Entre las reformas que Petro viene impulsando en el Congreso de la República, sin duda alguna, la laboral ha sido la que más temores ha suscitado entre expertos y en los diferentes sectores económicos.
Aunque todos los gremios han coincidido en sus estimaciones negativas sobre el impacto que tendría en la economía reformar el sistema laboral como lo pretende Petro, el estudio recientemente publicado por el Banco de la República, del Grupo de Análisis del Mercado Laboral, es el que ha generado mayor impacto, no solo por lo que representa la Institución, sino porque alertó sobre la posible pérdida de 746 mil puestos de trabajo, en razón, fundamentalmente, al incremento de los costos laborales ligados al factor salarial, lo que equivaldría a una reducción de 2,1% en la tasa de formalidad en el país. En promedio, este incremento de costos oscilaría entre 3,2% y 10,7%, especialmente por el aumento de 92% del valor medio de las indemnizaciones; por su parte, el Comité Intergremial de Antioquia calcula el incremento de los costo laborales entre un 17% y 34%, dependiendo de las horas extras, nocturnas, dominicales, convención colectiva, tamaño de la empresa, entre otros.
A similares conclusiones llegó FEDESARROLLO: …”en un mercado laboral de altas tasas de desempleo (11,2% en el último trimestre móvil) y altas tasas de informalidad (57,9% en el último trimestre móvil) es probable que estas medidas tengan como consecuencia un aumento en la incidencia del empleo informal, un desincentivo a la generación de empleo y un incentivo a la automatización”.
Asimismo, entre los otros factores que contribuirían a impactar negativamente la formalidad laboral se cuentan: la exagerada rigurosidad para terminar el contrato, que implica una estabilidad laboral casi absoluta, la limitación a la libertad de las partes para convenir incumplimiento del contrato, la eliminación de la figura del preaviso y la imposibilidad de suspender contratos de mutuo acuerdo.
En cuanto al régimen sindical, llama la atención que la reforma prohíba los pactos colectivos, con lo cual se elimina el derecho a la negociación colectiva, la prohibición del contrato sindical, así como que obligue a pertenecer al sindicato. Sobre este particular asunto, más grave aún resulta que se eliminan los límites razonables a la huelga, lo que expondría a la comunidad a la interrupción de la prestación de servicios esenciales.
Paradójicamente, los sectores más afectados con el impacto negativo de la reforma, son precisamente los que Petro ha identificado y promocionado como los que compensarán las pérdidas de ingresos provenientes de la explotación del petróleo y sus derivados: turismo, hotelería, servicios de recreación y comercio (según Fedesarrollo, las pérdidas de ingresos en este sector promediarían el 18%). A propósito, son los mismos sectores que resultarán duramente golpeados con la reforma tributaria aprobada en el primer semestre de su Gobierno.
Fedesarrollo, que concuerda con las estimaciones del Banco de la República, ha augurado que, en el nivel microeconómico, la reforma provocaría una perjudicial combinación de efectos: caída en las ventas de los pequeños y medianos establecimientos, reducción del empleo y un aumento en el precio del producto o el servicio final (lo que conllevaría mayor inflación).
De otro lado, el estudio asimismo avisa que los cambios propuestos al régimen de los contratos de prestación de servicios afectarían a cerca de 661.000 contratistas independientes; para el Bando de la República, “en el escenario medio se supone que las firmas contratan por un salario intermedio entre el escenario alto y el escenario bajo ($2’295.482), en este caso el sobrecosto sería del 2,3% de la masa salarial ($4,6 billones)”
Un panorama como el descrito solo se explica en un absoluto desconocimiento de la realidad económica y social del país, donde predomina la informalidad, aún tenemos una alta tasa de desempleo y la mayor parte de las empresas son Mipymes (según el Registro Único Empresarial- RUES, en 2021 el 91,8% de las empresas eran micro), incapaces de absorber los sobrecostos.
Lo ha dicho la propia Ministra de Trabajo, esta reforma no busca generar empleo, y lo cierto es que hace todo lo contrario, destruye cientos de miles y aleja la posibilidad de formalización, así, en nombre de la protección de los trabajadores y de su supuesta dignificación, se estarían pauperizando. Esta reforma contra el empleo, más parece como tantos han dicho, un pliego para favorecer una pequeña élite sindical privilegiada por encima de una Nación que clama por más y mejores oportunidades laborales.
