El Congreso de la República siempre será la mejor excusa para poder ilustrar de una forma coherente la calidad del sistema democrático de Colombia. Montesquieu propuso en el siglo XVIII que efectivamente el poder no podía quedar a merced del rey o monarca, que debían existir unos pesos y contrapesos para que la idea de Estado se pudiera constituir de una forma legítima.
De hecho, en su brillante obra El espíritu de las leyes estableció la necesidad que tenían los sistemas monárquicos de la época y propuso una tridivisión del poder, que hoy en día está vigente. Así mismo, existen muchos autores (incluyendo a Montesquieu) que establecen que el poder legislativo es el que desempeña el papel protagónico en el desarrollo de sus Estados, toda vez que con una fuerza legislativa acorde y dinámica con las necesidades sociales se puede generar una verdadera institucionalización.
Ahora bien, la cuarentena decretada por Iván Duque impidió que el presidente del Congreso diera apertura al año legislativo mediante el primer periodo de sesiones ordinarias. Por ende, se decidió postergar dicha decisión, adhiriéndose acertadamente a contrarrestar la propagación del COVID-19. Acá cabe advertir que para que el Congreso de Colombia funcione sin ningún contratiempo de manera presencial se requiere aproximadamente el trabajo de 2.500 personas.
La realidad actual de un Congreso en vacaciones desde diciembre de 2019 nos deja un sinsabor al entender que el privilegio del que gozan los líderes del país debería limitarse lo más pronto posible para poder suplir necesidades básica de familias colombianas que aún tiñen la cuarentena como el capítulo de mayor zozobra y necesidad de sus vidas. Colombia desde sus albores ha vivido el extenso debate de sueldos exorbitantes de sus altos dignatarios, discusión que ha fracasado en distintos capítulos de la historia democrática del país por tratar de enmendar y de equilibrar.
Los congresistas deben escuchar el clamor del pueblo colombiano y legislar en favor del débil. El país debe entender que la legislatura comprende solo un año de discusión, por ende, los proyectos de ley que aún no han sido discutidos y que no se logren discutir antes del 20 de julio de 2020 se archivarán inmediatamente... aún reposan temas sensibles que pasan sus trámites de discusión en Cámara y Senado. En consecuencia no debemos permitir que apologías anacrónicas condenen el uso de herramientas tecnológicas como respuesta a la realidad social del país. Aún no concibo que el Congreso de Colombia no se acomode a la extensa baraja de soluciones tecnológicas para discutir y legislar en función del pueblo.
Por otro lado, la cuarentena ha sido un valioso espacio de reflexión mediante la cual coincidimos en reinventar el campo de acción del poder público del país: que el congresista tenga el mínimo compromiso civil con su país y sea transmisor de solidaridad a través de la donación de su salario para suplir las necesidades básicas de los que sufren. Llegó la hora de condenar el descrédito que exterioriza un amplio sector de parlamentarios y que los nuevos tiempos que se avecinan sean una grata cátedra de educación en democracia para que el país aprenda a elegir en función de la necesidad común.
Como el presidente del Congreso no tuvo la “voluntad política” de citar a sesiones virtuales que ejerzan el mínimo de decencia con el país y renuncien a sus honorarios, Colombia hoy les quiere recordar a esos congresistas irresponsables la frase del político norteamericano Horace Mann: "Avergüénzate de morir antes de haber conseguido alguna victoria para la humanidad”. Condenemos y recordemos a aquellos que se negaron a replantar la sociedad en tiempos en donde el mismo concepto de vida se desea minimizar por el dinero.
