En lo que va corrido del año 2022 son significativas las movilizaciones ciudadanas en relación con conflictos por la tierra, la vivienda y el hábitat. Las principales ciudades del país han producido tensiones por el desalojo de espacios públicos (Bogotá) y la restitución de terrenos privados (Cali), que evidencian una gran problemática de vivienda y hábitat en el ámbito urbano del país. Este asunto requiere una política de rectificaciones en el campo de la aplicación normativa y de la planeación urbano regional, que se espera queden anidadas en el nuevo Plan de Desarrollo Nacional, hermanando la construcción del derecho a la ciudad con el derecho a la vivienda, asunto que implica superar la mirada reduccionista y parcializada de restringir la demanda de vivienda a tierra y un techo, cuando se trata de potenciar nuevas formas de vida sostenible en la ciudad.
El mayor síntoma del mal vivir en las ciudades es la persistencia y el crecimiento de asentamientos humanos de desarrollo incompleto, que no disponen de condiciones óptimas de vida, por falta de servicios públicos domiciliarios, vías que permitan una adecuada movilidad, equipamientos para prestar los servicios sociales de educación, salud, bienestar, la falta de espacios públicos, de parques de recreación y encuentro comunitario, y especialmente, de vivienda con las condiciones espaciales y funcionales adecuadas. Estas realidades terminan generando entornos de tugurización, que se imponen en medio de la des planificación, la segregación espacial y la exclusión social.
Foto: Milton Ochoa
Cuando la ciudad se estructura alrededor de asentamientos humanos de desarrollo incompleto, las ciudadanías que habitan los territorios urbanos se ven afectadas por la precarización de la vida, pues se afecta todo el ordenamiento del territorio, la prestación de los servicios, las normas de convivencia básica y la legitimidad de la autoridad local, en medio de un universo de aspectos más amplios. Especialmente, la población concentrada en los asentamientos precarios, no tiene acceso a oportunidades, lo que se considera un factor generador de violencias sociales y económicas de todo tipo, por lo que se debe generar una política eficaz de desarrollo humano, centrado en superar los círculos de la pobreza de las familias y personas asentadas y en consolidar las prácticas de convivencia en estos territorios.
Los cambios en la planeación para concretar las transformaciones que nuestras ciudades demandan en el área de la vivienda y hábitat deben reconocer que la ciudad se transforma a sí misma desde distintos campos de la vida, pero se requiere un papel promotor del Estado y una voluntad manifiesta de los gobiernos, para avanzar en la transformación de las políticas con un sentido práctico; en esa dirección se comparten algunas de las líneas que van exigiendo prioridad en este período:
- Fortalecer los procesos de ciudad región y de ordenamiento de áreas metropolitanas que permitan nuevos equilibrios en las formas de producir, construir, habitar y movilizarse; para ese propósito es fundamental un nuevo desarrollo de la ley marco de ordenamiento territorial, tanto en términos de implementar, como de ajustar lo existente, en la perspectiva de ampliar LA de gestión de la integralidad de la vida urbana.
- Abogar por la armonización y modelación de la gestión de ciudades a partir de los criterios urbanísticos de la ciudad compacta en su crecimiento planificado, conectada a partir de sus vías e infraestructuras de transporte, espacio público y movilidad, integrada con las ecorregiones y redes productivas, socialmente incluyente y reconciliada en sus formas de convivencia y democracia, y ambientalmente sostenible a partir de la protección de su biodiversidad y sus ecosistemas.
- Incentivar proyectos de vivienda que consoliden la complementariedad de los municipios conurbanos y eviten la dispersión de proyectos inadecuados en los bordes. Es fundamental fortalecer los criterios urbanísticos de localización, agrupación y gestión de los programas de hábitat, planteando una gestión coordinada del área de expansión urbana, con el fin de distribuir razonablemente la ocupación de los suelos por programas de vivienda y definir con prioridad los programas de dotación de infraestructura de servicios públicos, vías y sistemas de transporte, entre ot
- Favorecer el uso racional de las áreas de expansión urbana, concebidas como zonas de potencial para reducir el consumo energético, así como para la adopción de factores de sostenibilidad asociados a la generación de energías alternativas, uso racional de recursos no renovables, aumento de la densidad arbórea para incrementar la producción de oxígeno y fortalecer los ciclos ecosistémicos, especialmente los relacionados con aguas subterráneas y escorrentías, o el reciclaje urbano de aguas lluvias. En el campo normativo se pueden formular iniciativas que impulsen una oferta de beneficios tributarios para promover el desarrollo de urbanizaciones integrales, con equipamientos completos, áreas recreativas interconectadas con las urbanizaciones vecinas que aumenten y cualifiquen su oferta de plataformas económicas y servicios para la comunida Las urbanizaciones deben buscar integración urbana de diversos estratos.
- Fomentar la densificación diferenciada y controlada según las características de cada zona, delimitando unas zonas de densificación intensiva, mediante el desarrollo de vivienda en altura y de zonas concretas de actividad económica, que permitan una mezcla adecuada de actividade Se impone diversificar en proyectos que vayan desde pequeños edificios en uno o dos lotes de vivienda unifamiliar, hasta proyectos que logren englobar un conjunto amplio de predios.
- Fortalecer una política pública más eficaz de reasentamientos de poblaciones en el marco de la Gestión de Riesgo de Desastres y se replanteen intervenciones de fuerza, ligadas a reubicaciones des planificadas; se requiere entonces de una propuesta integral que involucre la participación de los afectados en el diseño de un proceso de reasentamiento en nuevos espacios que impliquen vivienda, trabajo, construcción de tejido e inclusión social.
- Robustecer los protocolos concertados de Control de Bordes, que viabilice la formación de actores sociales y comunidad sobre las implicaciones legales, de riesgo, amenaza y de daño ambiental al localizarse en zonas no aptas para urbanizar.
Sin duda la agenda es amplia y requiere grandes esfuerzos institucionales y ciudadanos. Comencemos.
