La justicia puede ser ciega, a veces sorda y también cojea, pero llega. Ese es el caso de los Ranchitos, una comunidad compuesta por 24 núcleos familiares en los que hay 57 menores, de los cuales la mayoría son víctimas del conflicto armado. Tras el desalojo del 28 de marzo de 2017 interpusieron una tutela que llegó hasta el Consejo de Estado, el cual falló el 5 de septiembre de 2017 a favor de una vivienda digna para esta población vulnerable.
Casualmente todas las instituciones públicas se pusieron de acuerdo para negar los derechos de esta población: la Unidad de Víctimas, ISVIMED, el DAGRD, la Alcaldía de Medellín, el Fondo Nacional de Vivienda, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Ministerio de Vivienda, que ni siquiera tuvo la decencia de pronunciarse. Lo peculiar es que a esta comunidad jamás la notificaron sobre el fallo y la Administración Municipal "Cuenta Con Vos" jamás tuvo la diligencia de pronunciarse ni mencionar lo concerniente a dicha decisión judicial.
La lideresa María Sonibel Quinchía cuenta que este ha sido un logro de la comunidad que resistió y pudo lograr la ayuda con personas que les colaboraron sin algún interés de lucro y velando por los intereses colectivos de una población que no sabía leer ni escribir.
"Me parece extraño que no nos hayan notificado desde el 5 de septiembre, esto evidencia que siguen vulnerando hasta el derecho a la información. Las diferentes entidades mencionadas ni la administración nos avisaron. ¿Qué se puede esperar de una alcaldía que le mintió a un juez? Lo más seguro es que le va a mentir a una comunidad. El 26 de marzo de 2018 la quebrada se creció y se llevó al señor Jorge Eliécer Arango, si nos hubiesen notificado este señor estaría vivo. Nos sacaron de allí por alto riesgo, y como no recibió ayuda se volvió a meter en un lugar cercano a la quebrada y con la creciente se murió", aseguró Quinchía.
La administración le mintió al juez en que no iba a ver desalojo para la fecha del 28 de marzo de 2017, porque las personas acudieron donde el juez, él les contestó que no habría tal suceso por la respuesta de las diferentes entidades, sin embargo, ese día los sacaron sin protocolo de seguridad y sin la posibilidad de sacar sus enseres.
La lideresa recuerda todo lo que padeció esta comunidad tras el desalojo: la mayoría de los 57 menores perdieron el año como consecuencia de la inestabilidad, algunos se fueron a otro lugar como Elena Pallares a Urabá porque estaba aguantando hambre con sus hijos y no tenía dinero para pagar el arriendo, la señora Amalia Montoya dormía en el piso en cartones o en su carreta de reciclaje con su hijo de 8 años (a sus otros seis hijos los enviaba a donde los vecinos), la comunidad estuvo muy golpeada y la Alcaldía de Medellín no les dieron recursos ni la oportunidad de empleabilidad para subsistir.
Carlos Arcila y Federico Gutiérrez en campaña visitaron a la comunidad de los Ranchitos, el primero para el Concejo de Medellín y el segundo con el objetivo de conseguir el favor popular para la alcaldía. Ellos prometieron que les iban a ayudar y que en caso dado de hacer un desalojo no sería inhumano y que darían todas las garantías para ellos, sin embargo, ese día llegaron cerca de 500 efectivos del ESMAD a desalojarlos con la ayuda de la Policía.
"Incluso, trabajamos con ellos en la campaña, como también tenemos los audios en las entrevistas donde decía que había que llegarle así a la gente. No entiendo si la manera de llegarle a la gente es poniéndola a aguantar hambre y tirarla a la calle. En un medio de comunicación aseguró dar tres meses de arriendo y la solución definitiva de vivienda, pero esta última se quedó represada en los anaqueles del olvido" manifestó la lideresa.
Pese a que contactamos a Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos, nos dijo que le avisaría al secretario de Familia, inclusión social y Derechos Humanos, Luis Bernardo Vélez, pero no nos dieron respuesta; así como al contacto de medios de la Alcaldía que tampoco nos contestaron por parte del alcalde o la administración. Quienes sí dan su versión sin ningún condicionamiento es la comunidad y durante la reunión de esta buena noticia, esto nos contaron.
Luz Amalia Montoya cuenta que han pasado muchas necesidades desde que los desalojaron, luego de que vivieran cinco años en este sector, tras ser desplazada de Belén Rincón luego de que asesinaran una de sus hijas. Con el reciclaje a veces le va bien y otras no tanto, les dieron tres meses de arriendo y la ayuda humanitaria de la Unidad de Víctimas no es suficiente para tener una vida digna.
"Estuve viviendo por San Pedro, pagábamos el arriendo y nos quedábamos sin qué comer, y en este momento vivimos la misma situación. Muchas veces me tocó dormir en la calle con la carreta con el niño de 8 años. Si quieren tanto a los niños por qué ellos deben sufrir todas estas consecuencias" cuestionó a la administración la madre de siete hijos.
Beatriz Edith Díaz Pineda, quien es oriunda de Caucasia, dice que se siente mal porque los tiraron a la calle sin darles garantías, con necesidades y sin los recursos para poder pagar arriendo. A veces no tiene posibilidad de alimentarse ella y a sus hijos. Esporádicamente consigue donde lavar ropa y consigue para comer, aunque a veces depende de lo que logre obtener fiado.
César Bustamante, agente oficio, concluyó que: "Este fallo ratifica que por ley estas personas van a tener derecho a una vivienda digna. Este fallo es una orden a estas entidades públicas y a la alcaldía para que les informen y les garanticen su derecho basado en la ley de víctimas. Es un llamado de atención para estas administraciones para que con estas comunidades vulnerables no las tome del pelo y las traten de manera justa".
