Empecemos por lo obvio; no es lo mismo construir un país en paz que terminar el conflicto armado. En parte, la confusión de la ciudadanía se genera porque en los diálogos con las Farc no se diferencia entre el fin del conflicto, que es un momento y un esfuerzo puntual, y la construcción de paz que es un proceso que requiere cambios, inversiones, nuevos liderazgos, nuevas instituciones y nuevas mentalidades. En La Habana se avanza en los acuerdos para finalizar la guerra y, según las palabras de la partes, también para generar condiciones que aseguren “una paz estable y duradera”.
Finalizar el conflicto armado es condición necesaria para avanzar en la construcción de un país en paz pero es importante recordar que la construcción de paz no ha sido, ni puede ser, supeditada a la terminación del conflicto. La construcción de paz tanto como la profundización del conflicto se da día a día con decisiones, acciones u omisiones del Estado y de los ciudadanos en los territorios. La Constitución de 1991, aún hoy antes de la aplicación de los acuerdos, indica de manera expresa que se deben priorizar y fortalecer temas como la apertura democrática, la defensa de los derechos de la oposición, el acceso a la tierra, la seguridad alimentaria, la protección de los derechos humanos, la participación ciudadana y la solución del problema de las drogas ilícitas.
En los acuerdos hasta ahora firmados realmente es difícil encontrar desarrollos más profundos, integrales o estructurales que los que estipulados en algunas normas, —incumplidas algunas, ignoradas otras— en algunos programas planeados y ejecutados por gobiernos locales y regionales o en avances jurisprudenciales de los tribunales al desarrollar principios constitucionales. Lo suscrito hasta el momento nos obliga a reflexionar sobre si lo allí incluido es tan “revolucionario” o tan de “avanzada” que su búsqueda justifique una matanza de 50 años.
Ahora bien, lo anterior no quiere decir que el esfuerzo hecho por los negociadores no sea valioso y que terminar el conflicto no sea urgente. Es vergonzoso para cualquier democracia y es profundamente perturbador para un país tener un conflicto armado vivo y catastrófico en pleno siglo XXI. Pero la advertencia y la alarma es otra; la terminación del conflicto salvará vidas, abrirá territorios, nos dará una gran oportunidad para reconstruir y reparar, pero también nos exigirá avanzar con decisión en aspectos en los que nos hemos rajado como sociedad y de los que no podemos hacer responsable a las Farc.
Diez billones de pesos de dineros público
se pierden cada año con la corrupción.
Los contratos públicos tienen un sobrecosto mínimo de 4 billones de pesos anuales
Diez billones de pesos de dineros públicos se pierden cada año con la corrupción. 58 % de los empresarios reconocen que el soborno es necesario para lograr la adjudicación de un contrato público y que entre el 10 % y el 13 % de los recursos de los mismos se destinan para pagar “mordidas”. Eso quiere decir que los contratos públicos tienen un sobrecosto mínimo de cerca de 4 billones de pesos cada año. Este dinero no solo se va a bolsillos de funcionarios públicos y de contratistas del Estado sino que “recircula” y financia las ridículamente costosas campañas a cargos unipersonales —campañas a alcaldías y gobernaciones que cuestan entre 3 000 y 7 000 millones de pesos— y a corporaciones —campaña nacional a Senado con costos cercanos a los 5 000 millones de pesos—. Como lo dice Sergio Fajardo y como lo corroboran casos actuales como el de la alimentación escolar, este dinero sale de los programas y de los bolsillos de los más humildes. No hay que ser Piketty para entender lo anterior en términos de inequidad.
La corrupción tiene un primo hermano, no tan odiado ni tan investigado, pero destructivo y facilitador de males mayores: el clientelismo que permite e incentiva el nombramiento de primos, hermanos y cónyuges de financiadores, amigos y jefes políticos. En estos nombramientos poco o nada importa la formación, la experiencia o la capacidad. El clientelismo calcula cuotas por partido y otorga Ministerios, Secretarías, Direcciones, Institutos y Gerencias a sectores políticos. En el clientelismo el gobernante entrega, conscientemente, el control de los programas y recursos del Estado a los actores políticos para que avancen en sus objetivos electorales y posicionen sus militantes. El ciudadano, sus derechos y sus necesidades, pasan a segundo plano porque el pago de favores pasados y la compra de apoyos futuros priman. Cuanta ineficiencia, ineptitud y derroche le debemos al clientelismo.
Los nombramientos y las rencillas de los últimos días parecieran demostrar que el Gobierno y buena parte del establecimiento político no sienten que el clientelismo y la corrupción sean amenazas reales para la construcción de paz y para avanzar hacia un nuevo país. Cuotas, cálculos y proyecciones electorales por encima de programas, resultados y verdaderas transformaciones. Un gabinete para el posconflicto debe representar valores y no sectores, y debe generar confianza, no en los caciques electorales, pero sí en los ciudadanos. La construcción de paz es demasiado importante para dejarla en manos de esta pequeña, desgastada e indolente clase política.
Publicada originalmente el 1 de mayo de 2016
