La justicia colombiana hoy parece un enfermo terminal con muy pocas posibilidades de recuperarse. ¡Da lástima! Es un paciente que padece muchos males a la vez: cáncer (utilización de falsos testigos, falsos positivos y montajes judiciales), sida (corrupción que campea desde juzgados municipales hasta las altas cortes), diabetes (irrespeto a derechos fundamentales, garantías procesales), presión arterial muy alta (permanente abuso del derecho por parte de algunos operadores), septicemia (politización de la justicia), y la suma de todos esos males arrojan un diagnostico letal:¡ilegitimidad y dolor, mucho dolor de patria! Incredulidad y falta de confianza en las instituciones, incertidumbre, duda respecto a sus operadores y al transparente resultado de su trabajo.
Y si al derrumbe de la credibilidad en la Justicia, le sumamos la del Congreso, la del Ejército y la Policía, la de algunas instancias del Ejecutivo y de organismos de control, ¿entonces donde estamos? ¿En que país vivimos? ¿Quién nos garantiza seguridad, estabilidad jurídica y protección al ejercicio cotidiano de nuestros derechos ciudadanos?
Y si tenemos en cuenta el entorno, y que por fuera de estas instituciones en las que según las estadísticas los colombianos hemos dejado de creer, nos acechan la violencia de las Farc, el ELN y las bandas criminales, ¿entonces que debemos hacer para alcanzar nuestro elemental derecho a vivir y a trabajar tranquilos?
En este momento se preparan en La Habana una serie de recetas que pretenden poner fin a muchos de los males que nos aquejan como sociedad desde hace décadas y que no hemos sido capaces de solucionar.
Todos hubiéramos preferido que fueran nuestros congresistas y gobernantes (al fin y al cabo para eso los elegimos) y nuestras actuales instituciones los instrumentos transformadores de la sociedad, pero lastimosamente no es esa la realidad que vivimos, que nos oprime y entristece.
El país hoy está dividido en torno a la forma de alcanzar la Paz, y particularmente es la impunidad y los privilegios que recibirán los violentos lo que más exaspera a los ciudadanos en general y a las víctimas en particular, sobre todo porque más allá del dolor y del perdón que ofrecieron sienten que para ellos no hay oportunidades sociales para superar las trampas de la pobreza, ni verdaderas medidas de reparación, ni garantías de no repetición de los hechos victimizantes. Y más cuando todo avisora impunidad y un posconflicto tan violento como el conflicto mismo.
Periódicamente las instituciones y las sociedades, así como los hombres, las plantas y los animales necesitan renovarse, oxigenarse, actualizarse y reinventarse para sobrevivir y asumir los retos del futuro. De igual manera, hoy más que nunca debemos pensar en una nueva constituyente que discuta las recetas y legitime el nuevo contrato social que se está gestando en La Habana. Y no debemos estar en favor o en contra de esa solución simplemente porque la propongan las Farc o el Centro Democrático (si los extremos están de acuerdo algo de bueno debe tener esa propuesta) sino porque realmente los que estamos atrapados en medio de la violencia, la exclusión política y la marginación social, esa inmensa mayoría de colombianos, en realidad sentimos que nuestro actual diseño institucional se quedó corto para tramitar la multiplicidad y complejidad de conflictos de la Colombia actual y futura. Y fundamentalmente, porque seguimos pensando que el gobierno que elegimos tiene el deber político de escucharnos y promover el debate sobre la conveniencia de las recetas que se están cocinando en La Habana y que los colombianos comeremos durante los próximos 50 años.
Si bien es cierto la palabra pan no calma el hambre y la palabra justicia no remedia la infamia, también es cierto que reclamarlas, y estimular el debate en torno a soluciones urgentes es la única opción que tenemos los ciudadanos en una democracia que no puede negar con exclusión política los principios de inclusión social que predica.
¡Constituyente o derrumbe institucional, he ahí el dilema!
@fdeinocentes
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