Palmarito es un corregimiento que queda a escasos noventa minutos de Cúcuta. La oleada paramilitar que sacudió con fuerza al oriente colombiano a principios de este siglo hizo estragos en esta localidad de apenas 800 personas. A mediados de la década pasada los paracos se fueron y la violencia y el desplazamiento terminaron. Pero de un tiempo para acá los muertos volvieron a aparecer y la desesperanza se paseó de nuevo por sus polvorientas y solitarias calles.
En agosto del 2013 se presentaron 12 muertes en menos de una semana. Palmarito, sin que sus propios habitantes lo sospecharan, se había convertido en un corredor estratégico para que la gasolina de contrabando entrara desde Venezuela y siguiera su camino hasta la Costa Atlántica colombiana. Sus habitantes, sumidos en la más implacable de las pobrezas, ignoraban que esos camiones que diariamente pasaban por la zona iban atestados de combustible. La humilde localidad se había convertido en el paso obligado de un multimillonario negocio.
Los urabeños y los rastrojos, entusiasmados por las ganancias que se obtienen contrabandeando gasolina, comenzaron a disputarse la zona y esto ocasionó una pequeña guerra entre estas feroces bandas criminales. Sus pobladores, presos del pánico, agarrón lo poco que tenían y viajaron a la ciudad de Cúcuta en dónde el alcalde, Donamaris Ramírez, los acogió a regañadientes. Pero de inmediato militarizó el desolado corregimiento . Después de estar durante 15 días hacinados en el Centro para las Migraciones, los más de 600 desplazados volvieron a su tierra sin tener ningún tipo de garantía y con el temor siempre presente de que las ‘BACRIM’ regresaran a castigarlos “¡por sapos!”. El ejército continúa en los alrededores del corregimiento, pero la policía, una vez la noticia se enfrió, se fue de las calles de Palmarito. Hoy en día los uniformados han expresado su deseo de retirarse de la zona a pesar de que la comunidad ha estado haciendo presión para que no los dejen a merced de los bandidos que se disputan el casco urbano.
Cinco meses han pasado y Palmarito sigue respirando el aire de intimidación y abandono que ha tenido en sus casi 50 años de existencia. Las BACRIM nunca se fueron, la avenida es una presa demasiada apetitosa como para soltarla así no más. La soledad de sus calles recuerda a lo que fue La Gabarra a finales de los noventa. Bajo el calcinante sol los perros se pasean hambrientos buscando el último hueso para comer y casi todas las casas están adornadas por los afiches azules de Juan Manuel Corzo quien, gracias a su poderosa maquinaria política, fue el único de los aspirantes al Senado que pudo llegar a este rincón del Catatumbo.
En la madrugada del pasado 10 de febrero, ruidos de raudos motores perturbaron el silencio del corregimiento. Efraín, un anciano de ochenta años que hace días no duerme por culpa de un insoportable dolor de espalda, vio desde su ventana como 27 camiones, cada uno con la capacidad de llevar 20 mil litros de gasolina, pasaba por Palmarito, escoltados por dos dos motos de la policía, cada una con su respectivo patrullero. No era la primera vez que Efraín veía cómo las calles del corregimiento servían de pista para el contrabando, pero nunca había visto tal cantidad de camiones desfilando por allí.
Foto archivo particular
El lugar en donde se abastecen esos camiones queda a cientos de kilómetros de ese corregimiento. Está ubicado en un pueblo del Estado Mérida y que lleva el nombre de El Vigía, un sector que durante años ha sido el epicentro del contrabando de combustible a gran escala. “Este centro de distribución es controlado por la diputada chavista Nellyver Lugo, quien recibe una considerable comisión por cada envío que se realiza a Colombia”, han dicho en más de una ocasión Daniel Ceballos y Gustavo Delgado, diputados opositores y férreos contradictores del inmenso poder de Lugo en el Tachira.
“Los carrotanques se aprovisionan allí y salen cargados siguiendo una ruta que los llevará a la Tiendita y luego pasará por Colón, Coloncito, La Fría y luego ingresarán a Colombia por Palmarito” afirma Edwin Camargo, un experto en el tema binacional y autor del libro La frontera caliente editado por Debate. A pesar de que estas denuncias se han hecho públicas nadie ha tomado cartas en el asunto.
Hace pocos días el diario La Opinión mostró una ruta de la gasolina que no tiene nada que ver con el contrabando a gran escala sino que es el manido recorrido que durante años han hecho los contrabandistas menores, los que surten a los populares pimpineros, quienes han sido en estos últimos tiempos el foco de una persecución desde todo punto de vista injusta. Las irresponsables declaraciones del Alcalde de Cúcuta, insinuando que estos empleados informales tienen nexos con las BACRIM y que se enriquecen a costa de la crisis, son del todo falsas, tal y cómo afirma Carolina, una mujer que lleva más de 15 años con un puesto de venta de gasolina venezolana en El Escobal, a pocos metros del puente que separa a los dos países. “Nosotros compramos la pimpina de gasolina en 22 mil pesos y la vendemos en 24 mil pesos. Al día podemos vender 10 pimpinas lo que da una ganancia de 20 mil pesos. ¿No le parece un descaro que el alcalde diga que nos estamos enriqueciendo con estas chichiguas?”, cuenta esta madre soltera que, con el exiguo sueldo que recibe, debe sostener a sus tres hijos.
Los pimpineros empezaron a ganar protagonismo cuando en el año 2005, Álvaro Úribe, entonces Presidente de Colombia, se declara en Villa del Rosario “Un pimpinero más” y junto con su homólogo Hugo Chávez Frías realizan un convenio entre Ecopetrol y PDVSA como parte de la reconvención socio-laboral que buscaba legalizar y proteger a las más de 2.800 familias que tienen en la venta de gasolina de contrabando su único sustento.
Se les entregó a cada familia dos millones de pesos para que montaran su propia empresa legal. Se hizo un censo y se crearon dos sindicatos, y se le empezó cobrar un impuesto a cada pimpinero, legalizándolo y transformándolo en un miembro más de la clase trabajadora.
Pero este convenio solo sirvió para usar al pimpinero. Nellyver Lugo manejaba todo el tema de la gasolina supuestamente para controlar el contrabando y al sistematizarlos lo que hicieron fue monopolizar el negocio. Los contrabandistas de cuello blanco necesitan que haya gasolina en la calle para desviar la atención de los medios y de las autoridades. “Se necesita siempre un chivo expiatorio y en este caso son estos pobres trabajadores los que están siendo perseguidos y señalados” Afirma Edwin Camargo.
Las empresas transportadores que llevan el combustible al interior del país son, en su mayoría, de Cali, Medellín y Bogotá. “En su gran mayoría la gasolina viaja hacia el César y luego pasa a la costa Atlántica a alimentar las estaciones de gasolina legales. Es decir, un gran porcentaje de la gasolina que se consume en Colombia es traída ilegalmente de Venezuela”. Para la región no queda otra cosa que la polvareda que estos carrotanques levantan cada vez que transitan las destartaladas trochas fronterizas.
Foto: Panorama.com.ve
El negocio es tan bueno que hace rato las Bandas Criminales han dejado de traficar droga para dedicarse de lleno al contrabando de combustible. Este negocio puede dejar más de 1.400 millones de dólares en ganancia por año. Un dineral que se gana sin tener detrás a la DEA o a la Interpol, no hay que cultivar ni procesar ningún tipo de planta y es más fácil de vencer los pocos escrúpulos morales que puede tener un funcionario a la hora de corromperlo.
La corrupción no sólo está en Venezuela. Los tentáculos de esta nueva mafia también han permeado a las autoridades nacionales, de otra forma sería imposible que estos carrotanques estuvieran custodiados por la policía colombiana y la gasolina fuera vendida, de una manera tan descarada, en las estaciones de servicio del país.
Al tratar de averiguar sobre quienes podrían estar de este lado de la frontera permitiendo el tráfico de combustible de contrabando, todos los entrevistados guardaron silencio. Nadie sabe o todos tienen miedo de hablar. La situación es preocupante porque está afectando de manera directa a la ya moribunda economía cucuteña. Lo peor es que el problema se solucionaría fácilmente: “si el gobierno venezolano fiscaliza la gasolina, ellos deberían ser conscientes de que todas las medidas que se han tomado han sido un fracaso” cree Edwin Camargo.
Mientras tanto, los pocos habitantes que aún le quedan a Palmarito han visto como en las últimas semanas sus familiares y sus amigos se han ido de allí, cansados de que no se tome ninguna medida. Las BACRIM se campean por sus calles haciendo sonar sus estruendosas motos. Desaparecen, eso si, cada lunes en la madrugada, cuando los camiones repletos de combustible y siempre custodiados por la policía nacional, espantan a los perros hambrientos que a esa hora buscan un hueso entre la basura.
