneladas de mercancías paralizadas en el puerto, y los pequeños y medianos empresarios anuncian masacres colectivas de los empleos de los trabajadores, indican que detrás de toda esta anarquía, hay toda una estrategia para mantener y profundizar la gravedad de la situación con el fin de echar los perros del paramilitarismo, encender una guerra civil en las ciudades, y preparar así las circunstancias sicológicas, sociales y económicas de la mayoría de la población a favor de una salida militar de la situación con vistas a las próximas elecciones presidenciales del 2022.
Como se puede ver es toda una estrategia del gobierno para asegurar la continuidad de su proyecto fascista y violento de los grandes capitales financieros, comerciales e inmobiliarios, con el fin de atravesarse al proyecto de convergencia y unidad popular que se está construyendo para un gobierno democrático en el 2022.
Es medio de esta situación política donde estamos planteando la necesidad de crear un movimiento de convergencia y unidad que se proponga la conquista de un gobierno pluralista y democrático en las elecciones del 2022.
Y es aquí, en este nuevo momento político, donde el Pacto Histórico entra a jugar un papel fundamental como eje central en la construcción de la unidad popular. Se trata de la organización de un vasto movimiento de masas de los trabajadores formales e informales, de los jóvenes, hombres y mujeres, campesinos, indígenas, negritudes, artistas, trabajadores de la cultura, intelectuales progresistas, capas medias, pequeños y medianos empresarios, que se organizan a través de un movimiento de movimientos en el Pacto Histórico, como instrumento político para participar en las elecciones para el congreso y las presidenciales del año entrante.
La crisis económica, política, social, sanitaria y ambiental, unida al agotamiento del modelo de acumulación capitalista neoliberal y agudizada por la pandemia del covid-19, con el tratamiento deficitario del Plan Nacional de Vacunación del Gobierno Nacional, sumado al más extraordinario paro de protesta popular que se haya visto en Colombia desde el Bogotazo en 1948, cuando el asesinato de Gaitán, han constituido un remezón, un terremoto que ha puesto a pensar a las clases dominantes, a los sectores sociales populares, a las capas medias, a las organizaciones gremiales y a los movimientos y partidos políticos en su verdadera ubicación y funcionalidad frente a las necesidades del momento, de tal manera que han aflorado a la superficie los verdaderos intereses de clase que se mantenían escondidos o disfrazados con el lenguaje de los eufemismos y de las mentiras de los grandes medios de comunicación.
Ahora, en medio de la crisis y del paro nacional, el panorama político está mucho más despejado para grandes conglomerados sociales del país que empiezan a ver con claridad cuál es el camino de los cambios democráticos que necesita el pueblo colombiano.
En gran medida como producto de los acuerdos de paz de La Habana, de los cuales son herederos legítimos que a la vez se constituyen en continuadores de las luchas democráticas y populares en el escenario de las grandes y multitudinarias movilizaciones urbanas del mes de Mayo, que dejarán una impronta histórica imborrable en el camino de los cambios económicos, sociales y políticos que estamos esperando desde hace mucho tiempo.
Desde 2016, con la firma del acuerdo de paz de La Habana, pasando por las elecciones del 2018 con los 8 millones de votos por la oposición democrática presidencial de Gustavo Petro, continuando con el paro extraordinario del 21 de Noviembre de 2019, seguido de las asonadas masivas populares en Bogotá el 9 y 10 de septiembre de 2020, y rematando con el extraordinario Paro Nacional del 28 de abril de 2021, que se ha prolongado todo el mes de mayo sin descansar un solo día en las movilizaciones de jóvenes en las principales ciudades de Colombia, está anunciando la apertura de una nueva época y una nueva correlación de fuerzas políticas favorables al movimiento popular.
Hemos llegado a una situación donde la comprensión de la necesidad de un gobierno democrático hace parte no solamente de los grupos políticos de izquierda, democráticos y progresistas, sino que se ha hecho parte de una necesidad vital de vastos sectores sociales que con el paro han empezado a visualizar que no queda otra alternativa distinta a la de un gobierno democrático y popular.
Pase lo que pase con el paro nacional y con las manifestaciones de las juventudes populares, nada en la situación política del país volverá a ser igual que antes, pues las lecciones aprendidas por las masas en esta escuela política ayudaron a comprender a nivel masivo la naturaleza de clase del Estado, como una herramienta política para la administración y defensa de los grandes capitalistas financieros, de los grandes comerciantes y de los grandes terratenientes, que utiliza la violencia de las armas del Esmad y del ejército contra la juventud para defender los privilegios de los grandes capitalistas.
La situación política no volverá a ser igual a como era antes del paro. Y lo más seguro es que después de las protestas y de las manifestaciones multitudinarias, esta forma de lucha de la primera línea contra el Esmad, como una forma de autodefensa de los jóvenes de las barriadas populares, quedará como una gran experiencia de las masas urbanas en las principales capitales de Colombia, enriqueciendo el acervo de las formas de lucha del pueblo colombiano en su escalada por la revolución democrática, que seguramente se transformará en gran medida como participación electoral en las próximas elecciones del 2022, de tal manera que el paro no se acaba sino que se transforma en su manifestación electoral, conservando su contenido de clase y su objetivos programáticos.
Esta es la gran lección democrática y la tremenda herencia revolucionaria del paro del 28 de abril. Y es aquí donde entra a jugar la juventud popular como un nuevo protagonista en la coyuntura política, de tal manera que ya se ha ganado la participación sobresaliente en las listas unitarias para senado y cámara de representantes en el Pacto Histórico, y su derecho a participar en política desde los 16 años y a ser elegidos a los 18, como un gran aporte a la democratización de la sociedad y del Estado y una enorme contribución a la defensa de la vida, la paz y las transformaciones democráticas y revolucionarias de la sociedad colombiana.
Se trata entonces de llevar al congreso de la república mayorías de representantes y senadores que respondan al origen de su lucha popular, fogueados en las confrontaciones de clase con el aparato represivo Estatal de la clase dominante, en las luchas de masas del sindicalismo consecuente y democrático, en las manifestaciones de los maestros y de los profesores por una educación y una cultura universal, gratuita, científica y laica, en las luchas de los pequeños y medianos empresarios por un crédito democrático, y con la participación masiva de los indígenas por el respeto de su cultura ancestral, por la tierra y por sus valores democráticos; listas unitarias al congreso con la participación de los líderes campesinos y de las comunidades afrodescendientes del Chocó, del Pacífico y de la Costa Atlántica; una gran lista unitaria al senado y a la cámara de representantes en las regiones, que tenga en cuenta a los intelectuales progresistas, a los artistas y trabajadores del arte y la cultura, a las mujeres trabajadoras y a las representantes de las corrientes feministas, al movimiento de los LGBTI y a los ecologistas, todos en una gran lista unitaria que resuelva de una vez por todas en el Congreso de la República la querella irresoluta entre fascismo y democracia.
Una lista unitaria de coalición de fuerzas sobre la base de un programa democrático y popular, que aspire y se proponga la conquista de un gobierno pluralista democrático y popular. A esta lista se le tiene que agregar como nuevo elemento de participación política para las próximas elecciones al congreso las nuevas listas para las 16 curules de las 16 circunscripciones electorales del acuerdo de La Habana, aprobadas por la Corte Constitucional, después de dos años de haber sido negadas por el uribismo en el Congreso con el argumento mentiroso de falta de mayorías para su aprobación, circunscripciones para las regiones donde las comunidades sufrieron las consecuencias de la guerra y del atraso que cobijan a 170 municipios con una población de unos 6 millones de habitantes, para lo cual los registros de inscritos en las organizaciones de las víctimas del conflicto tienen la oportunidad de elegir sus candidatos para su representación en el congreso de la república por sus reivindicaciones de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, por la vida, la paz y la democracia.
Lo ideal sería tener un solo candidato presidencial de las corrientes alternativas para la primera vuelta, escogido mediante la consulta en las elecciones de marzo al congreso, cuestión que el sector de la Coalición de la Esperanza ha definido que se resolverá en forma independiente en la primera vuelta, con el compromiso del Partido Verde de apoyar al candidato alternativo en la segunda vuelta, actitud que deja un espacio de maniobra muy amplio para que las fuerzas de la ultraderecha tengan la capacidad de maniobra para ganar en primera vuelta o contar en la segunda vuelta con una izquierda alternativa dividida.
No obstante seguiremos luchando por hacer realidad la consulta popular unitaria en las elecciones para el congreso, con el fin de elegir un solo candidato presidencial para la primera vuelta, que sería como darle de entrada la carta de ciudadanía a un gobierno pluralista democrático y popular, cuya esencia programática estaría concentrada en las reformas fundamentales sobre la salud, la educación, la justicia, laboral, pensiones, vivienda, reforma político-electoral, reforma agraria integral, medio ambiente, ciudad y urbanismo democráticos para el disfrute de las mayorías, y una política internacional independiente y soberana.
Todos estos cambios democráticos para que puedan realizarse y perdurar en el tiempo, tienen que ir acompañadas de una profunda reestructuración de las fuerzas armadas, militares y de policía, además de los cuerpos de seguridad del estado, para poder tener el monopolio de las armas en manos del Estado democrático. Las experiencias de Chile con Allende, y más recientemente de Bolivia con Evo Morales, y ahora mismo con el Paro Nacional, son lecciones elocuentes al respecto, mucho más si se trata del Ejército de Colombia, supeditado y mediatizado por la política militar norteamericana.
Obviamente estos reformas democráticas, bases indispensables para la construcción de la democracia socialista, tienen que fundamentarse en la base social de los trabajadores organizados, teniendo como primer objetivo la formalización de la economía informal de tal manera que la reforma laboral se exprese en un nuevo estatuto del trabajo, donde la organización sindical por ramas industriales sea lo fundamental no solo para darle a los trabajadores una herramienta organizativa para defender sus derechos sino también para que sea la base social y política fundamental en el sostenimiento y desarrollo del gobierno democrático.
Lo fundamental es que ya hemos ubicado la contradicción principal del momento que tiene que ver con un gobierno democrático en contraposición al programa fascista del gran capital financiero, de los terratenientes y de la oligarquía militarista, paramilitar, narcotraficante, violenta, criminal y corrupta, para lo cual tenemos que superar el mercado de los cultivos de uso ilícito, cumpliendo con los programas agroindustriales de sustitución del cultivo de la coca para las comunidades campesinas que hasta el momento no tienen alternativa para subsistir de manera distinta a la siembra y cultivo de la coca.
Para terminar, el movimiento del Pacto Histórico tiene que echar raíces en las diferentes regiones colombianas con sus características culturales y socioeconómicas particulares, como la costa atlántica, el eje cafetero, el altiplano cundi-boyacense, la costa pacífica, el magdalena medio y los llanos orientales, cada una con su vocación económica para la producción de valor agregado para la exportación y para el consumo del mercado interno.
Sobre la base de estos elementos se podría caracterizar la esencia del nuevo poder como un gobierno pluralista de amplia representatividad popular, con una democracia representativa y sobre todo participativa desde las regiones, con la organización y activa participación de los trabajadores en los planes y programas del Plan Nacional de Desarrollo, del Presupuesto Nacional, y de una reforma tributaria estructural, progresiva, equitativa y democrática, que grave la tenencia de la tierra fértil improductiva y el capital financiero parasitario que no produce empleo, con el fin de organizar un mercado nacional para la exportación y para el consumo nacional.
Podríamos entonces resumir con los siguientes puntos: una nueva época de revolución democrática ha entrado en Colombia con el paro del 28 de abril; el movimiento universitario y de las juventudes populares se ha constituido como un nuevo sujeto político y social de los cambios democráticos; la autodefensa de masas urbanas de la primera línea contra la violencia de la policía del Esmad es una nueva forma de lucha creada por el paro del 28 de abril; el contenido social, político y programático del paro del 28 de abril se transformará en lucha política electoral en las elecciones del 2022 por un Congreso y un gobierno por la vida, la paz y la democracia; la lucha heroica de las juventudes populares impondrá con su ejemplo la convergencia y la unidad por un gobierno democrático; el Pacto Histórico se constituye en el principal referente de unidad y convergencia para un gobierno democrático y popular.
