La Renta ciudadana organizada por el presidente Gustavo Petro, incluida en el Plan de desarrollo “Colombia Potencia mundial de la vida” se encuentra en su primera fase que se está llamando “Transito a Renta ciudadana”.
Como ocurre con toda política publica la misma esta siendo objeto de distintos análisis para determinar sus impactos, cobertura, fallas y limitaciones.
A los efectos del debate bien conviene mirar algunos datos y cifras.
Por supuesto que la principal cuestión gira alrededor de la pregunta sobre la pobreza, la miseria y la desnutrición de la población para establecer que tanto caerán las cifras hacia el 2026, y efectivamente pensar en una disminución de los hogares atrapados por la pobreza absoluta y monetaria.
Hay que señalar que este revolcón en los subsidios estatales es el de mayor profundidad en los últimos 25 años; Familias en Acción nació en el año 1995 y Jóvenes en Acción y Colombia Mayor en el 2012. Ingreso solidario se adoptó en la pandemia y estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2022.
El objetivo central del rediseño en curso es reducir la pobreza y para lograrlo el actual gobierno pretende que la pobreza monetaria pase de 39 por ciento en 2021 a 29 por ciento en 2026. La meta para la pobreza extrema es pasar del 12,4 por ciento a 3,2 por ciento en el mismo periodo; lo que quiere decir que 3 millones de personas salgan de la pobreza monetaria y otros 4 millones salgan de la extrema.
Sin embargo, las cosas no pintan tan bien como lo están presentando los directivos del DPS; todo indica que la Renta ciudadana dejará por fuera a millones de familias pobres y vulnerables enfrentadas a un proceso inflacionario sin antecedentes, al incremento de los precios de la gasolina y a la parálisis del aparato productivo.
Si bien el gobierno tomó la plataforma legal de Familias en Acción para crear la Renta Ciudadana, mientras crean un modelo más sólido, se dejan por fuera casi 3 millones 200 mil familias con la unificación planteada de los subsidios, proyectando una incertidumbre respecto de la ambiciosa hipótesis gubernamental para la reducción de la pobreza.
En efecto, en el 2022, 7, 5 millones de familias fueron beneficiarias de algún subsidio monetario del Estado, entre los que están 3. 9 millones de núcleos familiares que se beneficiaron el Ingreso solidario como transferencia condicionada decretada en la pandemia para atender la crisis por covid-19; no obstante, familias que eran beneficiarias de este Ingreso Solidario quedarán desamparadas en caso de que no reúnan los requisitos de las transferencias condicionadas.
En el 2022, Ingreso Solidario llegó a 3,9 millones de hogares con una transferencia de alrededor de 165.000 pesos. Renta Ciudadana llegará a 3,2 millones con montos de hasta 500.000 pesos, incluyendo los dos 2 millones que ya están en Familias en Acción, a partir del 29 de abril. Y una de las claves de Ingreso Solidario es que les llegaba a familias con pobreza monetaria, extrema y vulnerables que no recibían ningún subsidio del gobierno porque no cumplían los requisitos para hacerlo. Por eso es que el nuevo paquete social de Petro probablemente dejaría a mucha gente por fuera. Se calcula que entre dos y 3.3 millones de familias quedarían por fuera; téngase en cuenta que los hogares escogidos deben pertenecer a grupos desplazados o indígenas y deben estar ubicados en municipios Pdet o con prevalencia alta de desnutrición.
Otras familias están cubiertas por los otros incentivos condicionados del gobierno como Familias en Acción, que cubre a 2,2 millones de personas, Jóvenes en Acción, que llega hasta 550.000 jóvenes, y Colombia Mayor, que llega a 1,7 millones de adultos mayores.
Pero, si la nueva estrategia en su actual transito no logra capturar por fuera de la pobreza al menos 2,1 millones de familias, pues la triste realidad será que no habrá una mejora contundente respecto de lo que se heredó.
Agréguele los tramites burocráticos que demoran todo, afectando el bienestar de las familias, con los evidentes impactos en el hambre, la formalización y la deserción escolar.
En esas condiciones uno de los grandes retos del DPS consiste en identificar de manera certera quiénes son los que más necesitan esos subsidios y en eso la participación de las comunidades focalizadas a través del Sisbén IV es crucial; participación que debe propiciarse con las auditorias sociales y las Veedurias ciudadanas.
Hay problemas con el mecanismo financiero que se utilizara para desembolsar la RC, pero de eso nos ocuparemos en otra nota.
