La condición humana en esta región del país ha sido para el Estado colombiano un asunto de poca importancia porque padece ausencia institucional; no hay autoridad nacional que garantice la aplicación de los valores universales que deben evitar la violencia y velar por la paz, convirtiendo al norte del Cauca en una zona donde diariamente los ciudadanos corren un gran riesgo vital.
Para el gobierno nacional parece que los derechos humanos no sean indispensables para avanzar hacia el desarrollo sostenible ni que sean siempre el epicentro de su labor gubernamental y administrativa, han opinado algunos analistas de esta situación lamentable.
En el norte del Cauca una perpetuada masacre se ha venido ensañando en los últimos días contra dirigentes cívicos y líderes sociales sin que las autoridades nacionales encargadas de garantizar la vida, y en general los derechos humanos de población que habita en esta región, hayan podido detectar las causas del exterminio y mucho menos a los autores y motivos de las muertes, atentados, desplazamientos y amenazas que tienen aterrorizadas a las comunidades de esta zona.
Hay alerta por la ola de violencia que se ha registrado nuevamente, intensificada en los últimos ocho días, que según reportes de organizaciones defensoras de derechos humanos deja más de una decena de personas asesinadas en Caloto y otras en Corinto, Puerto Tejada, Toribío, Santander de Quilichao, Suárez, donde se han presentado también secuestros, entre otros municipios.
El caso más reciente fue el del fin de semana (12:30 de este domingo 9) cuando Gilberto Antonio Zuluaga Ramírez, de 55 años, oriundo de Cartago, norte del Valle, defensor de derechos humanos, fue ultimado en el casco urbano de Corinto.
El ciudadano estaba en el paradero de las ‘chivas’ que viajan hacia el corregimiento Los Andes, esperando abordar un vehículo y desplazarse a esa población, donde vivía, cuando un delincuente se le acercó y le disparó en la cabeza. Murió de manera instantánea en el lugar del hecho. El victimario huyó fácilmente del sitio.
Gilberto era dirigente de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Zona de Reservas Campesinas de Corinto, Astrazonac. También hacia parte de la Guardia Campesina y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca.
Casi simultáneamente, en el barrio Santa Elena de Puerto Tejada, una joven de 19 años, Lilibeth Cruz Lucumí, fue asesinada con tres disparos de arma de fuego. Las autoridades investigan si se trata de un nuevo caso de feminicidio.
Antes, cerca de las 11 de la noche del pasado viernes, Luis Neider Prado Medina, de 23 años, había sido asesinado por sujetos armados cuando se encontraba en el corregimiento El Palo, municipio de Caloto. Los delincuentes le propinaron varios disparos y también escaparon fácilmente.
El cadáver del ciudadano, oriundo del Resguardo de San Francisco, vereda Natalá, municipio de Toribío, fue trasladado a Santander de Quilichao para las labores de inspección.
Horas antes había sido asesinado el gobernador del Resguardo Indígena de Huellas, Caloto, Edwin Dagua Ipia, joven de 28 años oriundo de la vereda El Poblado, quien fue atacado por sujetos desconocidos en la vereda Los Chorros, en la vía que conduce del corregimiento El Palo al municipio de Toribío, quienes sin mediar palabras le propinaron cuatro impactos de bala produciéndole de manera instantánea su fallecimiento. El dirigente había recibido múltiples amenazas de muerte.
En este mismo sector días antes (el dos de diciembre) cuando se movilizaba en una motocicleta habían asesinado al joven Aldemar Vitonás Tróchez, de 21 años, integrante del Resguardo de Toribío y residente de la vereda Belén, cuando varios sujetos que portaban armas de fuego obstruyeron el paso del nativo para luego dispararle en repetidas ocasiones.
Otros casos reportados son los de Soledad Ramírez, de 45 años, oriunda de Buenos Aires, norte del Cauca, pero que desde hace mucho tiempo estaba viviendo en Caloto. Fue ultimada el miércoles 5 de diciembre a eso de las 5 p.m. de dos impactos con arma de fuego en la región occipital, tras ser atacada por hombres desconocidos cuando se movilizaba en moto por las inmediaciones al resguardo de Huellas, cerca de la comunidad de El Nilo, ubicado en zona rural de Caloto. Trabajaba como domiciliaria o mototaxista, y estaba amenazada por haber sido señalada como informante del Ejército.
Mientras tanto, el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin, reportó un nuevo hecho que encendió otras alertas en la zona: dos integrantes de las comunidades fueron secuestrados en Suárez.
Los hechos ocurrieron en el Resguardo de Cerro Tijeras, donde en horas de la tarde del mismo viernes pasado fueron raptados Alirio Quiguanás Cunda y Marcelo Dagua, cuando se encontraban en sus labores agrícolas en una finca de la vereda Santa Bárbara. Los comuneros pertenecen al Cabildo de Jambaló, vereda Loma Pueblito.
Es más, de acuerdo con otro reporte de Çhxab Wala Kiwe – ACIN, Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de ACIN, en horas de la mañana del domingo 09 de diciembre Víctor Hernández Chávez, de 19 años, sufrió un atentado en el camino que conduce al corregimiento Los Andes, vereda El Tablón, municipio de Corinto. Allí, unos sujetos lo interceptaron propinándole tres impactos de arma de fuego en la cabeza, pobladores auxiliaron lo de inmediato y lo remitieron de urgencia a un hospital en Cali, los victimarios huyeron de la zona hacia el corregimiento de Tacueyó.
Víctor Hernández Chávez luego de recibir atención en Unidad de Cuidados Intensivos UCI de Tercer Nivel en la Clínica Valle del Lili en Cali, falleció en horas de la tarde.
La ola de violencia en el Norte del Cauca es incesante. Basta recordar que el día 28 de noviembre, a eso de las 4 de la mañana fueron asesinados dos comuneros pertenecientes a la vereda La Laguna, Resguardo Indígena de Tacueyó, municipio de Toribio, norte del Cauca. Los cuerpos sin vida de la señora Gladis Rivera Chapeño, de 32 años, quien se desempeñaba como presidenta de la vereda La Laguna y su compañero Henrry Ulcué Fiscue, de 35 años, fueron encontrados en el sector Los Cajones.
Esta somera reseña indica que el Norte del Cauca es escenario permanente de múltiples acciones armadas, al parecer, provocadas por los distintos grupos disidentes de FARC – EP, bandas delincuenciales de EPL, y hasta nuevas bandas paramilitares que atentan y violan los derechos humanos, culturales y territoriales. Las masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos, confinamientos, torturas, violencia sexual, son la agenda diaria, pero las comunidades no sienten que el Estado tome cartas para el control y prevención de este delicado asunto que aterroriza.
Por esta razón, diferentes organizaciones comunitarias, a través de comunicados, han exigido “a las instituciones del Estado colombiano, cumplir sus funciones y competencias constitucionales con el fin de garantizar la vida en el territorio y no seguir siendo culpables por omisión ante tanta barbarie que sufren los pueblos indígenas, afros y campesinos. A los organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales, solicitamos de manera urgente activar los mecanismos de protección a las comunidades indígenas y sus autoridades, además de acompañarnos y hacer visible la realidad que afrontamos las comunidades luego del post acuerdo”.
Y sostienen además: “Es claro que la falta de voluntad política y la tergiversación del sentido de los acuerdos de paz, representados en la agenda belicista de la extrema derecha desde la campaña del plebiscito hasta su llegada al gobierno están generando una regresión histórica, frente a la oportunidad esperanzadora que generaron los acuerdos para quienes habitamos los territorios más golpeados por la guerra. Invitamos a los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas – ONU, Organización de Estados Americanos – OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, a las embajadas, gobiernos y organizaciones de la comunidad internacional para que sigan visibilizando, denunciando y acompañando los procesos territoriales del pueblo Nasa del Norte del Cauca y todos quienes en Colombia seguimos padeciendo los dolores de la violencia”.
Las autoridades indígenas denunciaron “y rechazamos la existencia de 4 grupos armados que no se acogieron al proceso de paz, hoy convertidos en delincuentes con su origen en los frentes 6, 8 y 30, las columnas móviles Miller Perdomo y Jacobo Arenas, comandados por Fernando Méndez, alias “El Iindio”; Gerardo Paví, alias “Barbas”, alias “Javier” y alias ‘Pija’, responsables de los asesinatos y las amenazas que hoy sufrimos y que tienen influencia en los municipios de Corinto, Toribío, Miranda, Caloto, Buenos Aires, Suárez, Morales y Caldono. Grupos de diferente extracción, que desde el ELN, EPL, pasando por los ‘fantasmas’ paramilitares, y nombres novedosos como Patria Libre, Patria Grande, y Fuerzas Unidas del Pacífico generan fuertes desarmonías a raíz de los múltiples yacimientos minerales y la extensa cadena productiva del narcotráfico”.
De acuerdo con informes del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, 44 integrantes de sus comunidades han sido asesinados en el Gobierno del presidente Iván Duque en esta región.
