Sin duda ha sido el estallido social más portentoso y prolongado en la historia del país. La convocatoria inicial del Comité de Paro para el 28 de abril fue acogida en ciudades y pueblos de todo el territorio nacional, por personas con o sin empleo, comunidades sumidas en la pobreza y la crisis.
Pero el llamado desbordó cualquier expectativa. Quien ha estado en la primera línea de la protesta ha sido la juventud marginada, despojada de sus mínimos derechos y oportunidades, como resultado de décadas de abandono, de políticas excluyentes y de múltiples expresiones de violencia.
Es una juventud que se moviliza de muchas formas, con arengas, expresiones artísticas y culturales. Encontró en las trincheras de las barriadas y en la movilización callejera la posibilidad de revivir sus sueños y de fortalecer su resistencia. Ha puesto la mayor parte de los más de setenta muertos, desaparecidos, encarcelados, heridos, violaciones sexuales documentadas.
El esquema se repite en diferentes puntos del país: movilizaciones, concentraciones y ollas populares durante el día. En la noche vienen el terror y la represión. Hay enorme respaldo popular. En la primera línea confluyen madres, maestro/as, sacerdotes, abogados, periodistas valientes. También participan estudiantes, trabajadore/as y organizaciones sociales y sindicales. Las redes no cesan de mostrar, aquí y en el exterior, su dinámica de lucha y los estragos de la represión.
Sin embargo, lejos de vislumbrarse una salida democrática, como en Chile, Colombia parece transitar peligrosamente por la senda del autogolpe, que puede sumir al país en una noche todavía más oscura y tenebrosa, como en los tiempos aciagos de Laureano Gómez o de Turbay Ayala.
El gobierno desconoció lo acordado con el Comité de Paro en la última semana en torno a las garantías para la protesta social y el respeto a la vida de quienes protestan. Sin ello, no hay negociación posible.
El viernes anterior, después de una jornada de fuerte movilización y represión, el presidente expidió el decreto 575, considerado por analistas como una conmoción interior parcial, de facto: elude el control constitucional, ordena la militarización de 8 departamentos y 14 ciudades y establece la subordinación de gobernadores y alcaldes a las FFMM, amenazándolos con sanciones si no se someten.
Hay una justa preocupación nacional e internacional por que se incremente la vulneración de derechos humanos, detenciones ilegales, allanamientos, torturas, desapariciones, agresiones y muertes de civiles por parte de los militares. Es una situación que ya se venía registrando durante este gobierno, incluso desde antes del paro.
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Nuevamente quedó en claro quién manda en Colombia. Horas antes decretarse la militarización, Uribe había cuestionado la supuesta falta de autoridad de su presidente subalterno
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En esta ocasión, nuevamente quedó en claro quién manda en Colombia. Horas antes de la expedición del mencionado decreto, Uribe había cuestionado la supuesta falta de autoridad de su presidente subalterno. Publicó un comunicado en el que su partido recomendaba el despliegue total de la fuerza militar, la designación de oficiales de alto rango en los municipios y rechazaba cualquier negociación nacional o regional.
Por esta razón, también desautorizó y ordenó desconocer las negociaciones regionales adelantadas entre el comité de paro de Buenaventura y funcionarios del gobierno para levantar el bloqueo en el principal puerto del país.
La estrategia del gobierno de Uribe/Duque para enfrentar la movilización social parece calcada de los manuales del fascismo.
Ante todo, se insiste en culpar al enemigo, el terrorismo. No hay el menor reconocimiento de la crisis social ni de la responsabilidad del Estado en la misma. En medio del fuerte cuestionamiento internacional, Duque graba unos videos en inglés acusando a Petro. La vicepresidenta, convertida en canciller, responsabiliza al acuerdo de paz y viaja a Washington a explicar lo inexplicable. El gobierno señala a Rusia, Cuba y Venezuela de financiar e instigar el caos.
Así como Uribe nunca reconoció el conflicto armado, ahora tampoco se admite la existencia y validez de la protesta social ni la legislación internacional al respecto. Duque y sus ministros catalogan como terrorismo de baja intensidad y califican a quienes la ejercen como vándalos. Las entidades de control: Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Defensoría, todas afines al gobierno, trabajan en el mismo sentido.
Pero el gobierno y todas estas entidades desconocen y pretenden esconder el accionar y desmanes de los grupos paramilitares y la extrema derecha armada, quienes sí actúan como verdaderos vándalos, en connivencia con las FFMM. Así lo evidencian numerosos videos que muestran a civiles disparando a la gente, al lado de la policía. O a Duque rindiéndoles cuentas.
Llama la atención el incendio del Palacio de Justicia en Tuluá, en donde se recopilaban los expedientes de los principales procesos de restitución de tierras del departamento. Desde las épocas del temible Cóndor, León María Lozano, la ciudad ha sido centro de acaparamiento de tierras por los ingenios azucareros y terratenientes. En tiempos más recientes, ha albergado a narcotraficantes y paramilitares. ¿A quién le convenía entonces el incendio?
La extrema derecha intenta ante todo ganarse a la opinión pública, mostrar que la violencia es ocasionada por quienes protestan y justificar la represión. Sin duda, una estrategia desesperada por aferrarse el poder en medio de tanto desprestigio, a un año de las elecciones presidenciales.
