Las sociedades actuales contemporáneas, se han conformado inspiradas en el paradigma de la “sociedades democráticas” de corte liberal, donde los derechos civiles, políticos, sociales y económicos, y de solidaridad son objeto de promoción, defensa y garantía por parte del Estado-nación hacia los miembros que lo constituyen. En el caso de Colombia siendo un Estado Social de Derecho, tiene la función social de velar por el pleno respeto y las garantías que merecen éstos derechos. Sin embargo, la concepción de los derechos han transcendido a medida que emergen demandas de la misma sociedad y actualmente se habla de los famosos DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), no solamente como el reconocimiento del conjunto de derechos que tienen cabida en las relaciones sociales, sino también la relación que se establece entre hombre y naturaleza.
El 19 y 20 de octubre delegados del Estado Colombiano presentaron un informe a la ONU sobre la situación de los derechos humanos que tiene su país. En la evaluación que hicieron expertos de la comisión de Derechos Humanos de la ONU no le fue tan bien, y enviaron un ultimátum a Colombia dando un plazo de un año al Estado Colombiano para responder con efectividad las exigencias de justicia frente a casos de impunidad de ex-paramilitares, violencia contra la mujer, desconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI y la investigación pertinente a casos de periodistas (las famosas chuzadas por el DAS).
En este sentido, se hace necesario, entonces que activemos las alarmas y despleguemos las acciones, gestiones, y actitudes encaminadas a hacer justicia confrontando la impunidad que alberga el olvido.
Es decir, investigar, denunciar e intervenir sobre estos casos de violaciones, implica comprender una compleja red de situaciones donde la “lógica de la violencia”, las “élites dominantes” que se concentran en el poder, la escasa participación de la población civil en la toma de decisiones importantes, el imaginario de que la política es para robar, el fenómeno del narcotráfico, la clientela, la amplia brecha entre ricos y pobres, la falta de oportunidades, y en general los valores que reproduce el proyecto político neoliberal coloca el problema de impunidad ante un panorama gris y desolador.
Eso no significa que sea irresoluble abordar las violaciones de derechos humanos en Colombia, en clave de su promoción y defensa efectiva, implica una lectura del contexto histórico, identificar los riesgos, prevenir las amenazas y generar una cultura ciudadana que pierda el miedo, denuncie, exija y se movilice por la defensa de sus derechos humanos, tanto individuales como colectivos.
