En el periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los setenta, el capitalismo mundial alcanzó las mayores tasas de crecimiento en toda su historia. Fue una época en la que el gasto como política económica se impuso y muchos países desarrollaron un Estado de bienestar. El desempleo se mantuvo en niveles históricamente bajos y la inflación en niveles estables. Esa estabilidad fue el resultado de un consenso en el que el Estado era un actor importante en el desarrollo de los países.
Con el Consenso de Washington se cuestionó principalmente ese rol. Sus defensores afirman que quienes hacen crecer la economía son las empresas porque toman las decisiones de producción y con ello generan empleo y dan mejor bienestar a la población. Por esta razón, la punta de lanza de sus propuestas es la reducción de los impuestos a las firmas y la prevalencia del control de la inflación por encima de la inversión social. No obstante, el crecimiento de la economía global hoy es el más bajo de toda la historia del capitalismo y se retornó a niveles de desigualdad previos a la Primera Guerra Mundial.
La crisis de 2008 demostró lo nocivo que es este proyecto para la clase media y de bajos ingresos. Sus consecuencias se dejan ver en términos de alto desempleo e informalidad y una elevada desprotección social, junto con una fuerte capitalización de las corporaciones que le imprime un mayor dominio sobre los gobiernos y que amenaza el buen funcionamiento de la democracia. Diez años después de la Gran Recesión las mismas fórmulas siguen lideradas por partidos de derecha y contradictoriamente reciben un fuerte respaldo popular que está derivando en un nuevo orden mundial.
Estas transformaciones se han consolidado gracias a la destrucción del tejido social. Los ciudadanos son cada vez más individualistas y no logran estructurar una acción colectiva que defienda su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a contar con un ingreso para la vejez y a tener un medio ambiente sano que les garantice una mejor calidad de vida tanto a ellos como a su progenitura. Las personas están nerviosas de no poder continuar con su proyecto de ascenso social y son más permeables a discursos totalitarios que prometan detener la precarización de sus ingresos si se impone, por ejemplo, un fuerte control a la migración puesto que esta influye en el descenso de los salarios. Lo observamos en Europa con la creación de la agrupación antiislámica Pegida, y en EE. UU. con el triunfo presidencial de Donald Trump que recibe la simpatía del Ku Klux Klan.
Un gasto público social elevado es muy importante para hacer del capitalismo un modelo económico sostenible. Aquel gasto que se destina a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos se conoce como Estado de Bienestar. Consiste en un paquete de programas y estrategias que está presente en varios sectores. Si la desigualdad aumenta y no existe un Estado de Bienestar, la clase trabajadora en conjunto disminuye su productividad afectando el crecimiento económico porque no tienen como enfrentar situaciones adversas como el desempleo, la enfermedad, o la ausencia de capacitación, etcétera. Entre 1980 y el 2008 Suecia mantuvo estable su gasto público social alrededor de 47 por ciento del PIB mientras que EE. UU., defensor de un Estado de Bienestar reducido, invirtió solo el 15 por ciento. El resultado en términos de crecimiento fue de 2.4 por ciento para Suecia en el periodo 2000 a 2008 mientras que el de Estados Unidos fue 1.8.
Colombia no es la excepción a estos cambios mundiales. La decisiones de los dirigentes están más en beneficio de los gremios económicos que a favor del bienestar social. El gabinete actual está representado por una amplia gama de personalidades que vienen de empresas del sector privado. El modelo de emprendimiento que resalta el gobierno con el eslogan de economía naranja es aquel como el de Rappi, que logró capitalizar un billón de dólares a expensas de miles de personas con ninguna protección social. El favorecimiento a la empresa privada es evidente, y ha alcanzado unos límites insospechados como lo muestra el caso Odebrecht donde está involucrado el fiscal general de la nación.
Los defensores de la ampliación de la base gravable del IVA señalaron que Suecia tiene un IVA del 25 por ciento y un impuesto de renta de 22 por ciento para las empresas, mientras que en Colombia estas tarifas son respectivamente 19 y 33 por ciento. Con la Ley de Financiamiento y la disminución del impuesto de renta a las personas jurídicas, el Estado dejará de recibir cerca de 18 billones de pesos a partir de 2021, generando así mayores presiones fiscales que van a ser cubiertas con el endurecimiento de impuestos regresivos. Esto generará mayor desigualdad que no será contenida por el gasto social puesto que se restringe con la Ley de Presupuesto.
Algo que los promotores de la Ley de Financiamiento olvidan mencionar es que la estructura tributaria y el gasto público suecos corrigen fuertemente la desigualdad que tiende a producir el capitalismo. En 2016, la desigualdad del ingreso sueco medida por Gini fue de 0.42 pero después de aplicar impuestos y subsidios el ingreso disponible de los suecos pasó a ser mucho más equitativo (un Gini de 0.23). Por el contrario la desigualdad del ingreso colombiano no es corregida ni por el estatuto tributario ni por el gasto público social, sino que más bien tiende a empeorar y deja por resultado que el 1 por ciento de los colombianos concentre el 44 por ciento de la riqueza del país.
De otro lado la generación de empleo con salarios suficientes es cada vez más precaria debido a la baja inversión en educación y en I+D que tiene Colombia. Mientras EE.UU. invierte 2.8 por ciento del PIB en I+D, Colombia lo hace al ritmo de 0.2 por ciento. Esta baja inversión ha contribuido a nuestra desindustrialización. A finales de los años setenta el sector industrial aportaba el 24 por ciento del PIB, ahora este aporte se redujo a 9 por ciento. Por lo pronto el modelo económico colombiano sigue principalmente soportado en la extracción minera y de hidrocarburos, y no se ve una política de estado que tome acciones que redunden en mayor competitividad y mejores salarios.
La migración en el caso de Europa y las dictaduras de Maduro y Ortega en el caso latinoamericano son las amenazas que han permitido que los gobiernos de derecha se posicionen e introduzcan reformas regresivas en contra de los derechos constitucionales y a favor de los gremios económicos. Su argumento contra el gasto social se basa en que este estimula el conformismo y la holgazanería y así se resta las posibilidades para que los pobres dejen de serlo. Nada más falaz, puesto que por más empeño y disciplina que pueda tener una persona, sin acceso a la educación, a la salud, y en general a sus derechos fundamentales, no es posible que se integre completamente al desarrollo de la sociedad. La clase trabajadora debe apoyar una política económica que esté a favor de reducir los niveles de desigualdad y esa no es la opción que propone la derecha.
