Sin el afán de pretender aprehender en su totalidad el problema del uribismo y sus derivados, que deviene en el reacomodo de un puñado de agentes estatales para favorecer intereses privados, se podría decir que la intentona por consolidar un neocorporativismo que disimule la nula participación popular, los graves casos de corrupción y la ilegitimidad de Iván Duque ha sido encubierta bajo, únicamente, el pretexto de una crisis institucional.
Así es que no se puede negar, entonces, que exista una crisis institucional. El meollo del asunto radica en la interpretación de lo que podría significar una crisis institucional. Al modo de ver de Duque y en general de todos quienes representan esa fisura acomodada entre oligarquía conservadora y burguesía liberal, la crisis se fundamenta en el choque de trenes que representa el poder de la Justicia Especial para la Paz y la justicia ordinaria —normalmente cooptada por esa fisura—, y todo lo que eso conlleva.
Sin embargo, existe al menos otra forma de ver la crisis institucional, esto es, el hecho de que los propósitos de la Fiscalía General de la Nación y de, inclusive, el Ministerio de Justicia, están en clara contradicción con los intereses de los agentes que encarnan estas instituciones. Esa contradicción podría tomarse fácilmente como algo natural o normal, producto del principio de parcialidad del que ningún ser humano se escapa. A pesar de eso, se supone que, por la característica de las funciones que deberían cumplir instituciones como la Fiscalía o el Ministerio, sus agentes tendrían que ser, en la medida de lo posible, imparciales.
Ahora bien, ¿por qué decir que hay algo así como un intento por consolidar un neocorporativismo que es evidentemente parcial? La respuesta, o por lo menos un modo de responder, podría ser el hecho de que el gobierno de Iván Duque se ha encargado desde sus inicios de atender a los intereses de grupos, empresariales principalmente, en detrimento del interés general. Es decir, cargos como el de Néstor Humberto Martínez se deben a un ajuste de cuentas que permitió encubrir muchas cosas (Odebrecht, por poner un ejemplo) pero que, por su propio peso, ahora sufren una estrepitosa caída.
Estas maquinaciones que parecieran ser del gobierno Duque, no lo son. Desde muy temprano en su mandato e inclusive desde antes, la capacidad de agencia se ha alejado del poder del Estado. En otras palabras, el ejercicio de poder que pensamos se ejerce desde el Estado, en realidad se hace desde entidades paraestatales producto de consensos neocorporativos ilegítimos, en tanto no satisfacen intereses generales o, por lo menos, intereses más amplios. Allí encontramos nuestros magnates colombianos y demás amigos de lo ajeno.
En últimas, es muy válido preguntarse sobre lo que subyace realmente a esta irrealidad política. ¿Qué traman el uribismo y sus aliados? O, mejor dicho, ¿qué trama ese para-Estado que se ha venido gestando a lo largo de nuestra historia republicana y que se acentúa con el gobierno de Duque-Uribe? Esperemos que nada bueno.
