Hoy 14 de mayo, a mis 55 años, analizando la situación actual y recordando mi ejercicio en la dinámica de construcción de país a partir de ojos de la juventud, siento el deber de aportar a la solución de esta problemática que estamos viviendo. Gracias a que durante gran parte de mi vida he trabajado por y para ellos desde diferentes escenarios políticos: trabajé con pandillas a principios de los años 90, escuchando sus experiencias y buscando alternativas de vida para ellos; fui la ponente de la política pública de juventud del Valle del Cauca, en donde planteamos por primera vez lo que hoy quiero proponer a través de este escrito; y en mi maestría, realicé una investigación académica sobre la participación política de la juventud en el ciclo de las políticas públicas, creo que es momento de aportar.
Desde 1991, el joven se posicionó en la agenda como un actor político relevante. Miles desempeñaron un rol crucial en la promulgación de la nueva constitución y han sido trascendentales para la formulación de planes, políticas, programas y muchas iniciativas públicas y privadas desde entonces. Sin embargo, el avance que ha tenido el país no ha sido suficiente y la pandemia dejó en evidencia la fragilidad de nuestra sociedad, arrojando millones a la pobreza.
Este escrito no va dirigido a explicar las causas estructurales (ya estas han sido ampliamente abordadas) ni tampoco a buscar soluciones macroeconómicas o de política social (como algunas que ya se han implementado), sino que busca aportar a una salida negociada a través del aspecto político, en el marco de una democracia participativa donde los jóvenes puedan contribuir a la construcción de país, desde las instituciones.
En el marco de la investigación de maestría realizada por mí, en la cual tuve el acompañamiento de jóvenes grandiosos y que abordó la participación política de la juventud desde un enfoque cualitativo, me reencontré con lo que ya abordaba desde el 2005 y es que tenemos una gran falencia en nuestro ordenamiento constitucional, como es la prohibición que tiene este grupo poblacional para ser parte del Congreso. Si un joven quiere ser senador (puede ser el más brillante del país), no puede, pues solo se permite que las personas mayores de 30 accedan a esta corporación; si un joven quiere ser representante, debe ser mayor de 25, lo que excluye a todo el rango de 18 a 24. Esto es claramente una exclusión etárea, caprichosa y prejuiciosa, pues no tiene ningún fundamento científico.
Este problema no es nuevo, pues se identificó que el límite de edad para ser congresista fue impuesto en el siglo XIX con el nacimiento de la Colombia moderna en 1886. En 2017 hubo una iniciativa de reducir el límite a 25 años, pero no prosperó, la reforma política y electoral no superó los debates en el congreso y se hundió.
En varios escenarios y espacios he hecho énfasis en esta problemática (debates, tertulias, congresos y conferencias), la cual no es exclusiva de Colombia, pues diversos países en América Latina e incluso en Europa, tienen esta misma restricción. Sin embargo, la coyuntura nos invita a reflexionar y nos conduce a esta discusión nuevamente, la de permitir que los jóvenes sean los protagonistas de su propio desarrollo y que puedan tomar parte activa de las decisiones que los afectan.
¿Cómo lograrlo? Esta es la pregunta crítica. Lo primero que se debe hacer es eliminar dicha restricción que impide a la juventud participar de este importante escenario. Diversos análisis científicos, desde disciplinas como la neurociencia o la psicología, marcan que la maduración cerebral se da hacia los 21 años. Si se ven ejemplos de la vida real, hay millones de casos de jóvenes que triunfan en diversos escenarios y demuestran tener una gran madurez: deportistas, líderes empresariales, emprendedores, líderes políticos, artistas, entre otros.
Pero todos sabemos que en Colombia, promulgar normatividad no es suficiente. Por esta razón, no solo la eliminación del límite debe ser la primera propuesta, sino que debe complementarse con otros componentes, a saber: curules especiales en ambas cámaras; financiación estatal con topes bien establecidos y mecanismos de control; elecciones primarias; paridad con base en género; y, tal vez más importante, formación política. Todo esto debe realizarse mediante la promulgación de diversas leyes y actos legislativos que modifiquen la constitución.
Curules especiales para jóvenes, en donde solo se postulen jóvenes (entre 18 y 28 años acorde a la ley 1622 de 2013); elegidos por jóvenes, en listas presentadas por organizaciones sociales y políticas, donde prime el principio de paridad: la mitad compuesta por hombres y la otra mitad por mujeres. Dichas curules no deberán ser adicionales a las actuales, para así no incrementar gastos en salarios. Las listas deberán ser conformadas mediante un proceso de elecciones primarias para asegurar un proceso depurado.
Es crucial que la financiación de las campañas sea 100% estatal y no se maneje el modelo mixto actual que implica una gran inversión por parte de candidatos y candidatas. Esto, con el fin de asegurar una inclusión real y que no se “coleen” delfines políticos y grandes capitales que tergiversen la iniciativa. Los topes deben ser claros y el seguimiento financiero debe ser expedito para asegurar la transparencia y el buen manejo del recurso.
Finalmente, la formación política es crucial para que se permita una verdadera consolidación de la propuesta política. Si se asignan unas curules, siempre hay riesgos de que oportunistas se aprovechen de la juventud, los intenten manipular o utilizar; también está el peligro de la abstención electoral, la cual es particularmente alta en esta población. Por tal motivo, tanto electores como candidatos deben prepararse para la función que van a desempeñar, y esto consiste, no solo en conocer los aspectos jurídicos del estado, sino en promover una cultura política que implique un imperativo moral con base en principios ciudadanos.
No significa esto que los jóvenes vayan a ser segregados en las elecciones o que deban votar exclusivamente por esta circunscripción, pues podrán ejercer su derecho de manera libre por cualquier candidato o candidata de su preferencia. Al contrario, quienes deseen votar por las listas sí deberán pertenecer a este grupo etáreo.
Actualmente hay muchos espacios para participación en las instituciones de gobierno, las plataformas y los consejos de juventud son un claro ejemplo de ellos, sin embargo, muchos de estos se quedan como un saludo a la bandera, pues no implican un involucramiento profundo de la juventud en las decisiones de política pública, pues desempeñan un rol consultivo y no decisor, lo que ocasiona que se conviertan en escenarios de debates eternos que no siempre conducen a soluciones tangibles. Con una representación en el congreso, la voz de los jóvenes va a contar y va a ser tenida en cuenta, además van a poder decidir sobre los grandes aspectos que afectan a la nación.
Las condiciones constitucionales e institucionales son necesarias para buscar el desarrollo y el progreso de las sociedades democráticas como la colombiana, sin embargo, son insuficientes debido a las características estructurales de las sociedades. Por eso, es responsabilidad de los y las jóvenes cuidar espacios como los que propongo y no permitir que terceros se apoderen de ellos. El futuro es de los jóvenes y nosotros no estamos sintonizados con ustedes, no los escuchamos, no los entendemos. Esto, hoy más que nunca, cobra especial relevancia.
