La Contraloría, Procuraduría y Fiscalía dieron a conocer varias denuncias contra varios mandatarios y funcionarios locales del país en el marco de la estrategia anticorrupción que adelantan los tres entes de control en la vigilancia de los recursos para atender la emergencia por el coronavirus.
La Contraloría anunció que abrió procesos de responsabilidad fiscal contra seis mandatarios territoriales: por casi $312 millones contra la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González; por más de $942 millones contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle; por $1.051 millones contra el alcalde de Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez; por $1.107 millones contra el alcalde del municipio de Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez; y otro por más de $229 millones contra el alcalde del municipio de Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.
Asimismo, se abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones, por presuntos sobrecostos en la ejecución del Contrato No. 0047-ARC-CBN6-2020, suscrito entre la Armada Nacional Base Naval # 6 ARC Bogotá y Medivalle SF SAS el 7 de abril de 2020, cuyo objeto fue: “Contratar la adquisición a todo costo de elementos de protección personal para el personal de servidores públicos de la Armada Nacional, con el fin de atender la emergencia sanitaria del COVID-19”.
La Contraloría contrastó los valores del contrato acordado entre la Armada Nacional y Medivalle SF SAS con otro contrato de similares condiciones suscrito entre la Policía Nacional – Dirección de Tránsito y Transporte, y Sersugen SAS (Contrato No. 64-2-10007-20), en el cual se evidenció que, cada unidad de tapabocas convencional fue adquirido por precio de $750, exactamente la mitad de lo que pagó la Armada, de lo cual se concluyó la existencia de un presunto sobrecosto del 100%.
Este contrato se suscribió inicialmente por un valor de $2.361 millones, que fue modificado luego para quedar en un valor final de $1.984 millones. Sin embargo con la modificación que tuvo el valor del contrato, al pasar de $2.361millones a $1.984 millones, el precio final de cada tapaboca quedó establecido en $1.500.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación señaló que se han verificado más de 3.000 contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social, realizó 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, y cumplió 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país. En este momento hay 68 indagaciones abiertas y se hicieron 15 compulsas de copias a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
Como parte de ese trabajo, la Fiscalía General de la Nación imputará y solicitará medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes por múltiples delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado. Los mandatarios municipales son:
– Armenia (Quindío), José Manuel Ríos Morales.
– Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez.
– Cereté (Córdoba), Luis Antonio Rhenals.
– Socorro (Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez.
– Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balcero Contreras.
– San Pedro (Valle del Cauca), Jhon Jaime Ospina Loaiza.
– San Antonio (Tolima), Jorge Iván Vásquez Martínez.
– Guaduas (Cundinamarca), Germán Herrera Gómez.
– Palocabildo (Tolima), Nelson Gómez Velásquez.
– Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano
El fiscal, Francisco Barbosa, también anunció que Los alcaldes de Guaduas y Palocabildo fueron capturados y otros tres alcaldes serán llamados a interrogatorio en calidad de indiciados: Acacías (Meta), Girón (Santander) y Sincelejo (Sucre).
A su turno, el procurador Fernando Carrillo expresó que se adelantan 512 procesos disciplinarios por presuntas irregularidades en 26 gobernaciones y 272 alcaldías en la emergencia sanitaria por covid-19.
Los entes de control hicieron un llamado a los funcionarios públicos a cuidar los recursos y que estos no se beneficien con el dinero destinado para atender la crisis generada por la pandemia.
