Las más de 63.000 madres comunitarias que prestan sus servicios para el cuidado de un 1’777.000 niñas y niños colombianos denuncian presiones por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y su directora, Cristina Plazas
Olinda García, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia y la Adolescencia del Sistema Nacional del ICBF, asevera que esto se debe a que las madres comunitarias se declararon en paro indefinido desde el 22 de marzo para exigir su vinculación contractual con todas las prestaciones de ley y el derecho a la pensión. Además, dice que las presiones del Instituto se están materializando con la visita a sus hogares para exigirles adecuaciones en infraestructura que les permitirían continuar como hogar infantil. Además, en una entrevista para un medio radial señaló, “cómo es posible que yo le preste mi casa al ICBF y me estén exigiendo que tengo que remodelarla porque ya no les gusta después de 30 años de trabajar con el programa”.
Todo esto les está provocando estrés y angustia a las madres comunitarias. De hecho, según ella, en lo que va corrido del año han muerto 50 mujeres producto del estrés provocado por el ICBF para que cesen sus pretensiones. Así pues, las madres comunitarias están a la espera de que la Corte Constitucional ratifique o revoque la sentencia T-48 de 2016, la cual les confirió el derecho a 106 mujeres de acceder a una pensión por cumplir más de 30 años laborando para el ICBF.
Para Cristina Plazas Michelsen disponer de los $1,4 billones de pesos para cumplir la sentencia sobre pensiones llevaría a la iliquidez financiera al ICBF, por lo que de manera escrita le expresó a la Corte Constitucional la inconveniencia de ratificar dicha sentencia. No obstante, Daniel Marín, abogado que acompaña a las madres en el proceso legal, desmiente la afirmación de Plazas, pues asegura que los recursos a destinar para pensionar a las madres comunitarias serían entre $250 mil y $300 mil millones, los cuales saldrían de las arcas del gobierno y no del Instituto.
Asimismo, las madres comunitarias también denuncian el incumplimiento de Cristina Plazas Michelsen del acta de acuerdo del 14 de abril de 2016, según el cual el ICBF se comprometía con la contratación directa de las miles de mujeres que se encontraban vinculadas al ICBF mediante contratos de tercerización con ONG. “En la cara me lo dijo, yo no voy a cumplir con esa acta porque yo la firmé para que levantaran el paro”, aseguró Olinda García que le dijo Plazas Michelsen respecto al acuerdo mencionado.
Además de lo anterior, las madres comunitarias denuncian las extensas jornadas laborales de 10 horas que deben cumplir. “Empezamos a las siete de la mañana y terminamos a las cuatro y media de la tarde y muchas veces no tenemos ni tiempo para almorzar”, afirmó otra madre comunitaria que prefiero omitir su nombre. Igualmente, denuncian que son insuficientes los $2.700 pesos que destina el ICBF para suministrarle dos refrigerios y un almuerzo para cada infante y que, hay regiones del país donde ni siquiera se asiste a la niñez por lo que exigen la renuncia de Cristina Plazas.
Intentamos conocer la opinión de Cristina Plazas Michelsen, directora del ICBF al respecto, pero no fue posible contactarla.
