Desde hace mucho tiempo usamos organismos genéticamente modificados en medicina. Por ejemplo, las personas que sufren de diabetes consumen insulina, que es una hormona que se produce con modificaciones genéticas. El uso de esta ha permitido encontrar una manera de controlar los niveles de azúcar en la sangre de los diabéticos. Además, la mayoría de las vacunas también se han producido gracias a modificaciones genéticas. De hecho, en este momento hay investigaciones que se están realizando para controlar el COVID-19 que se basan en dichas modificaciones.
La ciencia no solo ha logrado estos avances en medicina, sino que también se han aplicado a sectores como el alimenticio. Canadá es uno de los países líderes en aumentar el número de cultivos transgénicos: en el 2011 hubo un aumento de más de un millón de hectáreas con este tipo de cultivos. En dicho país, los cultivos transgénicos representan el 58% del maíz, el 46% de la soja y el 80% de la canola.
En contraste, en Colombia varios congresistas presentaron un proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 81 de la constitución para “prohibir el ingreso al país, así como la producción, comercialización, exportación y liberación de semillas genéticamente modificadas”. Con el argumento de proteger el medio ambiente y garantizar el derecho de los campesinos y agricultores a las semillas libres, Colombia podría cometer un error grave a restringir la posibilidad de producción alimenticia a las semillas que nos da la madre tierra. Dado el número de habitantes que tiene el país y su conocimiento científico, es importante preservar el medio ambiente y la seguridad de los campesinos, pero también es importante proteger a la población del acceso a alimentos nutritivos que permitirán su desarrollo físico e intelectual adecuado. En otras palabras, es éticamente inaceptable que, teniendo acceso a tecnología de alimentos, se ponga a una nación en riesgo de malnutrición o inclusive de hambruna.
La comunidad científica se ha pronunciado con una carta respaldada por más de 100 firmas que explica la situación, no solo desde el punto de vista ambiental o de seguridad del acceso a semillas propias, sino también desde el ámbito del avance científico. Por un lado, desconocer los avances de la ciencia para incorporar vitaminas, por ejemplo, al arroz, puede llegar a ser un retroceso importante para la capacidad nutritiva de nuestros compatriotas. Por el otro lado, desincentivar que compañías colombianas de alimentos (arroz, trigo, soya) incorporen desarrollo científico en alimentos las puede retrasar en su competitividad a nivel regional e internacional.
Querer proteger el medio ambiente y la garantía de semillas para los agricultores no debería llegar a impedir la producción de alimentos con base en organismos genéticamente modificados. Es posible tener lo primero sin afectar lo segundo.
En este punto, los congresistas deberán analizar el tema desde varios ámbitos antes de tomar una decisión que puede llegar a tener consecuencias negativas para la nutrición de los y las colombianas. Desde AvanCiencia estaremos vigilantes a esa trascendental decisión que tendrá que tomar el Congreso.
