Este año el gobierno venezolano adelanta un proceso constituyente en el que se supone se va a redactar la nueva carta política de la hermana república. No deja de ser peligroso en la actual coyuntura política de ese país, teniendo en cuenta que el grupo dominante puede imponer una serie de normas que, cabe la posibilidad, den al traste con la conquista de derechos fundamentales en aras de la preservación de su sistema de gobierno. Así son los regímenes extremistas.
Puede ser este un pésimo ejemplo de cómo se están utilizando los mecanismos democráticos para imponer ideologías y formas de gobierno a las minorías, no solo en Venezuela sino en Latinoamérica y el mundo. Cabe anotar que la Constituyente de 1991 en Colombia fue positiva, después de más de cien años era urgente dar el salto a la modernidad y cambiar la Constitución para ponernos de cara al siglo XXI. A 26 años de este proceso no hemos tomado conciencia de la necesidad de desarrollar esta Constitución y de ir ajustando lo que sea necesario para brindar mejores condiciones a la ciudadanía.
Los extremistas colombianos, en este caso de la orilla ideológica opuesta a los extremistas venezolanos, quieren imponer su régimen y hacer trizas los Acuerdos de la Habana. No se han hecho esperar e imitando a los vecinos están clamando por una Constituyente para imponer su criterio y obstaculizar el proceso de paz que ya está dando resultados positivos en cifras de muertos por el conflicto interno. Es irónico que quienes han generado propaganda negra diciendo que vamos a estar igual a Venezuela estén tratando de usar la misma maniobra para imponerse. La corrupción y el extremismo son ambidiestros.
Cuando un conflicto armado de 54 años deja 220 mil personas muertas. 6,9 millones de desplazados y 30 mil desaparecidos, aproximadamente, entonces sí vale la pena hacer algunas adecuaciones constitucionales para garantizarle a la población que estos hechos no se vuelvan a repetir. En este sentido cabe la premisa de que la dinámica de la norma y del derecho debe ir en el camino del beneficio de los ciudadanos y nunca para obedecer a los caprichos de un sector de la clase dominante que, de acuerdo con sus actitudes, le conviene perpetuar el estado caótico de las cosas, quién sabe con qué propósitos. Una Constituyente para seguir en lo mismo y, lo que es peor, retroceder no es lo que Colombia necesita en este momento.
Una de las excusas para esta nueva estrategia de los amigos de la guerra es que el año pasado triunfó el NO en el plebiscito, no tienen en cuenta la confesión de parte hecha por el gerente de campaña Juan Carlos Vélez Uribe, quien reconoció haber llegado a la población con mentiras para ganar, eso ya deslegitima un triunfo, además pírrico, en una Democracia que se precia de ser decente. Por otro lado el gobierno se reunió con estos líderes y con las FARC para incluir cambios que fueron tenidos en cuenta para el acuerdo del Teatro Colón. La confusión es el arma más eficaz con la que cuenta el extremismo.
Que estemos o no de acuerdo con lo pactado en La Habana es una cosa, eso no nos hace enemigos ni nos tiene porque involucrar en una guerra que algunos pretenden para sacar sus réditos en las elecciones de 2018. Lo que si debemos entender es que con una Constitución de apenas 26 años no es sano que nos embarquemos en otra Constituyente. Lo correcto es que trabajemos desde la orilla en que estemos para desarrollar nuestra joven Carta Política.
No nos dejemos meter en cuentos de constituyentes o referendos amañados solo porque la envidia carcome a algunos líderes que en su tiempo no pudieron estar en la foto histórica de la firma de un acuerdo de paz. Insisto, los que confunden a la población con el timo aquel de que vamos a convertirnos en otra Venezuela son quienes más se acercan a las prácticas populistas de los dirigentes de allá. Hace 200 años que no hemos dejado de ser iguales todos los países de Latinoamérica: Ingenuos, influenciables, caudillistas, ansiosos de mesías falsos, en fin.