Mi solidaridad con las personas que se vinculan al Estado mediante la figura de los contratos de prestación de servicios y que para este mes terminan su contrato por el vencimiento de la anualidad y del periodo de gobernantes territoriales.
Terminan su contrato que no es civil sino laboral sin obtener los salarios y prestaciones laborales de cualquier trabajador. Muchos demandan al Estado para que se les reconozcan sus derechos una vez saben que no los vincularan más. Y la justicia les dice que sí eran trabajadores.
Los analistas, periodistas y quienes andamos en el mundo del trabajo llevamos más de veinte años rasgándonos las vestiduras por estos abusos y no pasa nada.
El innombrable (su autor) y la clase política han hecho de esta figura la mayor posibilidad de abusos electoral, laboral y hasta sexual.
Las entidades públicas están plagadas de contratistas, unos son necesarios y muchos otros son simples cuotas políticas. Unos están bien pagos, cuentan con ingresos de hasta de treinta millones de pesos; mientras otros, muchos profesionales jóvenes, reciben ingresos de un millón y medio. Hasta hay división social en estos contratos. Y en las entidades públicas duplicidad de funciones, afectación del clima laboral y el decaimiento de la carrera administrativa.
La mayoría, si no todos, ingresan por recomendación política, es decir clientelismo. Se ha bregado hasta el cansancio para que se diseñen mecanismos públicos y transparentes, y hasta donde sea posible por concurso. Sin embargo, es una tarea casi que imposible. Salvo un oasis en el desierto, la Defensoría del Pueblo.
El sistema político está sustentado en esas aberrantes prácticas. Se ha intentado su ataque con acciones constitucionales pero la justicia contenciosa es cómplice de esas prácticas y las ve como normales.
Los sindicatos han hecho de esta causa su bandera, pero la izan cada tanto y no pasa nada.
En las últimas negociaciones con el gobierno nacional llegaron a un acuerdo para ampliar plantas con las funciones de estos contratistas. El término que se dieron fue de tres años y andan confundidos sobre el mecanismo meritocrático que se aplicará para su vinculación. Solo demagogia.
La llegada de Claudia López a la alcaldía de Bogotá, entidad donde presuntamente se practica el clientelismo desde épocas de antaño, podría cambiar este estado de cosas inconstitucional y violatorio de muchos derechos fundamentales y hacer historia.
Mi solidaridad con todos los contratistas de prestación de servicios del Estado. No obstante, hay que ser claros y admitir que en parte estos también son culpables de su situación, por su conformismo y por aceptar tácitamente que los políticos y el gobernante de turno son los dueños y señores de las entidades públicas.
