En 1947 se firmó el Acta de seguridad nacional, a partir de la cual se creó el Consejo Nacional De Seguridad y la CIA. Acababa de terminar la II Guerra Mundial, y la Doctrina de Seguridad Nacional emergía de los EE. UU. y se incrustaba en la mayoría de países de América Latina. Bajo el presupuesto que junto a las amenazas externas como las vividas en la II Guerra Mundial, el Estado cuenta con una amenaza representada por la misma ciudadanía; un enemigo interno latente, del cual hay que defenderse, ya que la “seguridad nacional” se refiere a la seguridad del Estado, a través de su aparato represivo, y del terrorismo oficial.
Fuerzas militares de decenas de países incluyendo las colombianas pasaron por el adoctrinamiento correspondiente en la Escuela de las Américas; allí se instruía en técnicas de contrainsurgencia: interrogatorios, torturas, infiltración, inteligencia, secuestros y desapariciones de opositores políticos, combate militar, y guerra psicológica. Se ejecutaron golpes de Estado militares, se militarizó la sociedad, se fortaleció el aparato represivo de todos estos países y se configuró en el continente la Doctrina de Seguridad Hemisférica como estrategia de control territorial de los EE. UU. Con el pretexto de garantizar el orden interno y combatir el comunismo se propendía por estructurar e implementar la doctrina económica y política neoliberal; detrás del terrorismo de Estado -antes y ahora- está el interés por imponer y mantener la catalaxia.
La Doctrina de Seguridad Hemisférica fundamentó las dictaduras del Cono Sur, coordinó su accionar durante varias décadas y se combinó con la Doctrina de la Contrainsurgencia; durante las décadas del 60 y 70 en el caso colombiano, aumentó la autonomía de las Fuerzas Armadas dentro del Estado, la brutal represión contra los ciudadanos se convirtió en objetivo estratégico como técnica de protección de los intereses de las clases dominantes.
Las fuerzas militares colombianas desarrollaron la estrategia paramilitar y operaciones encubiertas; tomando al pie de la letra la definición de contrainsurrección dada por las fuerzas militares de los EE. UU como “aquellas medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas adoptadas por un gobierno con el fin de derrotar una insurrección subversiva”.
A pesar de la ausencia de golpes de Estado militares al estilo de Chile, Argentina, Brasil, etc., en Colombia se ha vivido momentos históricos de ocupación militar parcial del Estado, por ejemplo, bajo el régimen del Estatuto de Seguridad, el de la Seguridad Democrática en la primera década del 2000, y todo parece indicar que estamos asistiendo a otro momento de ocupación militar iniciado con el ascenso fraudulento a la presidencia de Iván Duque.
Esa capacidad de las Fuerzas Armadas colombianas de ocupar periódicamente el Estado, manteniendo la comparsa electoral, gravita en sus altos grados de autonomía dentro del Estado. Recordemos que hasta 1987 las fuerzas militares colombianas contaron con el poder para juzgar civiles, porque es la ciudadanía el epicentro de la lucha contrainsurgente, de allí que, hablando desde el enfoque de la DSN, Orlando Zafra Galvis coronel relacionado con la estructuración de la “Triple A”, asegurara en 1987 “La guerrilla es apenas un apéndice de la subversión y tiene una importancia menor de la que generalmente se le atribuye”, y en un manual del ejército editado por el comando general en 1987, se divide a las fuerzas subversivas en dos: Población Civil Insurgente y Grupo Armado, donde la llamada Población Civil Insurgente se encuentra inmersa en las esferas política, social, laboral, educativa, y judicial; es decir se refiere a sindicalistas, sectores intelectuales, grupos juveniles, estudiantiles, indígenas, jueces, campesinos; movimiento popular y líderes sociales como enemigo interno, o como “el brazo desarmado de la subversión”. Hay que agregar que ese enemigo interno incluye a los “indiferentes e indecisos” que para Landazábal Reyes “forman parte de las filas del adversario, al que prestan apoyo por el solo hecho de dejarlo prosperar”.
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Plan Colombia Crece, nueva versión del Plan Colombia, responde a los intereses actualizados de la Doctrina de la Seguridad Nacional
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Hace más de un mes Iván Duque anunció el inicio del Plan Colombia Crece, este debe entenderse no solo como un plan para la guerra interna, para la represión en zonas rurales y la expulsión de miles de campesinos de áreas cuyos recursos naturales se les entregarán a las multinacionales; sino también como un plan de guerra de alcance continental, por lo recursos de Venezuela y la Cuenca del Caribe. Así, esta nueva versión del Plan Colombia, responde, por un lado, a los intereses actualizados de la Doctrina de la Seguridad Nacional en cuanto a etapa de ocupación militar del Estado colombiano, bajo el accionar de la Doctrina de la Contrainsurgencia y la seguridad interna del Estado, y por otro al reajuste de la Doctrina de Seguridad Hemisférica, que pugna en la actualidad por guerras de rapiña de carácter multinacional, bajo conducción estratégica de los EEUU.
Obviamente como se ha visto en otros momentos de la historia colombiana, el correcto funcionamiento de la DSN implica una articulación interna y total de ejército, policía y sistema judicial, de allí la rabiosa arremetida por parte del gobierno nacional contra las cortes y algunos tribunales de justicia díscolos, y la insistencia del ejecutivo por subordinar las cortes.
Simultáneamente, el Estado viene copando inmensas regiones del país a través del despliegue y accionar paramilitar, la represión militar y policial contra la población civil, sean líderes sociales, excombatientes o simplemente indiferentes, es decir contra el “enemigo interno”. Esto queda evidenciado en 65 masacres en lo que va corrido del año, en la muerte de 23 colombianos a manos de la Policía en 2020, en la naturalización de ver las estaciones de policía y CAI convertidos en centros de tortura, en más de 1000 líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz y 230 firmantes de paz.
Los hechos del 9 y 10 de septiembre, en los que unos policías torturan hasta la muerte a un colombiano, el pueblo protesta airado en las calles y la policía entonces asesina a 15 ciudadanos más, hiere a 72 con armas de fuego y viola a 3 mujeres, no es el inicio de un golpe de Estado contra Claudia López, ya se sabe de acuerdo a las declaraciones del General Vargas en plenaria virtual del Senado que “cada acción fue coordinada con ella y su equipo en el PMU”. Nos enfrentamos es a una nueva ocupación del Estado por parte de las fuerzas armadas y de policía, claramente coordinada desde el Ministerio de Defensa; lo de Bogotá es una expresión de ello. En otras palabras, si existe un golpe de Estado, es en todo el territorio nacional.
El conflicto a pesar de las negaciones se agrava y expresa de manera nítida entre el pueblo colombiano y las elites, fundamentalmente en sus expresiones social, económica y política, no olvidemos que, en el marco de la aplicación de la DSN, la paz con justicia social, es solo “propaganda subversiva”, para esta doctrina la paz es la seguridad del Estado y de los intereses de quienes lo dirigen y operan, frente a los impulsos transformadores de la ciudadanía.
Por eso la única reconciliación viable es del pueblo con el pueblo en la movilización, la unidad de una ciudadanía fragmentada durante décadas por la violencia económica y la manipulación psicológica. Mientras no se haga justicia, un llamado a la reconciliación con los determinadores y perpetradores del terrorismo de Estado, no pasará de ser un demagógico llamado a la impunidad.
