Hace siete años, cuando se rompió el Canal de Dique por el fuerte invierno relacionado con el fenómeno de La Niña y la imprevisión oficial, el boquete que se abrió de casi 150 metros ocasionó la mayor inundación histórica en los siete municipios del sur del Atlántico llenando de penalidades a más de cien mil habitantes que perdieron cultivos, viviendas, acueductos, escuelas, animales y hospitales. Con recursos públicos del Fondo Nacional de Adaptación y de la Gobernación del Atlántico se han venido haciendo inversiones del orden de $47.265 millones, buena parte de ellas en acueductos y plantas de tratamiento de aguas residuales.
Desde hace varios años se había organizado la empresa Acueducto Regional del Sur del Atlántico S.A. (Aresur), que abrió licitación hace unos meses en búsqueda de un operador especializado. Quedó al final un solo proponente, Consorcio Aguas del Sur del Atlántico, del que hacen parte dos componentes, la española Aguas de Valencia, con asiento en esa ciudad, y otras cuatro firmas controladas por Francisco Olmos, cada parte con el 50 por ciento de las acciones. La polémica no se hizo esperar.
El personaje de marras, Francisco Olmos, quien desembarcó en Barranquilla en 1995, ha tenido que ver con manejos nada claros relacionados con la Triple A de Barranquilla, empresa que sufrió un despojo patrimonial en septiembre de 1996 cuando el alcalde Édgar George, de manera ilegal, varió la composición accionaria de Triple A entregándole buena parte de las mismas a Inassa S.A., controlada por Aguas de Barcelona e inversionistas privados y que fue creada el mismo día con un capital de un millón de pesos. En octubre de 1996, Francisco Olmos ya fungía de gerente general de Triple A, cargo que ostentó hasta mayo de 2002. Pasó después a ser presidente ejecutivo de Inassa, cuando ya el Canal de Isabel II de Madrid se la había apropiado tras un negocio truculento en Panamá con firmas de fachada. Por esta razón, Francisco Olmos está hoy investigado en España en el marco de la “Operación Lezo” y está citado en estos días decembrinos para que responda por cargos como corrupción, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, entre otros. En la adjudicación de este jugoso contrato, las autoridades colombianas no tuvieron en cuenta el prontuario que le tienen los jueces españoles a personajes como este. Tampoco analizaron la evolución de empresas de Olmos como Naunet, que presta pésimos servicios en Maicao y Albania (La Guajira) y en Aracataca y Fundación (Magdalena).
Condiciones leoninas del contrato
En los 20 años iniciales de la concesión, el consorcio promete inversiones por $28.667 millones, $1.433,35 millones anuales. En contraprestación, los municipios de Luruaco, Repelón, Manatí, Campo de la Cruz, Santa Lucía y Candelaria le entregarán $172.153 millones en el mismo lapso de tiempo, provenientes de los aportes del Sistema General de Participaciones ordenados por la Ley 1176 de 2007, o la que la sustituya, para cubrir los montos de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, para las inversiones requeridas. Los cobros por agua y alcantarillado serán en promedio de $17.043 por usuario para 30.000 usuarios y sumarán anualmente $6.135.480 millones, unos $122.709 millones. Incluidos pagos de usuarios y municipios, el consorcio recibirá en 20 años un total de $294.153 millones. Pero puede ser mayor este monto si se tiene en cuenta el informe del portal www.zonacero.com de que las tarifas serían para estrato 1, $30.396; estrato 2, $42.555 y estrato 3, $45.903 con alzas anuales del IPC del Dane.
Otro aspecto preocupante es que el consorcio solo atenderá a 30.000 usuarios de los 109.856 habitantes del sur del Atlántico, según proyección del Dane. El alcalde de Repelón, Enrique Escobar, se queja de que “hubo una trampa”, porque cuatro de sus corregimientos se quedaron por fuera de la atención de la concesión. El compromiso de llevar agua las 24 horas del día en varios años y cobertura de acueducto en 5 años del 99% deja mucho que desear. Pero lo peor es que en cuatro años, el consorcio solo se compromete a llevar la cobertura de alcantarillado al 60%, lo que es muestra palpable de las malas condiciones de vida en que se debaten estos compatriotas golpeados por la naturaleza y mucho más por las políticas de los gobiernos de turno, y que distan mucho de ser mejoradas con contratos tan perversos como estos. Para rematar, Aguas de Valencia es la número uno en España en la medición inteligente digital del consumo del agua, para que no se les escape ni una gota en los cobros por venir en el atribulado sur del Atlántico. Pero poco a poco va el agua al cántaro…
