Desde su posesión como alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo ha mostrado su oposición a la minería a cielo abierto en Ibagué y el Departamento del Tolima. Por esto, el 2 de febrero del presente año radicó el proyecto de acuerdo sobre la consulta popular minera en la ciudad musical.
El debate inició con la mina La Colosa de Anglo Gold Ashanti descubierto en Cajamarca, Tolima, un proyecto minero calificado como uno de los 10 yacimientos mineros más grandes de los últimos 10 años en todo el mundo y con un potencial de 800.000 onzas de oro al año. El proyecto está ubicado en la reserva forestal central y cabecera del río Coello, al cual hace parte el río Combeima, que surte de agua al 85% de los hogares de Ibagué y a los cultivos de arroz del departamento.
Por esto, la consulta puede mover muchas fibras en el modelo económico que estableció la confianza inversionista de Álvaro Uribe y las locomotoras de Juan Manuel Santos, una economía basada en la extracción de minerales con grandes incentivos a las empresas multinacionales que quieran desarrollar la minería en el territorio colombiano. Es así que aprovechando el artículo 13 del código de Minas (ley 685 de 2001), que establece la minería como de “utilidad pública e interés social”, le daba vía libre a la minería para soslayar la autonomía municipal en cuanto al ordenamiento de su territorio se refiere.
De esta manera la minería ha pasado por encima de los municipios y departamentos en los últimos años, restringiendo la posibilidad de decidir el uso del suelo y el vacío en la regulación del subsuelo, cuestión pendiente para el legislativo. Pero apoyado por la ley 136 de 1994, en su artículo 33 que dice: “Usos del suelo. Cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la Ley. La responsabilidad de estas consultas estará a cargo del respectivo municipio”, el alcalde Jaramillo promueve la consulta.
Se ha dado a conocer que el 2 de octubre se realizará la consulta, prueba de los problemas en las leyes que regulan y ordenan el territorio colombiano, pero también es prueba de la desconexión del interés de los gobiernos Uribe y Santos con los colombianos de a pie, que no se ven beneficiados directamente por la actividad minera, ni por el Sistema General de Regalías y su complejo sistema de distribución para los municipios del país.
Que los ibaguereños sean el ejemplo de soberanía y libertad para Colombia, y la economía de la minería ceda el espacio a la agricultura, la industria y la innovación como motores de verdadero desarrollo para el país, un país que debe hacer la paz también con la naturaleza.
@LuisBordaSilva
