El contrato de la empresa operadora de casinos Lucky Ducks, desde 2005 es el causante principal de la acusación a los funcionarios y exfuncionarios de Coljuegos y Etesa. Luky Ducks opera casinos en los municipios de Salamina, Caldas y Dos Quebradas, Risaralda. En dicho contrato fueron incluidas y se encontraban en operación 198 máquinas tragamonedas que habían sido previamente decomisadas por Etesa en algún operativo de ilegalidad realizado antes de 2012, año en que inicio Coljuegos como regulador de los juegos de suerte y azar, Etesa no destruyó las máquinas como exige la Ley. Lucky Ducks solicitó a Coljuegos la inclusión en sus contratos de estas máquinas, y Coljuegos lo aprobó, falla grave. A los funcionarios que tuvieron que ver con el contrato de Lucky Ducks en sus diferentes renovaciones, desde su elaboración, revisión y firmas, se les imputará cargos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, según los resultados de la investigación llevada a cabo en la Agencia ITRC (Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales) adscrita al Ministerio de Hacienda.
La incorporación de dichas máquinas al Contrato por parte de Coljuegos puede obedecer a varias razones, que la investigación determinará finalmente, pero algunas de las razones pueden ser: error en los inventarios de máquinas por empresa operadora entregados por Etesa a Coljuegos, error en los inventarios de máquinas decomisadas entregados por Etesa a Coljuegos, errores en los números de identificación de las máquinas que al ser de fabricación nacional pueden ser el chasis o diferentes partes del hardware/software, error en el control realizado por parte de los funcionarios de Coljuegos, acuerdo malintencionado con algunos funcionarios de Coljuegos para permitir una adición de máquinas ilegales.
Las otras dos razones mencionadas por el ITRC son “asignaciones de juegos localizados a dedo y a empresas de papel”. Los artículos 32 y 33 de la Ley 643 de 2001, establecen que los casinos (juegos localizados) operan a través de terceros, previa autorización y suscripción de los contratos de concesión, por lo tanto, los contratos no se adjudican por procesos de contratación estatal, sino mediante el cumplimiento de requisitos exigidos. La autorización a “empresas de papel”, corresponde a empresas creadas para operar casinos, y que, por ser nuevas no disponen de estados financieros, Coljuegos viene aprobando cifras proyectadas en su interés de abrir el mercado a nuevos competidores cuya operación genere más ingresos para la salud mediante derechos de explotación.
La investigación según la Fiscalía es también “por presuntas irregularidades en la celebración de contratos de concesión a casinos con operación en el Eje Cafetero, sin el lleno de los requisitos legales, por cuantía de $2.172.644.976”. Las aportes de Coljuegos a la salud solo durante el mes de febrero de 2017 fueron de $160 mil millones. “La investigación llevada a cabo dentro del Plan Bolsillos de Cristal, por la Dirección Nacional de Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado en coordinación con la Dijín y la Agencia ITRC, permitió la incautación de 198 máquinas tragamonedas”. En Colombia se estima que existen más de 40.000 máquinas ilegales en operación de un negocio difícilmente de controlar.
