Arde entre acusaciones y maldiciones la polémica por un decreto de dos días atrás mediante el cual se decide la “pérdida del derecho al uso” de unas condecoraciones concedidas entre 1985 y 1989 al retirado mayor general, Jesús Armando Arias Cabrales.
Se dice, entre los críticos, que esta es una medida gubernamental de “venganza” contra alguien que, antes bien, participó de la recuperación del Palacio de Justicia entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 tras la toma por parte del M-19.
El tonto, decía Erasmo de Roterdam, no ve más que los hechos, de manera que entre la furia de los críticos se pierde de vista la razón escuetamente obvia de la medida. Una medida que, aunque no proviniera de un decreto gubernamental, se da por sentada ante las condiciones de los delitos por los que fue ya condenado Arias Cabrales.
En efecto, el retirado mayor general se encuentra condenado a 35 años de prisión, no porque hubiera participado en la operación para recuperar el Palacio de Justicia, lo cual era su deber, sino por hechos de exceso durante las operaciones cuyo control le fue asignado como militar; por hechos, peor que eso, de desaparición forzada de personas, sucedidos en días posteriores.
Las personas que fueron desaparecidas, entre las que se ha comprobado la presencia de guerrilleros y de civiles, fueron retenidas, torturadas, y asesinadas, según fallos dictados.
A Arias Cabrales se le asignó el control de las operaciones; tenía que tratar o hacer tratar con humanidad a los combatientes del M-19 vencidos y, por supuesto, a los civiles contra los que hubiera alguna sospecha. Su condena es por excesos y por hechos en un control de operaciones que estuvo a su cargo.
Con toda seguridad otros fueron quienes aplicaron las torturas o apretaron los gatillos contra las personas que se ha comprobado salieron vivas del Palacio y posteriormente desaparecieron, pero el control de estas operaciones estaba bajo su autoridad. Por eso la condena.
Y la pregunta obligada es: ¿puede un militar, o puede cualquier persona condenada por actos de deshonra, de exceso, por actos crueles e inhumanos, usar unas medallas o condecoraciones que le fueron concedidas precisamente por su participación en hechos por los que luego es condenado?
En cualquier escenario parece claro que no. Las condecoraciones son símbolos, y como símbolos que son cambian de escenario, de perspectiva, por eso son a la postre fútiles las medallas y los premios.
A Arias Cabrales nadie le quita las condecoraciones, se las dieron, con seguridad sin mucha ponderación, pero se las dieron. Lo que sí pueden quitarle es el derecho a usarlas como forma de reconocimiento
Por eso a Arias Cabrales nadie le quita las medallas o condecoraciones que le dieron; se las dieron, con seguridad sin mucha ponderación, pero se las dieron. Lo que sí pueden quitarle es el derecho a usarlas como forma de reconocimiento estatal, que es lo que hace el decreto que se cuestiona. Está condenado por hechos inhumanos y es obvio que no pueda usar condecoraciones que en su momento calificaron tales hechos como hechos de valor.
El debate está ardiendo y lo estará por largo tiempo. Este es un país con más heridas abiertas que cicatrices. Tendrá que cicatrizar, pero tardará.
En particular reconozco que preferiría que todo lo relacionado con nuestra historia sangrienta, ocurriera en muchos casos como lo escribió Alfredo Molano en el libro Otros Rumbos. Allí cuenta que un general terrorífico, odiado por indígenas y campesinos, ordenó en su momento masacres y fusilamientos. “A raíz de la ofensiva del 1 de enero, el EZLN (Ejercito Zapatista) tomó prisionero al general y después de 20 días de cautiverio lo juzgó y lo condeno a vivir en libertad hasta el último de sus días con la pena y la vergüenza de haber recibido el perdón y la bondad de aquellos a quienes tanto humilló, despojó, robó y asesinó”.
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