Lo que se quiere tener presente es que la experiencia y los datos (cuantitativos, cualitativos) provenientes de la realidad, se entrelazan por medio de una etiqueta verbal: bueno, malo, arriba, abajo, asocial, antisocial, delincuente, mentiroso, corrupto, psicópata, minoría, mayoría, máquina, guerra, etc. En resumen, estos son las unidades básicas y fundamentales para la construcción del conocimiento.
Lo anterior se hace importante para entender la problemática relacionada con el conflicto armado interno en Colombia, donde los niños, niñas y adolescentes (NNA) vienen padeciendo y el Estado como las Bandas Criminales, quieren ignorar y usar otro lenguaje (conceptos) para justificar su accionar.
En consecuencia, debemos entender: combatiente (sinónimo de soldado, ámbito conflicto armado interno); delincuente organizado (ciudadano responsable de un hecho criminal, con altos niveles de peligrosidad; ámbito, sectores sociopolíticos); delincuente común (ciudadano de menor peligrosidad al contacto con su víctima; ámbito, espacios comunitarios, públicos y sociales); antisocial o asocial (persona con comportamientos contrarios a la convivencia social, anómico, ámbito, espacios familiares, sociales, organizacionales, espacio público). La diferencia, entre estos constructos, se puede encontrar por sus formas de pensar (ideologías); su fin (poder, dominación, riqueza), estabilidad (duración), permanencia (rotación de personal), estructura (jerarquía, normas, disciplina, sanciones), funcionamiento (modus operandi y capacidad de resistencia), profesionalización (capacitación), incorporación (formas de reclutamiento), uso de armas, medios de comunicación (radiofónicos, celulares, lenguaje encriptado), uso de uniformes, territorialidad (movilidad), presencia estatal, etc.
Sumado a lo anterior que vendría ser el contexto de estas personas, se encuentra el uso legal de la fuerza, en un conflicto armado, que exige tres (3) principios provenientes del Derecho Internacional Humanitario (DIH) como son: necesidad militar; es decir ¿el escenario de enfrentamiento se da, el accionar del contrario es peligroso, la cantidad de combatientes es alta, como sus armas y pueden ser vencidos? ¿Hubo trabajo de inteligencia previo? ¿Todo lo anterior, fueron factores y evidencias que permitieron la racionalización y toma de decisiones por parte de los mandos militares, para actuar de tal manera?; ¿fue proporcional, frente al accionar del contrario? Con esto se quiere significar, es, si los resultados de las operaciones no afectan a la población civil como sus bienes y a las personas indefensas; es decir, ¿las operaciones iban dirigidas expresamente contra objetivos militares?, Al respecto vale aclarar que debe existir una diferencia entre el ámbito civil del militar.
De acuerdo con los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus protocolos adicionales, se tiene en el Protocolo Adicional I, Título III, Sección I, Comportamiento de los Combatientes: “El principio fundamental en que se inspiran estas normas es que no es ilimitado el derecho de las partes en conflicto a elegir métodos o medios de hacer la guerra. De ahí que esté prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra para causar males superfluos o sufrimientos innecesarios.”
La guerra, interpretada estrictamente de manera técnica, es un conflicto social en el que se encuentran involucrados dos (2) o más grupos humanos que se pueden identificar como grupos o movimientos políticos, tribus, sociedades o naciones, que se enfrentan de manera violenta, mediante el uso de armas de todo tipo (blancas, contundentes, arrojadizas, de fuego, explosivas, biológicas, químicas, nucleares, etc.) a menudo con resultado de muerte (individual o colectiva) y daños materiales a estructuras de entidades públicas o privadas.
Sumado a lo anterior y como complemento al entendimiento de la problemática, el conflicto social (tomado de Lewis A Coser) “es una lucha por los valores, por el estatus, la imagen, el poder y los recursos escasos; en el curso del cual, los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales, para su materialización. Un conflicto entre grupos pasa a ser un conflicto social cuando trasciende lo individual o grupal y afecta a la propia estructura de la sociedad o a su funcionamiento positivo.”
El hecho acaecido el 2 de marzo de 2021, en el municipio de Calamar (16.200 Km2) del Departamento del Guaviare y que el ministro de defensa declaro por Blu Radio: "Estamos hablando de un operativo que tenía una estructura narcoterrorista que usa a jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra” y "dejan de ser víctimas cuando cometen delitos” y "desafortunadamente, se convierten en criminales".
Frente a lo expresado, anteriormente, surgen preguntas como: ¿fue legal y legítimo el bombardeo? Se conoce que las bombas es un arma de destrucción masiva (ADM), que, al ser usada, sin un objetivo militar claro, puede involucrar personas (civiles, NNA) indiscriminadamente, daños económicos (viviendas, cultivos, ganado, etc.), y medioambientales (sistema hídrico, suelos, hábitat, etc.). ¿Cómo se justifica este accionar, si el fin no fue buscar una rendición militar?, y adicionado a lo expresado, este grupo es una estructura narcoterrorista y no un grupo insurgente (rebelde), por lo cual la forma o método de sus acciones combativas (operativo, batalla, combate) de las Fuerzas Militares no fue la más adecuada. Por otro lado, el hecho de cometer un delito, no elimina la situación de ser víctima, pues los NNA son obligados a delinquir y de hecho se convierten en criminales. (ver: El reclutamiento en las organizaciones armadas ilegales – las2orillas)
Continúan las preguntas: ¿Estos grupos son realmente subversivos?, es decir, están organizados con el fin de derrocar la autoridad, valores, principios, el orden social establecido en Colombia. De lo contrario, son simplemente bandas criminales, que se integran es para su propio beneficio. En este orden de ideas nuestras instituciones de protección, fuerzas armadas (EJC, ARC, FAC, PONAL), son instituciones disfuncionales y sin un trabajo interinstitucional.
En consecuencia, las instituciones, a través de sus representantes y con el uso del lenguaje (suma de conceptos), forma de comunicación y su socialización, son los factores que permiten legitimar o deslegitimar una acción humana y que esta, es fortalecida por quién lo expresa (Fuente: autoridad, científico, dios, mago, sacerdote), cómo lo certifica (revelada o razonada) y su divulgación (medios de comunicación, cara - cara). Es decir, ellos son la fuente de la validez y confiabilidad de lo que dicen como representación de una realidad social colombiana.
Lo que continúa y está ligado a lo arriba expuesto es el lenguaje utilizado frente al delito, es el uso de las estadísticas, manifestando que el número de casos es menor, comparado con un periodo igual al anterior. Los hechos delictivos no son tan relevantes, justificando esta afirmación a través de cifras absolutas y no por medio de tasas poblacionales, por lo cual no son indicadores válidos. Las comparaciones las dan identificando los hechos por nacionalidad, cultura, raza, etnia, género, edad, etc. Lo anterior lo afirman o niegan expresando, que lo que se esta es fomentando la xenofobia, discriminación, reputación, dignidad humana, e índices de inseguridad no reales, etc.; pero no expresan, que lo que se está elaborando es una perfilación criminal (nacional e internacional) y sus formas de accionar, que pueden permitir su neutralización y captura.
Para finalizar, y expresando que se requeriría un análisis más profundo o estudio, a mis conjeturas (hipótesis, supuestos), los venezolanos (que delinquen) se sienten más seguros con sus fechorías en Colombia, pues no existen registros de ninguna clase en las entidades del estado sobre ellos (datos personales, huellas, fotos, dirección de vivienda, etc.), y el valor de los bienes hurtados, frente a Venezuela, en términos de salarios mínimos, es muy alto. El salario mínimo en Venezuela para el 2021 es de VES$400.000 bolívares, equivalente en pesos colombianos a COP$1.350 pesos; es decir, en Caracas $10.000 pesos equivalen alrededor de un millón de bolívares venezolanos. Dinero que, enviado a ese territorio, puede ayudar a la sustentación de los miembros de la familia de estos ciudadanos.
Con nuestros NNA, nos dan a entender que es mejor eliminarlos que educarlos, y con la problemática en general de seguridad es mejor ser reactivo a ser proactivo o prospectivo. La criminalidad es multifuncional por ello se debe estudiar los contextos y la persona en sus etapas de desarrollo.
