Es alarmante el panorama que se vive a nivel mundial en cuanto a desigualdad social: la brecha entre pobres y ricos va ganando terreno en dimensiones desproporcionadas como si se tratase de algo inexorable. En la mayoría de los países la concentración de riqueza en pocas manos se está convirtiendo en algo natural, las políticas adoptadas están conllevando a condiciones de vida en detrimento para los pobres y las necesidades básicas son latentes. Sin ir muy lejos, nuestra región (Latinoamérica), también es un claro ejemplo de ello. Países como Haití, Nicaragua, Honduras, Venezuela, Bolivia, Colombia, entre otros, son reflejo de que existe pobreza, pobreza extrema y concentración de riqueza en muy pocas personas. Somos la región más desigual del mundo, sin embargo las más pobres siguen siendo las africanas.
Según la confederación internacional Oxfam, a enero del año 2019: “las 26 personas más ricas tienen más dinero que el 50% de la población mundial”. Esto quiere decir, que la desigualdad social va en aumento en la mayoría de los países, sean asiáticos, europeos, americanos, africanos u oceánicos, y sus principales causas apuntan a las políticas e instituciones adoptadas por cada uno, pues estas influyen directamente en la distribución de la riqueza.
Desde las décadas finales del siglo XX, más exactamente desde los años ochenta, el sector privado se ha ido apoderando poco a poco de las riquezas de los estados, y a medida que estos incrementan su afluencia de capital, los gobiernos pierden poder y las naciones se sumergen en desmesuradas deudas externas que propenden a convertirse en impagables.
Esto se explica, a través de una serie de paradojas. Por ejemplo, de acuerdo con el Banco Mundial, “Colombia es el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo en todo el mundo” y si nos vamos al contexto, Colombia es un país el cual fundamenta su economía en la explotación y exportación de materias primas y recursos naturales, pero los mandatarios al llegar al poder definen las políticas económicas enajenándolas a las empresas extranjeras y privadas.
Se tiende al enriquecimiento particular, la riqueza de la Nación se encuentra en manos de privados, y luego estos privados llegan a ocupar cargos públicos, concentrándose en maniobrar los recursos de excelente manera para ellos pero de muy mala manera para el pueblo, privándolo de sus derechos constitucionales.
El modelo económico que domina hoy día, se fundamenta en la concentración de la riqueza y beneficios a unos pocos, mientras que los demás deben trabajar arduamente para poder sobrevivir a un modelo agresivo y angustioso.
Por si fuera poco, el modelo se acompaña de un sistema mañoso que camufla la riqueza. Según un informe Sobre Desigualdad Global 2018, elaborado por World Inequality Lab, “los paraísos fiscales cuentan con activos de más del 10 por ciento del PIB mundial y, básicamente, permiten que las personas multimillonarias escondan a sus estados la verdadera cantidad de dinero que poseen, logrando así evadir impuestos y responsabilidades fiscales”.
Lo peor de todoes que a medida que aumenta la concentración de la riqueza en pocas manos, los estados debido a sus enormes deudas que superan sus activos, se ven muy alcanzados y cada vez tienen menos capacidad para accionar. Destinando al resto de la población a producir sin la certeza de que a futuro recibirán una pensión, y a que los jóvenes y sus familias tengan que recurrir a créditos para poder estudiar.
Este es un tema que no se puede dejar proliferar, los economistas tenemos que hacer algo. Si la concentración de riqueza en pocas manos continúa, la desigualdad social se acrecentará y esto traerá consigo una reducción de riqueza de la clase media, lo cual hará que la brecha entre ricos y pobres sea insostenible. La realidad es evidente y advierte que reducir la brecha no es para nada fácil, porque los estados necesitan resurgir y lastimosamente este modelo los ha absorbido.
Tampoco se trata de quitarle al rico por quitarle para darle al pobre, porque así tampoco funcionaria. Es que el estado adopte medidas concretas para reducir la desigualdad, los gobiernos deben financiar principalmente servicios públicos básicos. Aplicar impuestos justos a las grandes firmas y erradicar la evasión y elusión de impuestos, de esta manera se podría obtener los recursos necesarios para que millones de niños y niñas del planeta puedan acceder a educación, salud, vivienda, y se garantice que no tengan que endeudarse para poder pagar todos estos costes por culpa de un modelo económico que sin duda ha fallado.
