En marzo de 2020, Colombia conoció los primeros casos de contagio del coronavirus, que al 3 de junio habían alcanzado a casi 31.000 connacionales y habían cobrado la vida de alrededor de 1.000 personas. Transcurridos dos meses de haberse decretado en el país la primera medida de cuarentena y aislamiento social, bien cabe reflexionar sobre las implicaciones que este conjunto de medidas ha tenido sobre los líderes sociales, los defensores de derechos humanos y sobre las comunidades rurales que los acogen.
Lo primero que salta a la vista es la continuidad de los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos y excombatientes de las FARC —que, en cumplimiento del acuerdo de paz suscrito entre este grupo y el Estado colombiano en 2016, dejaron las armas—. Desde el 22 de marzo de 2020, día en el cual el gobierno nacional impuso el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional —mediante el Decreto 457 de 2020[1]—, al 2 de junio han sido asesinados 40 líderes sociales y defensores de derechos humanos (116 en todo 2020), 8 de sus familiares y 5 excombatientes que firmaron el acuerdo de paz (25 durante todo 2020).
Los asesinatos de líderes y defensores en tiempos de aislamiento han sido cometidos directamente en los lugares de residencia; de lo que se deriva que la inmovilización y el encierro en su lugar de residencia se han convertido en nuevas vulnerabilidades para las víctimas. Hoy los líderes sociales y defensores están más solos que nunca: la prohibición del libre tránsito, la inexistencia de sistemas de transporte y los respetables temores al contagio y a la muerte entre la población han dejado inactivas las redes familiares, vecinales y organizativas para responder con inmediatez en el escenario local. A lo cual se suma, en algunos casos, la suspensión de los esquemas de protección asignados por la Unidad Nacional de Protección.
Para los actores armados ilegales, la cuarentena ha traído la libertad plena que da la calle vacía, la ausencia de policía y fuerzas armadas, de inspecciones de policía, personerías y Defensorías del Pueblo, vacios que les están permitiendo actuar en impunidad y sin testigos. En las zonas rurales, distantes, pobres e históricamente aisladas, del Pacífico caucano, del norte del Cauca, del Magdalena Medio y del sur de Córdoba, las medidas de prevención del contagio del coronavirus las dicta el gobierno nacional, las regulan las autoridades departamentales y municipales, pero las hacen cumplir los actores armados ilegales —usando para ello su propia justicia con el respaldo de la fuerza de sus armas—. Ellos establecen las nuevas pautas de comportamiento que debe guardar la población so pena de la aplicación del asesinato como único y convincente castigo a la más mínima contravención.
Más se tardó el gobierno nacional en proferir el Decreto 457, decretando el aislamiento preventivo obligatorio, que el ELN en convocar a reunión a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las áreas rurales en el Magdalena Medio para ordenarles el acatamiento obligatorio de estas normas o los grupos armados disidentes de las FARC en el pacífico caucano para hacer circular panfletos entre la población civil emitiendo mensajes en el mismo sentido. Así se ratifica que, en un país con conflicto armado interno degradado y eternizado en el tiempo, todos los temas de la vida cotidiana se transforman rápidamente en asuntos de la guerra.
Entre tanto, grupos armados herederos del paramilitarismo, disidentes de las FARC y grupos insurgentes se declaran mutuamente la guerra para disputarse el control del territorio y de su población; y, en medio de enfrentamientos armados, los residentes en las ciudades, encerrados en sus casas, ven resurgir el desplazamiento forzado masivo en el Chocó, en Guapi y en Timbiquí (Cauca). Con la pandemia, la histórica pobreza de nuestros campesinos, indígenas y afrodescendientes ya anuncia su profundización en el futuro inmediato.
Antes y después de que llegara al país la pandemia, el pasado mes de marzo, el gobierno nacional recibió múltiples llamados de las Naciones Unidas y de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que reconociera la mayor vulnerabilidad de los líderes y defensores frente al riesgo de vulneración de sus derechos humanos (en especial a la vida e integridad física y emocional), relevando el impacto que tiene ello en el retroceso de derechos para la sociedad civil que representan y en el empobrecimiento de la democracia colombiana, más aún en el contexto de la pandemia. No obstante que desde el 17 de marzo el presidente Iván Duque asumió facultades legislativas —normalmente asignadas al Congreso de la República— para adoptar, mediante decretos legislativos, las medidas necesarias para “conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”, ninguno de los 83 decretos emitidos hasta ahora ha considerado este llamado.
De nuevo la seguridad y la protección de líderes sociales y defensores de derechos asentados en los territorios rurales del país queda por su propia cuenta. Rastreando cómo han asumido el tema algunas de las organizaciones sociales que han tenido que actuar como defensoras colectivas de los derechos humanos, en especial los asociados a la tierra, el territorio y el medio ambiente, en estos mismos territorios donde continua activo el conflicto armado; se identifica que han aplicado lo aprendido antes de la pandemia. Para las comunidades rurales el conocimiento es integral y por ello hoy asumen el coronavirus como un nuevo riesgo ante el cual han acordado con sus comunidades medidas de convivencia para prevenir y evitar la extensión del contagio.
Para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad acordadas organizan grupos de trabajo que se turnan para recorrer el territorio a fin de identificar el ingreso de personas, registrarlas, informarles las medidas vigentes y, cuando es el caso, impedir su ingreso. También organizan el abastecimiento de alimentos y medicamentos, así como las actividades productivas de sus comunidades, constatan que cada familia disponga de alimentos suficientes y no presenten alteraciones en su estado de salud. Están en alerta para activar en cualquier momento sus cadenas de solidaridad.
El liderazgo que asumen en sus comunidades también los convierte en potentes canales de información sobre la pandemia y de formación por lo que, aún con las limitaciones de comunicación en que viven, han orientado a sus comunidades para la fabricación de tapabocas y la producción casera de desinfectantes. Adicionalmente, aquellas que han logrado obtener una importante cantidad de alimentos han donado sus excedentes a las poblaciones urbanas cercanas. Este fue el caso de la comunidad campesina de El Garzal, organizada en la Asociación de Productores Agrícolas de Simití, y de las comunidades indígenas organizadas en el CRIC, que donaron 5.000 kits de alimentos a los citadinos de Popayán y adicionalmente pusieron en movimiento el trueque de alimentos de diferentes pisos térmicos, rescatando valores de solidaridad en un antiguo relacionamiento de mercado sin dinero.
Con estas acciones, entre muchas otras, las organizaciones sociales ejercen su solidaridad, construyen y alimentan lazos sociales y ocupan un espacio social que le cierra el paso al dominio de los actores armados ilegales, o que cuando menos, le limitan el ejercicio de su control social sobre la población y, con ello, impiden la aplicación de sus “justicias” evitando el asesinato de civiles como los ocurridos en Mercaderes, Cauca. Así estos defensores de derechos humanos, desde el campo, dan ejemplo de cómo se construye la autoprotección, la democracia local y la paz desde los territorios.
En estas acciones de las comunidades que PAS ha acompañado durante la última década, se reconoce su trabajo y el de todas las organizaciones sociales que las han acompañado, pero cree que en esta narrativa el gran ausente sigue siendo el Estado que mientras utiliza la pandemia y el miedo para ocultar los grandes escándalos que dan cuenta de la vulneración de derechos humanos por parte de sus propios organismos armados, aún no admite que para proteger, para defender la vida de líderes y defensores, hay que fortalecer las organizaciones sociales y las estructuras que ellas crean para su autoprotección —guardias campesinas, indígenas, cimarronas y los convites del pacífico caucano—, entre otras.
Ante la ausencia estatal en las regiones y en un contexto de pandemia, fortalecer las autonomías, los gobiernos propios, las zonas de reserva campesina y las organizaciones sociales, además de transferirles legitimidad, respaldo, apoyo y autoridad, es debilitar la fuerza de los actores armados ilegales.
Es claro también que, en la actual coyuntura de pandemia, se hace necesario que la cooperación internacional sostenga y profundice su apoyo político y financiero. Hoy más que nunca salvar vidas de la población civil, de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos más vulnerables pasa por generar las condiciones que permitan que experiencias de protección y autoprotección como las narradas puedan multiplicarse y que quienes las acompañan puedan renovar sus metodologías y diversificar las estrategias para seguir caminando de su mano.
[1] Gobierno nacional expide el Decreto 457, "mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el territorio colombiano".
