La revista Tempo le ha hecho seguimiento a los contratos de honorarios de la Orquesta Filarmónica de Bogotá con el director titular de la Orquesta Filarmónica de Bogotá Joachim Gustafsson. La directora encargada explicó en una comunicación al director de la revista en la que se propuso justificar el valor que los bogotanos hemos pagado por el director escandinavo.
La Orquesta Filarmónica, según argumentó Gisela De la Guardia González, los montos girados a Gustafsson incluyen el trámite y pago de su visa de trabajo, los pasajes aéreos internacionales, el alojamiento, su alimentación y todos los descuentos que por ley aplican. Pero, luego de mirar con más detalle, según las órdenes de pago que reposan en el Secop, el valor neto, que resulta de aplicar tales descuentos al valor bruto de sus honorarios que equivalen a $1.534.147.994 (mil quinientos treinta y cuatro millones ciento cuarenta y siete mil novecientos noventa y cuatro pesos), ha sido endosado, prácticamente en su totalidad, a la cuenta bancaria de la Sociedad Musical Arthur Rubinstein Limitada.
También resulta pertinente aclarar que Gustafsson ya había sido contratado en los años 2015 y 2016 a través de la Sociedad Musical Arthur Rubinstein, detalle que cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que su representante legal, Mario Fernando López Gallego, entre 2020 y 2023 ha firmado cuatro contratos OPS por un valor total de $348.018.333 que tienen por objeto, según se lee en las minutas que están en el Secop: “Prestar los servicios profesionales en los asuntos relacionados con la planeación, organización, ejecución y seguimiento de las iniciativas de los contenidos musicales de la programación digital virtual y presencial organizadas por la Dirección Filarmónica y por la Orquesta Filarmónica de Bogotá”.
En consecuencia, le hago dos preguntas a la actual administración de la OFB. La primera: si Gustafsson ha firmado como beneficiario en los contratos que ha suscrito con la OFB entre 2020 y 2023, ¿por qué las órdenes de pago llevan una nota inscrita en la que se puede leer “endosado a la Sociedad Musical Arthur Rubinstein Limitada”? La segunda: dentro del valor bruto del contrato al que de la Guardia se refiere, ¿está contemplada alguna comisión para dicha Sociedad Limitada o para a su representante legal? Ahora, al maestro Gustafsson me gustaría preguntarle: ¿Ha firmado algún poder para ceder sus honorarios a dicha Sociedad?
Entonces, si López es un contratista de la OFB que presta sus servicios profesionales en los asuntos relacionados con los contenidos de la programación de la Filarmónica de Bogotá y a la vez firma como representante legal de la Sociedad Musical Arthur Rubinstein Limitada, ¿la OFB no debería abstenerse de contratar a los artistas que por años dicha Sociedad Limitada ha representado? y, por supuesto, ¿por qué la administración permite que las órdenes de pago, que tienen como primer beneficiario a Gustafsson, se endosen a la Sociedad Musical Arthur Rubinstein Limitada, por la cual López firma como representante legal?
Según el Código Único Disciplinario, un conflicto de intereses surge “cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público o de un contratista”.
Corresponderá, entonces, a los entes competentes emitir un juicio al respecto, pero más allá de que esto tipifique o no una conducta indebida, me asalta una duda metódica: ¿será que la administración, en cabeza del doctor en filosofía David García, descartó el axioma cartesiano “pienso, luego existo”, para acoger el de “contrato, luego existo”?
Señor García, mientras esta duda se despeja, una gran parte del sector de la música académica se pregunta qué está pasando con los recursos que deberían estar financiando el desarrollo del patrimonio musical académico en Bogotá.
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