Didier Tavera venía trabajando al puesto con anterioridad. Bien conoce que este es un trampolín político como lo demostró su inmediato antecesor Carlos Camargo, quien después de dos años como director de la Federación Nacional de Departamentos, saltó a la Defensoría del Pueblo. Logró que los acuerdos políticos que venía trabajando se cumplieran y consiguió salir elegido con el apoyo de 30 gobernadores. Solamente los gobernantes del Magdalena, Carlos Caicedo, y al parecer el de Bolívar, Vicente Blel, no le dieron el voto.
¿Unanimidad? Desde @MagdalenaGober NO participamos en asamblea @FNDCol ni votamos por @DidierTaveraA pues ningún candidato postulado nos representa. No engañen a los medios. FND es una organización que ni truena ni suena y olvidó la defensa a los territorios. No los apoyamos. https://t.co/uE9j3OsgDb
— Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) August 19, 2020
Llega al cargo con la justicia pesándole en la espalda con unos cuantos procesos abiertos.
Estuvo detenido en prisión domiciliario desde diciembre de 2019, acusado de presuntas irregularidades por contratos firmados en el 2016, muy recién llegado al cargo, para el Plan de alimentación escolar. Con esta detención impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá no pudo cerrar su gestión al frente del departamento que la concluyó el encargado Andrés Fandiño. Pero a comienzos de este año, su abogado Iván Cancino logró su libertad después de un mes en casa por cárcel. Pero la investigación no se ha cerrado y próximamente iniciaría el juicio.
Libertad para Didier TAVERA, #defensasconelalma. H.Tribunal revoca domiciliaria y lo deja en libertad .
— Iván Cancino (@CancinoAbog) January 29, 2020
El contrato cuestionado por la Fiscalía fue firmado por Tavera, a través de la Secretaría de Educación, con Surcolombiana de Inversiones Ltda por casi $30 millones de pesos para el suministro de tamales, que no están incluidos como parte de la dieta escolar. Detrás de la compañía estaba entonces Germán Trujillo, esposo de la exgobernadora del Huila Cielo González, y quien es señalado de ser el “Zar del PAE”. Trujillo fue condenado por ese contrato a tres años de prisión. En cuanto a Tavera, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó cargos por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
#VIDEO Momento en el que un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá impone la medida de casa por cárcel para Didier Tavera, gobernador de Santander, por presuntas irregularidades en el PAE. Detalles → https://t.co/30tWyb7luz #VocesySonidos pic.twitter.com/5ungZWk9oc
— BLU Santanderes (@BLUSantanderes) December 11, 2019
El contrato, que buscaba beneficiar a unos 124.000 estudiantes de Santander, no solo habría estado amañado sino que algunos refrigerios no llegaron a las escuelas, Trujillo había presentado sobre costos en algunos productos e incluso había pagado por la adquisición de estos a empresas que no estaban relacionadas con servicios de alimentación.
El entonces fiscal Néstor Humberto Martínez públicamente aseguró que había constatado que “en Acacías, que la empresa no tiene por objeto la fabricación de tamales y lo más revelador es que los trabajadores de la empresa de grúas certificaron a la Fiscalía que no tenían esas habilidades culinarias y que por supuesto no sabían hacer tamales”.
Pero este no sería el único proceso por el que ha estado investigado Didier Tavera. En 2014, fue capturado por el supuesto delito de concierto para delinquir y el homicidio de un hombre a manos de los paramilitares, después de que dos exintegrantes de las autodefensas atestiguaran en su contra.
Se hizo conocer en la vida publica de la mano del condenado por parapolítica Hugo Aguilar quien llegó a la gobernación en 2003. En el 2010 aspiró al Congreso con el Partido de Integración Nacional y logró elegirse como el representante a la Cámara más votado de Santander. A pesar de la investigación por homicidio, en 2015 recibió el aval de los liberales en cabeza de Horacio Serpa. Ahora Didier Tavera, que tendría además otros tres procesos en la Corte Suprema de Justicia, según la Agencia de Periodismo Investigativo, que no parecieron pesar a la hora de lograr los votos de sus colegas gobernadores. Por su manos pasaran las cifras millonarias de dinero producto del impuesto al consumo de alcohol y cigarrillos.
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