El narcotráfico, por disputas territoriales entre bandas criminales o por eliminación de quienes son considerados obstáculos para el negocio, que pueden incluir campesinos vinculados a la sustitución de cultivos y humildes líderes interesados en la aplicación de los acuerdos de paz, es el responsable de más de la mitad de los homicidios culposos en Colombia.
Es el resultado de la mezcla fatídica entre la ferocidad implacable del negocio del narco, que sigue gozando de fabulosos márgenes de ganancia, y de toda suerte de intereses asociados a sus tentáculos en el mundo de la política y cierto segmento de propietarios rurales. También, la consecuencia del incumplimiento de parte del Estado de cara a comunidades desprotegidas en lo que han sido zonas de conflicto.
La información de la Fiscalía General de la Nación sobre los homicidios durante el 2018 es, por decir lo menos, preocupante. Según la entidad, en el 2018 hubo 12.458 homicidios culposos, un 3,25 % más que en el 2017, un año considerado como el del más bajo número en tres décadas.
La tasa venía disminuyendo desde hace varios años y, sin duda, el proceso de paz adelantado por Santos y el silenciamiento de las armas en manos de las Farc contribuyeron a ello. No hay punto de comparación, tampoco, con la década de los años 90, cuando la cuota de lo que se denominan los homicidios culposos no bajaba de 25.000 al año. Es claro, también, que disminuciones sustanciales comenzaron a presentarse durante el gobierno Uribe, aunque fue durante el segundo período Santos que la tasa de homicidios se desplomó.
No hay duda de la plaga que, para Colombia, representa el narco en términos de vidas humanas: cerca del 55 % de los asesinatos del 2018 están asociados a las actividades de las estructuras criminales asentadas en corredores del narcotráfico, tanto en el campo como en la ciudad. La cifra es una barbaridad: las muertes provocadas por sicarios ascendieron a 6.808. Sin duda, dentro de ellas, están incluidas las de los líderes sociales y, desde luego las provocadas por las disputas territoriales entre bandas como el clan del Golfo, los Caparrapos, disidencias de las Farc y el ELN.
En todos los 52 municipios
en los que se adelanta la sustitución de cultivos ilícitos
la tasa de homicidios aumentó
En todos los 52 municipios en los que se adelanta la sustitución de cultivos ilícitos la tasa de homicidios aumentó. En conjunto, creció en 30%. Y si se mira por zonas, tanto en el Bajo Cauca de Antioquia como el sur de Córdoba las cifras letales de la violencia se dispararon. En San José de Uré, Córdoba, hubo solo un homicidio doloso en 2017; en el 2018, 16. En lugares más populosos, como Caucasia, se pasó de 53 a 146; en Tarazá, de 34 a 102. La zona de Tumaco, la de Guacho, también lidera las estadísticas de la muerte.
En Medellín, que tanta envidia nos genera a colombianos de otras regiones (se suele argumentar que allí hay sentido de pertenencia de parte de los habitantes con su ciudad, al contrario de Bogotá), la tasa de homicidios aumentó, mientras en la capital disminuyó.
Sin oportunidades de empleo para los jóvenes en zonas de sustitución de cultivos, en el marco de una política antinarcóticos que ha fracasado en combatir el consumo y la producción del letal clorhidrato de cocaína, sin presencia del estado, las muertes provocadas por las organizaciones narcas y sus subsidiarias no se detendrán.
