una semana del inicio de la reunión anual más importante sobre el tema climático (la COP 27), se revelan reportes cada vez más contundentes sobre la realidad de la crisis, que deben leerse como el contexto en el que se inscribe la discusión sobre la moratoria a la exploración petrolera propuesta por el Gobierno Petro. El último informe de Naciones Unidas muestra que, a nivel mundial, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentarían en un 10,6% para 2030, cifra en contradicción con los cálculos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), que en su reporte de 2018, indicaba que las emisiones de CO2 deberían reducirse en un 45 % para 2030 como condición fundamental para cumplir el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura media global a 1,5oC. La necesidad urgente de actuar para evitar impactos aún mayores de la crisis climática dejando buena parte de las reservas de carbón, petróleo y gas sin explotar, tiene profundos impactos en las proyecciones económicas del mediano plazo donde las nuevas inversiones en fósiles son percibidas por los mercados como de riesgo extremo, pese a la coyuntura de precios al alza del momento.
El Instituto para la Economía de la Energía y el Análisis Financiero (IEEFA por sus siglas en inglés) en su reporte “Dos economías en colisión: competencia, conflicto y el caso financiero de la desinversión en combustibles fósiles” afirma que el sector, en otros tiempos un refugio seguro del capital, dejó de serlo. Para los autores, los fundamentales del mercado para petróleo y gas son débiles en cuanto las empresas del sector ofrecen “volatilidad, falsa innovación y calamidad política”; en este sentido se observa cómo la desinversión en activos fósiles es una estrategia defensiva ante la pérdida de valor, que además, aprovecha la versatilidad de las alternativas más limpias en los sectores eléctrico, transporte y petroquímico. De igual manera, establecen que desinvertir en activos fósiles reconoce la competencia sin precedentes empujada por los temores ante la crisis climática y la oportunidad de creación de nuevos mercados que los remplacen. Concluyen que la industria fósil se enfrenta a obstáculos mayores tanto por la competencia en mercados finales, como por los riesgos legales y regulatorios que posa la crisis climática, por lo que la presencia de estas inversiones en nuevos proyectos en los diferentes portafolios no es un camino “deseable”.
Para el caso específico de las inversiones en nuevos proyectos de gas, el reporte del Programa Ambiental de Naciones Unidas (UNEP) “¿Es el gas natural una buena alternativa de inversión para América Latina y el Caribe?” valora en términos de emisiones, costos y creación de empleo tres escenarios: negocios como siempre (BAU), gas natural y energías renovables. El documento establece que pasar del actual sistema de generación de electricidad a uno de renovables con almacenamiento con baterías ahorraría USD 448.000 millones en comparación con el caso BAU. El cambio a energía renovable también traería una reducción significativa, de USD 790.000 millones, en costos operativos variables. Además, se explica que “el cambio hacia un sistema de energía renovable traería a la región de ALC un beneficio neto de USD 1255 mil millones para 2050 (alrededor del 20 % del PIB regional de 2019)”. Sobre la pregunta que establece el título del informe, la respuesta contundente es no, “el gas natural no es una alternativa ni barata ni de bajas emisiones”. En cambio, la expansión de renovables crearía además tres millones de empleos al 2050, sin hablar de los beneficios en términos de disminución de emisiones, entre otros.
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Al contexto climático y de riesgo de inversión, se suma la tendencia natural al aumento de los costos de exploración versus la disminución del tamaño de las reservas encontradas
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La discusión actual en Colombia, con un establecimiento económico alineado con el gremio petrolero y amplificado por la gran prensa, deja de lado elementos como los mencionados, que ya incorporan los mercados. Al contexto climático y de riesgo de inversión, se suma la tendencia natural al aumento de los costos de exploración versus la disminución del tamaño de las reservas encontradas: los yacimientos con mayor cantidad de hidrocarburos y más fáciles de explotar fueron los primeros en encontrarse, y que hoy se encuentran en fase de declinación; nuevos descubrimientos implican inversiones mayores, con resultados marginales. La propuesta de moratoria a la exploración petrolera es el paso inicial en la dirección que indica el contexto económico actual, en un país con pocas reservas de hidrocarburos y alta dependencia a los ingresos de su exportación. Dicho planteamiento precisamente atiende a la necesidad de hacer una disminución gradual de dicha condición, en la que se continuarán explotando y exportando hidrocarburos, que con precios favorables como los actuales, permitan apalancar sectores económicos que logren remplazarlos. En medio de esta discusión manipulada, pasó de largo la resolución en la que el Parlamento Europeo pide formalmente a los países que lo integran desarrollar un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles que los elimine gradualmente y que detenga subsidios e inversiones en nuevos proyectos de extracción de fósiles, en línea con la propuesta del gobierno.
