María Isabel Urrutia fue condenada de manera anticipada hace mas de tres meses, por twitter, por el presidente. El suicidio del coronel Dávila fue dictaminado, también por la red social, por el mandatario. ¿Golpe blando -o duro- a la justicia y, en el primer caso, a la presunción de inocencia?
No conozco personalmente a María Isabel Urrutia, aunque millones sabemos que obtuvo la primera medalla de oro olímpica hace ya 23 años en los juegos de Sidney, Australia. Es decir, una deportista orgullo de Colombia. Brilló de nuevo al ser nombrada ministra del Deporte en agosto del año pasado. Deportista, afro, vallecaucana, mezcla propicia para ejercer con altura la cartera.
A Urrutia, al lado de Patricia Ariza, ministra de Cultura, y de Alejandro Gaviria, le pidieron la renuncia en la primera tanda de despidos. Lo de Gaviria era previsible por su postura frente a la reforma de la salud y la intransigencia de la ministra del ramo, despedida en la siguiente ronda de botados. Tampoco se supo nunca por qué salió Patricia Ariza, un ícono de la cultura en Bogotá y que, hasta la fecha, no ha sido sustituida. En cuanto a María Isabel, en la fecha de la solicitud de presentación de su carta de renuncia, nada indicaba algún manejo irregular.
En el breve discurso del 26 de febrero en el que el presidente se refirió a los despidos, dijo: “…he decidido nombrar a Aurora Vergara como ministra de Educación y Astrid Rodríguez como ministra del Deporte, para que con nuevas energías pueden (sic) culminar el proceso de reformas iniciadas”. Un elogio implícito acerca de caminos iniciados en las dos carteras.
Hemos visto en días recientes que a María Isabel Urrutia le serán imputados cargos por “presuntas irregularidades en 104 contratros firmados en esa cartera” (El Tiempo 15.6.23). Ignoro si es o no responsable; la justicia fallará.
El tema que resulta alarmante, que parece constituir un patrón, es el de los juicios presidenciales. Fue condenada de antemano, sin mediación de la justicia ni de organo de control alguno, a los pocos días de su “renuncia”, tres meses antes de la noticia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía.
El 7 de marzo pasado, Petro trinó: “He declarado insubsistente a la ministra del deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación. Hoy se posesiona la nueva ministra, por primera vez una educadora física, de la universidad pedagógica (sic), entrara (sic) a un gobierno”.
Cero presunción de inocencia, juicio anticipado de responsabilidad fiscal, linchamiento público
Cero presunción de inocencia, juicio anticipado de responsabilidad fiscal, linchamiento público. Es posible que las indelicadezas, probablemente delitos, hayan ocurrido. No obstante, en el clima de polarización ya conocido, sorprende el juicio presidencial, más de tres meses anterior al pronunciamiento de la Fiscalía, poniendo a Urrutia en la picota pública. Y algo ya recurrente: hablamos de una persona nombrada por él mismo.
El otro caso, de estos días, ya ventilado en columnas de opinión, es el dictámen presidencial, también por twitter, sobre el suicidio del coronel Dávila. Con características análogas al caso Urrutia: sin que la Fiscalía o entes técnicos autorizados se hayan aún pronunciado.
Es posible que muy pronto nos ratifiquen el dictamen presidencial, que el coronel, efectivamente, se quitó la vida. Un caso muy extraño, como bien afirma Héctor Abad: alguien que paga a su abogado, el día del supuesto suicidio, una cifra muy superior al monto del supuesto robo de parte de la niñera, que, oficialmente asciende a $ 30 millones… y se pega un tiro.
No presunción de inocencia, linchamiento público a una exministra propia, sustitución de Medicina Legal, todo vía twitter. Y cero disculpas ni enmienda.
