El Gobierno de Santos busca un plebiscito atípico para refrendar los acuerdos con la narcoguerrilla de las FARC en caso de llegar al fin del conflicto político militar. Con solo el 13% del censo electoral, se podrían convalidar dichos acuerdos, lo cual es, a todas luces, improcedente. De ahí que una Asamblea Nacional Constituyente por elección popular pueda ser la mejor fórmula para consolidar la paz política en el país, pero sin darle ventajas a los terroristas. Y aunque la actual constitución tiene solo 25 años, la política es dinámica, como se afirma con frecuencia, y la nación es cambiante.
Precisamente la convocatoria de la Constituyente se debe realizar si las bandas armadas marxistas leninistas de las FARC y el ELN llegan a un acuerdo con el Gobierno, porque nada sacaría la sociedad y el Estado impulsando una constituyente para las FARC, y más adelante se tendría que hacer otra para el ELN. Lo más adecuado y serio es que ese par grupos armados se desmovilicen destruyendo o entregando las armas, y se sometan a la justicia de acuerdo a los estándares internacionales, para que dicho componente legislativo se pueda llevar a cabo.
También para la realización de una constituyente, no puede haber proselitismo armado como el ocurrido con cabecillas de las FARC en los dos últimos meses en los departamentos de Caquetá, Putumayo y La Guajira, en donde pobladores inermes de algunos corregimientos fueron obligados a participar en reuniones mediante la amenaza armada de las FARC.
La constitución del 91 que fue denominada por los jefes del M-19 como “pacto de paz”, apenas tuvo el 30% en participación del potencial electoral, y de paso se cometió un error al no convocarse a la ciudadanía para refrendar el articulado de la nueva constitución, situación que no se puede repetir en caso de que surja otra carta magna de la Asamblea Nacional constituyente que se convocaría a futuro; por ello hay que buscar el máximo de participación ciudadana.
Las FARC pretenden que el Gobierno se convierta en Papá Noel para que les regale las curules que pidan en la Asamblea Constituyente, y así puedan controlar ese organismo, con el cuento de que hay que darle participación a las organizaciones sociales, las cuales de acuerdo al estilo mamerto son las que ellos controlan, y que no pasan de ser verdaderos cascarones o entidades de papel, para evitar someterse al escrutinio ciudadano, lo cual sería una burla a la institucionalidad nacional si el gobierno permitiera semejante desaguisado.
Una Constituyente no debería tener más de 100 integrantes elegidos por voto popular, y después del debate electoral, el Gobierno les podría otorgar unas curules que no pasen del 5% a los integrantes de las FARC y el ELN que no estén incursos en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad como sucedió en la Constituyente del 91 con el EPL (ejército popular de liberación) pero reiterando que es una condición sine qua non para que eso suceda: la entrega o destrucción de las armas y el sometimiento a la justicia de los miembros de ese par de bandas armadas.
Los partidos demócratas deben de llevar a sus mejores cuadros a una eventual constituyente, sin clientelismo, ventajismo, amiguismo o favoritismo ya que dicha elección no se puede parecer a unas parlamentarias, por lo tanto aparte de políticos idóneos hay que tener en cuenta a connotados juristas, intelectuales y lideres de autenticas organizaciones sindicales y populares que por su labor altruista deben estar presentes en la hoja de ruta política que tendrá el país en las próximas décadas.
Las FARC buscan que la constituyente sea de su bolsillo y a dedo, y por ello quieren que miembros de aparatos proclives a ellas y que no tienen ninguna representación hagan parte de tan trascendental organismo, eludiendo las elecciones, porque saben que el pueblo colombiano las detesta y si tienen seguidores entre el campesinado marginal y atrasado es por temor, ya que la ideología marxista leninista que siguen es un fracaso antropológico e histórico, y si una persona con más de dos dedos de frente cree sinceramente en semejantes dogmas sufre de patología mental.
Entonces la convocatoria de una Asamblea Nacional constituyente que sería el resultado de la paz política, debe ser por elección popular, reiterando que para que las FARC y el Eln participen en ella tienen que desarmarse completamente; porque no se puede pasar por alto que la constituyente no los blinda de la justicia internacional, y mediante ese organismo se podría intentar impunidad, amnistías e indultos, pero es bien sabido que los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos por la narcoguerrilla no prescriben ni son indultables, y si el estado colombiano no juzga y condena a sus cabecillas por esos crímenes atroces, intervendrá la Corte Penal Internacional siguiendo normas del Estatuto de Roma, ya que la justicia internacional tendría competencia en caso de que no observe castigo para los delitos en referencia, sin importar la creación de la jurisdicción especial para la paz.
