Esta semana, la Autoridad Nacional Afrocolombiana o Anafro que reúne 109 representantes de todo el país, entutelaráel Plan Nacional de Desarrollo. La violación de dos derechos sustenta su acción: el plan no fue consultado con ellos, a pesar de que esta es una obligación constitucional e internacional que tiene el gobierno. Además, se vulneró su derecho a la igualdad: con los indígenas y los gitanos sí hubo proceso de consulta previa y acuerdos. Y la consecuencia es una propuesta de Plan que no solo no contempla soluciones a las difíciles situaciones que vive el pueblo afro, como las de discriminación y de desplazamiento, sino que, al parecer de las organizaciones negras, las profundiza.
Esta tutela pone en manos de un juez de la República la continuación del trámite legislativo del Plan Nacional de Desarrollo, pues la acción pide sacarlo del Congreso y consultarlo con las comunidades afro. Eventualmente, latutela podría ser seleccionado por la Corte Constitucional para revisarla, pero esto puede demorarse varios meses. Si, entretanto, el Plan ya se convirtió en una ley, el movimiento afrocolombiano se jugaría la otra carta: la acción de inconstitucionalidad, en donde sí es la Corte en pleno la que decide y tendría que tener en cuenta su propio precedente: una sentencia sobre el segundo Plan de Desarrollo de Uribe que no fue consultado. En esa ocasión, el tribunal no lo declaró inconstitucional en su integridad, pero sí exigió que todas las políticas, proyectos o programas que afectaran a pueblos étnicos, tendrían que consultarse con ellos antes de su implementación.
El argumento del gobierno para haber presentado el Plan sin consulta afro es que, sencillamente, no tenía con quién definir cómo se hace la consulta previa y con quién cerrar los acuerdos. El Consejo de Estado abolió en 2010 la Consultiva de Alto Nivel que existía desde 1993, al consideró que sus integrantes suplantaban a las legítimas autoridades afrocolombianos. El gobierno, para crear uno nuevo, citó en Quibdó a un gran Congreso afrocolombiano, que se llevó a cabo en agosto de 2003 con más de mil participantes. Allí nació la Anafro, justo la Alianza que va a demandar el Plan. De este encuentro, nació también una propuesta de protocolo de consulta que, según los demandantes, podría haber funcionado para constituir oportunamente el espacio que reemplazaría la Consultiva y con la que se podría haber consultado el Plan Nacional de Desarrollo.
El presidente Santos inauguró el primer Congreso del Pueblo Negro
Sin embargo, el gobierno decidió esperar un fallo de fondo que había prometido la Corte Constitucional a principios de 2013. Esa sentencia se demoró en llegar y fue notificada apenas en noviembre del año pasado. Allí estableció el procedimiento para consultar la creación del nuevo espacio consultivo de leyes y legitimó el protocolo afro que las comunidades propusieron en el Congreso afro. Desde ese momento, el Ministerio del Interior realizó asambleas en los departamentos, y en febrero, un encuentro nacional, a la víspera de la fecha límite para radicar el proyecto de ley al Congreso. Les propuso a los delegados aprovechar la reunión para consultar de un tirón el Plan, pero ellos no estuvieron de acuerdo: una consulta debe ir al territorio, no hacerse en un recinto cerrado con representantes que no fueron delegados por las comunidades con ese fin.
Carlos Rosero, de la organización Proceso de Comunidades Negras argumenta que desde junio del año pasado, varias organizaciones afrocolombianas a través de la Anafro, le han pedido al gobierno buscar una fórmula para consultar el plan y no arriesgarse a la prisa o sin salida que generaría un fallo tardío de la Corte. En octubre de 2014, en la instalación de la mesa de la cumbre agraria, José Santos del Proceso de Comunidades Negras, le expresó al Presidente Santos, que a esas alturas, ya debía haberse puesto en marcha la consulta del Plan Nacional de Desarrollo. El presidente respondió que desde el Ministerio de Justicia estaban haciendo lo posible por tener la más pronta respuesta de la Corte y poder comenzar el proceso. Según una fuente del Ministerio del Interior que pidió no ser citada, para el gobierno adelantar cualquier concertación del Plan con algún sector afro hubiera sido ilegítima, porque es un movimiento disperso y sufre de muchos conflictos internos.
Aunque nadie del movimiento afro niega que hay discrepancias internas, Ariel Palacios de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Afrocolombianas consideraque hay una fuerte convergencia en torno a dos temas. Para él, frente al racismo y el conflicto armado ha habido “tonga”, un término africano que significa lo que los indígenas llaman minga. En el Plan, sin embargo, estos temas brillan por su ausencia. A la crónica amenaza del conflicto armado, se cierne hoy sobre todo el Pacífico la de la minería ilegal. Motivada por actores armados y con frecuencia intrincada en redes internacionales de tráfico, tiene a muchas comunidades en un estado de confinamiento y en la encrucijada entre el silencio o la muerte, además de invadidas de mercurio, prostitución y violencia. Un grupo de valientes mujeres negras del Cauca marchó hasta Bogotá y enfrentó al gobierno hasta que logró la firma de compromisos sobre el tema.
Para las organizaciones afrocolombianas, una consulta previa habría podido lograr que estos y otros acuerdos permearan el Plan y que en él se reservara presupuesto para cumplirlos. Por ejemplo, el acuerdo aun incumplido que se logró en el Congreso Afro en 2013 de reglamentar unos capítulos pendientes de la ley 70 de 1993 sobre territorios afrocolombianos. Para Ariel Palacios, los pocos reconocimientos afrocolombianos que existen en las leyes son una promesa o han significado nuevas amenazas y por eso es tan importante que sean abordados. Las comunidades no han podido disfrutar el triunfo jurídico del reconocimiento en 1993 de la propiedad colectiva sobre las tierras que han habitado desde tiempos ancestrales: “una vez arranca la comunidad a tener un proceso de reivindicación sobre el territorio, se viene el conflicto armado, irrumpen los externos y se percibe un veto a que las comunidades tengan una segunda oportunidad.” Ariel cita entonces a Claudia Mosquera, una de las mujeres que más han estudiado el tema afrocolombiano en Colombia: se trata del segundo momento de la diáspora.
Para Acxan Duque, de la organización Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, el Plan va incluso en contra de los derechos conquistados al privilegiar proyectos grandes de inversión por encima de los derechos de las víctimas y de los pueblos étnicos.
Axcan Duque de Quibdó (Chocó), Ariel Palacios de Magüi Payán ( Nariño) y Francia Márquez Mina de La Toma (Cauca) son tres jóvenes líderes afrocolombianos líderes en la defensa de sus derechos. Imagen de Francia tomada de www.witnessforpeace.org
El movimiento afro no solo ha construido alianzas sobre temas clave en su interior, sino con otros: con los indígenas y campesinos, por ejemplo, sobre temas territoriales y se ha unido a ellos en la Cumbre Agraria. Para Ariel Palacios, esa “tonga” la hay incluso con los que menos sospecha el gobierno. Kofi Annan, Obama y cualquier congresista estadounidense afroamericano lee y toma nota mental de la realidad racista de Colombia: no hay gente afro en el gabinete, tampoco la hay en la recepción en el Palacio de Nariño cuando visitan el país. La discriminación racial ha sido fuertemente cuestionada por Juan Mosquera, director de la organización Cimarrón: ¿Por qué en el sistema bancario no contratan personas negras? ¿por qué en los grandes hoteles la atención público no están los jóvenes negros? ¿Por qué no están los jóvenes negros vendiendo en los grandes centros comerciales? A los jóvenes les niegan las oportunidades laborales. ¿Por qué no vemos en los altos cargos ejecutivos del Estado y de la empresa privada a los profesionales negros? ¿Por qué no nos vemos en las altas Cortes? ¿Por qué no estamos en el alto gobierno?
Algunas de las prácticas de discriminación han sido documentadas por el Observatorio de Discriminación Racial, del que hacen parte el Proceso de Comunidades Negras, Dejusticia y la Universidad de los Andes. El Observatorio mostró con un estudio que el mercado laboral en Colombia está permeado de racismo: hay un 10% de menor probabilidad de que un empleador llame a entrevistaa personas negras que enviaron su hoja de vida. Ante esta aterradora realidad de los afrocolombianos en el campo y las ciudades, el Plan no contempla acciones para enfrentar la discriminación racial. Los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen que enfrentarse a la difícil pregunta de si pasará sin más un Plan de Desarrollo que excluye al pueblo afro. La última ficha jurídica del movimiento afro es acudir a instancias internacionales, donde no solo es el gobierno, sino el Estado en pleno el que debe responder por no satisfacer el derecho a la consulta previa y a la igualdad. En ese caso, Santos, como jefe de Estado tendría que poner la cara.
