Un mes después del comienzo de los incendios que colocaron la selva amazónica en el centro de calurosas discusiones internacionales en medios de comunicación y relaciones diplomáticas, algunos científicos reunidos en la cumbre por la Amazonia el viernes 6 de septiembre en Leticia, Colombia, alertaron de que la afluencia de incendios tenderá a intensificarse a no ser que se revierta la creciente deforestación.
También subrayaron que para proteger la selva se necesitan inversiones en proyectos de fiscalización de actividades ilegales de quema y de extracción de recursos. Los roces entre Bolsonaro y los gobiernos de otros países han comprometido la donación de recursos para la protección de la selva, después de que el Ministerio de Medio ambiente también redujese su presupuesto.
El recorte de recursos dificulta la tarea
En julio de este año, el Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE) publicó sus últimos datos en los que se reflejaba que la deforestación en la Amazonía había aumentado un 50% entre agosto de 2018 y julio de de 2019 con un total de 6.833 kilómetros cuadrados arrasados. Un dato que el presidente Jair Bolsonaro cuestionó y originó la desacreditación tanto del sistema científico de medición del INPE como de su director, Ricardo Galvão, que acabó despedido. Bolsonaro llegó incluso a sugerir que Galvão podría estar vinculado a alguna ONG y supeditado a intereses “izquierdistas”.
Poco después, el 10 de agosto, la Amazonia —y principalmente la vegetación de áreas más deterioradas y próximas a los límites de deforestación— comenzaron a arder en lo que fue bautizado como “día del fuego”. Esta supuesta acción programada había sido previamente desvelada y denunciada pero el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), quien informó que la ayuda de la Fuerza Nacional de Seguridad solicitada para intentar evitarlos nunca obtuvo respuesta. En lo que va de año, el INPE ha contabilizado 71.000 focos de incendio, más de 30.000 tuvieron lugar en el mes de agosto.
“El discurso de flexibilización de la ley ambiental favoreció la ocupación ilegal de tierras, varias personas se sintieron de alguna forma autorizadas a derribar la selva y esto ocurrió entre marzo y mayo de este año. En las zonas donde hay ramas secas el fuego se propaga más rápido”, explica explica Ivar Busatto, coordinador general de la organización Operación Amazonia Nativa (OPAN). Él añade que, desde que asumió el actual Gobierno brasileño, “se ha producido una desmovilización de los organismos fiscalizadores (de la deforestación) y profundos recortes que les dificultan el control de actividades ilegales en la Amazonia”. El Ibama, que depende del Ministerio de Medio Ambiente y es uno de los principales actores en la preservación de la selva contra la deforestación y la quema, ha sufrido un recorte del 24% del total de su presupuesto.
EEUU propone inversión privada
Lo que para muchos es una “crisis internacional”, como publicó en un tuit Emmanuel Macron, presidente de Francia este 22 de agosto, para otros es simplemente ideología del “climatismo” que amenazaría la soberanía brasileña, como afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, este miércoles 11 de septiembre en una conferencia de la Heritage Foundation en Washington, Estados Unidos. "La idea de la alarma climática es acabar con el diálogo político y democrático. Los portadores de esa ideología quieren crear un equivalente moral a la guerra para imponer programas y restricciones que van contra las libertades fundamentales (...) Por el debate actual, parecería que el mundo se está acabando, y ese es el punto central del climatismo”, afirmó Araújo.
Este ministro se reunió dos días después, 13 de septiembre, con su homólogo estadounidense, Michael R. Pompeo, quien anunció un Fondo de Inversión de Impacto para la conservación de la biodiversidad de la Amazonia durante 11 años con 100 millones de dólares (90,8 millones de euros) que estará “liderado por el sector privado”, declaró Pompeo. Tras destacar que algunas “ideas” alrededor del mundo cuestionaban la soberanía de Brasil sobre la Amazonia, Araújo argumentó que la inversión privada sería la única forma de proteger la selva. “Necesitamos nuevas iniciativas productivas que creen trabajo e ingresos para los habitantes de la Amazonia y es ahí la colaboración con Estados Unidos será de extrema importancia”, respondió el brasileño según las declaraciones recogidas por el Departamento de Estado de EEUU.
Mientras Brasil cierra acuerdos con Estados Unidos, se mantiene una cierta tensión con los gobiernos de Noruega, Alemania y Francia en relación a políticas ambientales. En medio de este tira y afloja diplomático el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, se reunirá la semana que viene (19 de septiembre) con el Competitive Enterprise Institute (CEI) en Washington. El CEI es un think thank que cuestiona las evidencias centíficas sobre el calentamiento global y que se opone al Acuerdo de París y al Protocolo de Kyoto. El 23 de septiembre, Salles acudirá a la inauguración de la cumbre global por el cambio climático en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Del caso Lava Jato a la Amazonia
El Gobierno brasileño mandó un contingente de casi 44.000 militares para luchar contra el fuego en la Amazonia y propuso una medida para destinar 221 millones de euros (1 mil millones de reales) del dinero sustraído a la Petrobrás por la investigación del caso de corrupción Lava Jato. De acuerdo con la propuesta, los recursos serán aplicados entre gobiernos regionales y el Gobierno central, a partir del Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura y otros órganos gubernamentales como el Ibama para combatir los incendios y actividades ilegales de destrucción de la selva. No obstante, las políticas específicas para aplicar estos recursos todavía no han sido esbozadas y la propuesta despierta recelos entre algunas poblaciones rurales y activistas locales que desconfían de la política ambientalista del Gobierno.
“Nuestro país pasa por una situación financiera muy precaria. Si se acaba el Fondo Amazonia y otros países también cesan sus aportes, ¿qué políticas públicas del gobierno cubrirán nuestra agenda?”, cuestiona Renato Farias, director del Instituto Centro de Vida (ICV) y coordenador dos recursos do Fundo Amazonia para esta organización. Farias señala que las ONGs tienen una ardua labor por delante para buscar nuevos recursos y subraya que la falta de financiaciones extranjeras para proteger la Amazonia provocará un impacto generalizado. “Vivimos un momento amenazador en el que necesitamos más apoyo que nunca para desarrollar una agenda positiva de protección de la Amazonia”, añade él.
Noruega y Alemania congelan sus aportes
A finales de junio, en el mismo momento en el que el Gobierno brasileño confirmó su permanencia en el Acuerdo de París, Ricardo Salles planteaba la alteración de la estructura de la principal fuente de recursos contra la deforestación de la selva amazónica, el llamado Fondo Amazonia. Desde que fue creado en 2008, el Fondo consiguió recaudar 754 millones de euros que fueron administrados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y otorgados a organismos públicos y ONGS para preservar la selva. Noruega ha sido la responsable, hasta ahora, de un 90% de las aportaciones, Alemania del 9% y la petrolera brasileña, Petrobrás, del 1%. No obstante, desde que Bolsonaro asumió el poder el Fondo no ha aprobado ni un nuevo proyecto.
Salles denunció supuestas irregularidades en la aplicación del dinero, propuso un cambio en la estructura del Fondo y sugirió que una parte de los recursos donados se destinasen a pagar indemnizaciones para quien era expulsado de las ocupaciones de tierras públicas para crear Unidades de Conservación Ambiental. El objetivo sería evitar las disputas entre los intereses de productores y de ambientalistas. “Nosotros, que trabajamos con cuestiones de tierras indígenas desde hace muchos años, hemos visto el desarrollo de una industria de indemnizaciones fraudulentas para personas que ni siquiera habían ocupado nunca esas tierras”, explica Ivar Busatto, coordinador general de la organización Operación Amazonia Nativa (OPAN).
“Ningún país del mundo va a querer ofrecer recursos para que se paguen esas indemnizaciones. El apoyo que viene de fuera debe promover que los órganos públicos y el resto de frentes estén bien estructurados para dar respuestas de protección de los territorios y de las poblaciones locales”, añade él.
"Los gobiernos solos no consiguen reducir la deforestación”, relataba la carta que Noruega y Alemania enviaron a Salles en oposición a su propuesta de alterar el funcionamiento del Fondo que estos países financian casi íntegramente. A oídos sordos de la misiva, el ministerio de Medio Ambiente de Brasil ratificó a principios de julio la extinción del Comité Orientador del Fondo Amazonia (Cofa). Bolsonaro afirmó que su país no necesitaba el dinero de Alemania y sugirió que Merkel lo emplease para recuperar sus propios bosques, cuando este país anunció el 10 de agosto que congelaba su próximo aporte de 35 millones de euros (unos 155 millones de reales) para financiar actividades de protección ambiental en Brasil.
Cinco días después, Noruega se subía al carro de la insatisfacción y anunciaba también la suspensión de 30 millones de euros (133 millones de reales) previstos para el Fondo Amazonia. “Hay motivos para la preocupación. Lo que Brasil está haciendo muestra que el país no pretende continuar conteniendo la deforestación”, afirmó en ese momento el ministro de Clima y Medio Ambiente de Noruega, Ola Elvestuen, “utilice ese dinero para ayudar a Angela Merkel a reflorestar Alemania”, fue la respuesta de Bolsonaro a un país que ha donado 655 millones de euros (3.000 millones de reales) en los últimos diez años para actividades públicas de protección de la Amazonia.
"Estamos en un momento de impasse, de retroceso de políticas públicas y de debilitamiento de entidades como la Funai (Fundación Nacional del Indio) o el Ibama. Si estas instituciones públicas no tienen dinero para permanecer sólidas, todos perdemos”, relata Busatto. Además, explica que la ONG donde él trabaja recibió recursos del Fondo Amazonia para desarrollar dos proyectos que “mejoraron considerablemente la vida de las personas que viven en la selva”, pero que ante la disyuntiva, su organización seguirá buscando otras fuentes de financiación para defender la selva y las poblaciones locales, aunque el gobierno de Bolsonaro intente desacreditarles.
“Del dinero que venía de fuera, 40% iba a ONGs. Ya no existe. Acabamos también con la transferencia de dinero público, de forma que esta gente (del tercer sector) está sintiendo la falta del dinero y pueden estar llevando acabo, no lo estoy afirmando, actos criminales de estos ongueiros para exactamente llamar la atención contra mi persona y contra el gobierno de Brasil”, afirmó Bolsonaro el 21 de agosto en una estrategia de acusar a las ONGs como posibles causantes de los incendios.
Una ofensa a su soberanía
Las siete potencias económicas consideradas como más poderosos, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, decidieron este 26 de agosto en su última reunión en la ciudad francesa de Biarritz ofrecer una ayuda de 22 millones de dólares para que Brasil combatiese los incendios en la Amazonia. El Gobierno brasileño interpretó la oferta del G7 como una ofensa a su soberanía en medio de una riña diplomática entre Macron y Bolsonaro, que acabó salpicando inclusive a la primera dama francesa, Brigitte Macron, cuya imagen y edad estuvieron desdeñadas, por el presidente brasileño.
Bolsonaro calificó la propuesta de “limosna” y acusó a Macron de querer “disfrazar sus intenciones sobre la Amazonia” y de tratar a Brasil como si fuese una colonia. Tras un vaivén, el presidente brasileño acabó cediendo a considerar la propuesta con la condición de que sea su propio gobierno quien lo gestione, una vía descartada por el G7.
"Agradecemos la oferta, pero tal vez esos recursos sean más útiles para reforestar Europa", afirmó Onyx Lorenzoni, ministro jefe del gabinete de gobierno de Bolsonaro. "Macron no pudo prevenir un incendio en una iglesia que es considerada patrimonio de la humanidad y, ¿ahora quiere darnos lecciones?”, añadió Lorenzoni echando más leña a la hoguera diplomática. "Eso, creo, es un gran error. Nosotros somos un país soberano y cuando tenemos algo grave aceptamos felices y agradecidos la solidaridad internacional porque es un gesto de amistad", respondió el presidente francés.
A pesar de que los gobernadores de los ocho estados brasileños que contienen selva amazónica le confesaron a Bolsonaro, durante una reunión que tuvo lugar el 27 de agosto, que la situación es “insostenible” y necesitan recursos para combatir los focos de incendios que continúan activos, la donación propuesta por el G7 todavía no ha sido negociada. "Los países que envían dinero aquí no lo hacen por caridad. Lo mandan con el propósito de interferir en nuestra soberanía”, expresó Bolsonaro que defiende que la solución debe ser local ya que considera que "Brasil es como una virgen que todos los pervertidos de fuera desean”.
Un pacto sin financiación
Siete países convocaron una reunión de urgencia para discutir la situación de la selva amazónica. Los presidentes de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, junto con el vicepresidente de Suriname Michael Ashwin Adhin, el ministro de Recursos Naturales de Guyana, Raphael Trotman, y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, se reunieron en la ciudad colombiana de Leticia esta semana pasada para discutir el “Pacto de Letícia pela Amazônia” que prevé acciones nacionales, regionales y globales para proteger la selva. A pesar de que la soberanía sobre estos territorios fue uno de los asuntos más espinosos del encuentro, el anfitrión del encuentro Carlos Holmes Trujillo, que ocupa el puesto de ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, reiteró que “las acciones deberán comprender no solo los países amazónicos, sino también los países de América del Sur y la comunidad internacional en general”.
Venezuela y Francia, países que también poseen selva amazónica dentro de sus fronteras continentales y de ultramar, respectivamente, no fueron invitados al evento y Jair Bolsonaro intervino por videoconferencia debido a la cirugía a la que se sometería dos días después. A pesar del compromiso adoptado con la firma del Pacto, ninguno de los 16 puntos que lo componen responde con claridad a uno de los principales interrogantes sobre la actual situación ambiental de la región, ¿cómo financiar las actividades de protección de la Amazonia? “Trabajar conjuntamente para fortalecer los programas y mecanismos financieros, reivindicar los compromisos de los países asumidos en estos espacios, movilizar recursos públicos y privados, incluyendo la Banca Multilateral, según corresponda, para la implementación de este Pacto”, fue la única referencia a la intervención financiera que propone el Pacto de Leticia.
En una manifestación que tuvo lugar el 5 de septiembre en el parque Trianon de São Paulo para exigirle a Bolsonaro políticas contundentes de protección del medio ambiente, se presentaron entre los asistentes representantes de la Asociación Brasileña del Agronegocio (ABAG). Si bien los grandes latifundiarios y productores intensivos se mostraban, hasta ahora, como uno de los principales pilares de apoyo a Bolsonaro, este sector teme que el conflicto diplomático entre Brasil y otros países obstaculice la firma del tratado de libre comercio Europa-Mercosur. Francia, Irlanda y Finlandia ya habían anunciado que en la actual situación medioambiental sus países no ratificarían el acuerdo. Además, empresas internacionales como H&M y VFcorp, proprietaria de Timberland, Vans y The North Face, anunciaron en los últimos días un boicot a la compra de cuero brasileño.
El 23 de agosto, Bolsonaro hizo un pronunciamiento sobre los incendios en la red de televisión pública en el que defendía que las políticas ambientales de Brasil son un modelo a seguir. “Diversos países desarrollados no consiguieron avanzar con sus compromisos del Acuerdo de París (…) Incendios forestales existen en todo el mundo y eso no puede servir de pretexto para sanciones internacionales”, declaró este presidente que se jacta de tener el apoyo de sus homólogos en Estados Unidos e Israel.
“El actual gobierno no está interesado en escuchar ambientalistas más convencionales o actores internacionales, pero escuchará al agronegocio por ser una parte de su base electoral”, afirmó Kathryn Hochstetler, profesora de Desarrollo Internacional de la London School of Economics para El País. Interesados en la internacionalización de sus ventas, los grandes productores rurales también cuestionan la posición de Bolsonaro sobre la Amazonia y claman por una apuesta ambientalista respetada internacionalmente que no perjudique sus negocios.
