Una de las instituciones más importantes del estado colombiano es sin lugar a dudas la Policía Nacional, una institución centenaria, que como toda organización tiene sus altibajos, momentos nobles y críticos, etapas dolorosas como sus procesos de excelencia.
En los genes de los colombianos está escrito con sangre las etapas dolorosas donde la policía política liderada por el presidente conservador LAUREANO GOMEZ llegaba a los poblados liberales a izar las banderas del orden en nombre de Dios y del "corte de franela".
Muchos liberales murieron degollados a los pies de sus mujeres, pero ese no es el tema de hoy, es algo peor y más moderno lamentablemente.
De todas las noticias oscuras de la Policía Nacional, la peor y más descarada quizás es la venta de servicios de la entidad, si tenemos en cuenta que es un cuerpo civil, armado, consagrado en la Constitución Nacional de 1991 como la organización encargada de garantizar el orden público a todos los colombianos.
No sé si lo han notado, pero en los más importantes municipios del país llegan a tocar la puerta de las alcaldías los generales y otros oficiales, quienes vestidos de oliva además de sus soles, llevan debajo del brazo una carpetica con la propuesta de un convenio para otorgarle a la Policía Nacional las funciones de tránsito y transporte.
Nada más deshonroso que ver a los generales de la república abandonar sus escritorios donde deben estar planeando su lucha contra el delito para fungir como vendedores baratos de convenios que nadie sabe en últimas a quién le conviene. A los municipios los saquea, los atrasa políticamente y el orden público se congela en sus cifras negativas.
Lo peor es que en ocasiones, los altos mandos que cargan su brillante portafolio de ventas y que además tienen un ego muy alto y piensan que los alcaldes son como las quinceañeras interesadas que se dejan deslumbrar por un séquito de escoltas y sus carros blindados, que ven cómo sus sueños de cristal verde oliva se quiebran en mil pedazos cuando los alcaldes no les firman sus papelitos del convenio leonino. Allí viene la retaliación, la extorsión simulada, cuando los alfiles verdes empiezan a decir en los consejos de gobierno que el orden público es inmanejable, que es un caos propiciado desde el tema de la movilidad, que pueden bajar los indices de morbilidad, delincuencia común. Sin embargo, si se controla el tránsito, si se meten en cintura a los motociclistas, a los traquetos de vidrios polarizados y en general todas las infracciones de tránsito que van de la mano con el desorden y el caos, así, de manera fría y calculadora los comandantes de policía de los municipios, ojalá de primera categoría, rentables financieramente hablando, en tono calmado exclaman: "si quieren ver resultados en el orden público, nos deben dar las facultades de tránsito y transporte".
Esa es la primera carta del poker para hacer firmar al alcalde un convenio amañado y con frustraciones éticas, pues, ¿de dónde sacan la idea de que una organización que tiene la obligación de garantizar el status quo de una sociedad y que tiene un presupuesto brutal alimentado desde los recursos de la nación, tenga la libertad de ir como vendedor de libros de despacho en despacho para pedir que le dejen entrar a sus policías de plomo por la módica suma del 50 % del valor de los comparendos realizados? Desde cualquier punto de vista es desastroso y como decía mi abuela, si todos pagamos impuestos, el salario y el presupuesto de funcionamiento de la policía en cualquiera de sus modalidades deben estar garantizados por la nación. No pueden estar mendigando convenios para cumplir sus funciones, lo cierto del caso es que hay quienes pretenden ver a la Policía Nacional como una empresa comercial y social del estado, contratando como cualquier ONG, visión completamente nefasta para una sociedad que pide a gritos justicia y progreso.
Para nadie es un secreto que en todas las ciudades del país la población tiene una muy baja credibilidad sobre las instituciones, la palabra corrupción se convirtió en un cliché, por demás aburridor en todas las conversaciones de los ciudadanos. Nos quejamos que el delito florece por todas las esquinas del estado, que también es promovido en cabeza de la sociedad civil y con una franquicia patrocinada por algunas empresas privadas, pero ¿qué podemos pensar cuando la mejor institución, la que tiene que salvaguardar el bienestar y liderar la lucha contra el delito, la están transformando en una recaudadora de dinero, donde sus altos oficiales ven al ciudadano como un cajero automático?, ¿qué podemos esperar de un país donde su Policía tiene mas interés en revisar una licencia de conducción que en desarticular las bandas criminales?
El presupuesto nacional de seguridad debe ser compartido para financiar a los altos oficiales que fungen de vendedores de convenios y lo peor, buscando senadores en los pasillos del congreso para que le tramiten actos legislativos como el numero 167 que se hundió magníficamente en el Congreso el 20 de junio del presente año, en el cual los feroces oficiales de la institución armada se pretendían apoderar el 80% del valor de los comparendos de cada municipio, creando un impuesto tras bambalinas, sacarle del bolsillo el dinero de la seguridad vial de sus municipios a todos los alcaldes, que ni cuenta se dieron del atraco al iban a ser sometidos. La transformación de la policía nacional en una simple vendedora de servicios será otro dolor de cabeza para los colombianos.
Debemos decirle al país que la Policía debe dedicarse a garantizar el orden público, la seguridad de los colombianos, en palabras sencillas. Que dejen el tránsito y transporte a los agentes de tránsito, personas civiles, capacitadas y que desde la función pública tienen la competencia para construir un estado moderno y apuntando a la movilidad sostenible.
Debemos convocar a todos los alcaldes del país a defender la educación vial, a promover la seguridad vial con autoridades civiles que brinden apoyo a la sociedad con su regulación del tráfico y que hagan cumplir las normas de tránsito desde la cultura ciudadana. Debemos nombrar más agentes de tránsito (azules) regulados por la Ley 1310 de 2009.
