Es cierto que la justicia colombiana debe ser reformada con suma urgencia, entre otras cosas porque el órgano jurisdiccional, como las demás ramas de poder público, adolece de profundos síntomas de clientelismo y corrupción. Además la colaboración entre las ramas resulta tornándose en connivencia, en más que un régimen de pesos y contrapesos, un régimen de complicidades.
Desde años se han intentado varias reformas a la justicia sin éxito. Pero los intentos siempre son infructuosos. Más que proponer acabar con las altas cortes y fusionarlas en una supercorte, habría que concentrar fuerzas en implementar una auténtica carrera judicial donde el mérito, y no el clientelismo judicial del Consejo Superior de la Judicatura, entidad que parece inútil y perniciosa, sea la constante. Además de transparentar las actuaciones en la función de la administración de justicia. Eso parece no estar en el orden de ningún congresista, entre otras cosas porque eso establecería un verdadero sistema de pesos y contrapesos en el que la influencia del ejecutivo como del legislativo serían débiles y la independencia del judicial no sería un mero saludo a la bandera. Así mismo garantizaría a los jueces mantener criterio respecto también de los poderes privados. Los poderes privados han sido también capaces de capturar la conciencia judicial.
La hegemonía uribista o uribato está en su ocaso. El declive es tan rotundo que hasta algunos de los que han sentido una firme simpatía por Álvaro Uribe, no se atreven a aseverar su inocencia, cosa que hasta hace unos pocos años era imposible dentro de toda la clase política tradicional y todo establecimiento mediático al cual Uribe debe la consolidación de su Estado de opinión. El uribismo no comprende que sus días gloriosos ya no volverán. El Estado de opinión uribista 2.0, que tuvo su segundo momento a partir de la estrecha victoria en el plebiscito de 2016, parece haberse agotado definitivamente. Así las cosas el uribismo para salvar a su mesías propone una reforma a la justicia y va más allá: una constituyente.
Como lo afirmé antes, la reforma a la justicia urge y más urge una profunda y estructural reforma del todo el Estado. En ese caso la constituyente sería el camino, pero una que encarne realmente al poder constituyente y que no sea la tabla de salvación del país político o, al menos, de un sector importante de él.
No obstante, la constituyente que propone el uribismo abriría pasó a un monumental retroceso en materia de derechos humanos y poner el país a la orden de sectores no solo premodernos sino ciertamente peligrosos amparados en un discurso moral y religioso, que en el fondo no tiene nada de ético y sí mucho de lucrativo. Es el poderoso neopentecostalismo o mejor conocido como movimiento carismático y no el abstracto y siempre indefinido socialismo del S. XXI el verdadero enemigo ideológico de América Latina.
En las facultades de derecho siempre han vendido a la Constitución Política de 1991 como la revolución político-jurídica más grande de toda la historia de Colombia. En parte se puede decir que la Constitución del 91 significó un cambio en el paradigma constitucional de Colombia, pues cada constitución implicaba la capitulación o acto de rendición de un partido político a otro después de una guerra civil, pero no significó una revolución política significó mejor un acuerdo entre la clase política tradicional y unas guerrillas que optaron por integrarse al sistema. Podría decirse que la actual Carta Magna es la evolución constitucionalizada, pluripardista y con más y mayores formalidades democráticas de aquel viejo Frente Nacional (1958-1974).
La gran revolución político-jurídica todos los tiempos sin duda alguna fue la reforma constitucional de 1936, curiosamente llamada Constitución del 36 por Laureano Gómez, a la que se opuso ferozmente. La reforma constitucional de aquel año puso a Colombia en la órbita del constitucionalismo social que fue inaugurado por la Constitución mexicana del 1917 y la Constitución de Weimar de 1919.
Si bien adjetivamente la Constitución del 91 mantiene el constitucionalismo social de 1936, la constitución en su parte económica impide la concreción de los derechos sociales entre otras cosas porque delegaron funciones administrativas a particulares que no son meros particulares sino fuerzas o poderosos agentes de mercado que, por su propia naturaleza, no comprenden de límites al lucro existentes en el concepto de función social.
La Constitución del 91 es una constitución liberal. Es obvio que la democracia no puede existir sin libertades ciudadanas, pero entendamos que el liberalismo fue una filosofía vigente para los siglos XVII, XVII y parte del XIX. El liberalismo hoy es anacrónico, encarna la ideología de un atroz capitalismo salvaje y no una filosofía humanista. La ideología liberal en la constitución política representa grandes perjuicios para la democracia colombiana:
1. Un régimen multipartidista y de markenting electoral que atomizó muchísimo más la corrupción y el clientelismo presentes en el otrora sistema bipartidista; lo que hace casi imposible combatir eficazmente dichos fenómenos. La democracia participativa sólo sirvió de juego democrático para ampliar la partidocracia y no para que el ciudadano participase más directamente de los asuntos del Estado y sus entes territoriales.
2. Una ortodoxia económica (monetarismo o neoliberalismo) que impide al Estado intervenir la economía en función de los intereses ciudadanos pero si se lo permite en favor de los conglomerados económicos, cuando estos tienen serios problemas de liquidez configurando lo que algunos llaman "socialismo para ricos", a los cuales el Estado transfirió no sólo la dirección de sectores estratégicos de la economía sino la prestación de servicios públicos esenciales.
3. Al Estado delegar funciones administrativas al sector privado, la puerta giratoria entre aquel sector y el público no cesa de girar y así el servidor público de hoy se transformará repentinamente mañana en un prospero empresario de la contratación pública y viceversa. ¿Dónde quedan principios como libre competencia, igualdad de oportunidades y transparencia?
Por supuesto, la actual constitución permite que el ciudadano tenga algunos mecanismos que le permita combatir la desviación de los poderes públicos y el abuso de los poderes privados, no solo a través de acciones judiciales especiales sino a través de lo que llaman democracia participativa, a pesar de que el régimen multipartidista la tenga prostituida y se esfuerce por alejarla del ciudadano. Las fuerzas retrogradas aglutinadas en el proyecto uribista quieren un judicial a su medida, una corte tipo sastre, quieren acabar expresamente con ciertos derechos fundamentales, ya se lo han propuesto con el acto legislativo que permite la cadena perpetua, quieren acabar los mecanismos de protección de derechos como la acción de tutela entre otros que ciertamente resultan incómodos para el ejercicio irresponsable y arbitrario de poder. Desean una constitución dictatorial.
La constituyente uribista no es el camino. La constituyente en pos de hacer el Estado social una realidad real y no un rimbombante concepto del derecho y la ciencia política, ese es el camino, porque la Constitución de 1991 aunque insertase la palabra Estado social, el Estado colombiano no se asemeja ni un ápice al clásico Estado Social alemán de von Bismarck ni tampoco al contemporáneo de la Ley Fundamental de Bonn, entre otras cosas porque la economía colombiana sigue empatanada en el subdesarrollo o como bien lo han mencionado algunos economistas latinoamericanos tenemos un capitalismo periférico, propio de países en donde persisten ciertas estructuras de relaciones internacionales ancladas a un vasallaje colonial y neocolonial. Así las cosas los problemas jurídicos del país no solo se enlazan con los políticos sino también con los económicos.
El antídoto a la proliferación de narrativas socialistas y comunistas no es el vetusto y fracasado liberalismo, acompañado de un rancio conservadurismo y de una alta dosis autoritaria, sino el Estado social, la cual sin lugar a dudas su concreción va más del campo jurídico.
En manos de no solo el uribismo, sino de toda una casta politiquera, mafiosa y corrupta, suplantadora de la democracia, el país no tendrá una verdadera constituyente ciudadana. Es un peligro permitir una constituyente como órgano dictatorial. Por otro lado, una reforma constitucional que plantee una corte de bolsillo no resolverá los graves problemas de la rama judicial, entre los que se encuentra a la Fiscalía como apéndice del ejecutivo, por el contrario los agravará, volverá a los funcionarios judiciales más dependientes de un ejecutivo omnipotente que en palabras de Rufino José Cuervo sería una monarquía popular, aunque dada la experiencia con la hegemonía uribista podríamos decir que es una dictadura oculta.
Mientras existan proyectos constitucionales peores que la actual constitución, será menester, en especial de nosotros los abogados que hemos sido forjados dentro de sus años de vigencia, defenderla de las aventuras dictatoriales, aún cuando seamos conscientes de la matriz oligárquica que hace que la democracia colombiana sea una democracia de muy baja calidad.
