Los recientes hallazgos de la Contraloría sobre la malversación de más de 10 billones de pesos por parte de algunas EPS entre 2020 y 2022 ponen de manifiesto el fracaso rotundo del modelo de aseguramiento en salud derivado de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, en lugar de reconocer esta realidad y apostar por una reforma integral, algunos congresistas insisten en perpetuar el negocio de las intermediarias, aunque disfrazado con terminología progresista.
La propuesta de "reforma" presentada por estos congresistas, autodenominados independientes y de centro, no es más que un intento de maquillar el mismo modelo fallido. Bajo el anzuelo de supuestas innovaciones, lo que en realidad se esconde es un diseño que mantiene el predominio de las EPS —ahora rebautizadas como EGS— sobre el sistema de salud.
Uno de los rasgos más reveladores de esta iniciativa es la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones en Salud: 65% para el aseguramiento (UPC), 25% para salud pública y atención primaria, y apenas 10% para subsidio a la oferta. Es decir, la mayor parte de los fondos públicos seguirían fluyendo hacia las arcas de las intermediarias, mientras se destina una porción insuficiente a fortalecer la red hospitalaria y los servicios de salud pública.
Incluso, el llamado "Giro Directo" de recursos a las IPS no sería más que una ilusión, pues requeriría la autorización previa de las EGS, manteniendo así el control de estos fondos por parte de las intermediarias. Además, la propuesta preserva el lucrativo nicho de los servicios de baja complejidad para las EPS, facilitando aún más su integración vertical y el enriquecimiento a costa de la salud de los ciudadanos.
Resulta paradójico que, ante los graves problemas de corrupción y desvío de recursos públicos en el sector, estos congresistas insistan en proteger el negocio de las intermediarias. ¿Acaso no deberían estar proponiendo soluciones estructurales que rompan con este esquema perverso y garanticen el acceso efectivo a servicios de salud de calidad para todos los colombianos?
La evidencia es clara: necesitamos una reforma integral del sistema de salud, no más parches o maquillajes que perpetúen los privilegios de unos pocos. Es hora de poner fin a este saqueo y apostar por un modelo que anteponga la salud y el bienestar de la población por encima de los intereses empresariales. Solo así podremos reconstruir un sistema de salud justo, eficiente y sostenible para las generaciones venideras.
