Ante magistrados de la Corte de Quiebras de Estados Unidos, Luis Ortegón Moreno se comprometió a devolver -y lo hizo- un penthouse de lujo que les acababa de comprar a César Mondragón y a Tatiana Quintero, cabezas de la firma Estraval que arrebató a pensionados, amas de casa y humildes trabajadores colombianos más de $610.000 millones.
El rastro del dinero, producto de una estafa cometida en el mercado de los créditos por libranza, fue seguido hasta Miami, Nueva York y Panamá por Luis Fernando Alvarado Ortiz, agente liquidador designado por la Superintendencia de Sociedades, en un esfuerzo que hoy representa uno de los mayores logros en la lucha contra el crimen transnacional.
El penthouse se encuentra en el sector de Ventura, frente a la bahía de Miami y era uno de los últimos vestigios de la fortuna amasada por los Mondragón Quintero. Allí y en los muelles del Ocean Reef en Panamá solían atracar yates de lujo para atender a sus invitados especiales.
En Miami contaban con una firma arrendataria de limosinas que iban a buscar al aeropuerto a sus aliados de negocios, entre ellos representantes de la banca de inversión en Nueva Jersey. Esa era su manera de disfrazar su situación de crisis y aparecer como prósperos y boyantes cuando su “esquema ponzi” (así son conocidas las estafas con pirámides) estaba a punto de hacer agua.
La liquidación del Penthouse y de otros activos en Miami y Panamá les permitió a las autoridades colombianas recuperar cerca de US$2,5 millones (cerca de $10.000 millones) en beneficio de los inversionistas afectados. Esos recursos recuperados en Estados Unidos y Panamá se sumaron a otros detectados en Colombia y hasta la fecha han servido para rescatar $260.000 millones de los $613.000 extraviados.
Otra parte del dinero recuperado provino de la venta de los derechos de César Fernando Mondragón en el fideicomiso denominado “La Gran Reserva de Anapoima” y de una casa de su socio Juan Carlos Bastidas Alemán en el conjunto residencial Remanso Reservado en Girardot, Cundinamarca. También, de la venta de las acciones que Estraval S.A., Bastidas Pro L&M S. en C., Pro N&J S.A.S, Bastidas y Mondragón tenían en la sociedad Agroprocesos Orgánicos S.A. – Pronagro S.A.
El caso es de relevante no solo por la recuperación de los ahorros birlados a pensionados, amas de casa y hasta madres comunitarias que confiaban sus ahorros a libranzas cuyas garantías eran multiplicadas mediante falsificación y utilizadas simultáneamente cautivar a más inversionistas. También lo es porque se trata de la primera vez que una corte de Estados Unidos permite a Estados Unidos rastrear bienes e interrogar a testigos en su territorio.
En el caso radicado con el número 17-16559-LMI la Corte de Quiebra de Estados Unidos, del Distrito Sur de Florida, avaló los esfuerzos del representante de la superintendencia colombiana para hacer la búsqueda de bienes inmobiliarios, dineros que hubieran fluido por el circuito financiero de ese país y activos inmobiliarios.
Tras evaluar las pruebas aportadas por el agente liquidador colombiano Luis Fernando Alvarado, liquidador de la firma, el alto tribunal cuestionó la intervención de firmas financieras y bancas que, ya fuera por desconocimiento o franca negligencia, terminaron facilitando las maniobras de defraudación.
Mencionó en concreto a la firma StormHarbour Securities LP que negoció un acuerdo en beneficio de Estraval, en el que Deutsche Bank inyectó cerca de US$25 millones. “En el momento de la de la inversión el Deutsche Bank sabía, o con la diligencia mínima habría sabido, que Estraval era un fraude”, recalca la providencia de la Corte de Quiebras a través de la cual autorizó el emisario colombiano para buscar bienes en territorio de Estados Unidos.
Fue incluso a fondo contra al banco alemán al advertir que el Deutsche puso su propio interés financiero por encima del daño causado a los inversionistas y terminó prolongando, al menos por un año más, un fraude que habría sido previsible.
El Deutsche Bank asumió parcialmente la responsabilidad y durante una audiencia de conciliación concedió una rebaja de US$13 millones de los créditos a Estraval. Sin embargo, ese dinero no beneficia a las víctimas pues se trataba de una deuda legalmente reconocida durante el proceso de liquidación.
La misma Corte estuvo de acuerdo en que el clímax del fraude se dio cuando los socios de Estraval, al borde del colapso financiero, inventaron otra modalidad que consistía el volver a comprar las libranzas que había vendido previamente para ampliar el círculo de los cobros duplicados y triplicados.
La operación exigía contar con US$150 millones y los dueños de Estraval los encontraron a través de inversionistas, algunos con sede en Nueva Jersey. En Las nuevas libranzas comenzaron a aparecer como deudores centenares de pensionados, principalmente de la costa atlántica, que no eran conscientes de la situación.
Por todo eso los magistrados de la Florida dieron vía libre para que, la persecución de los bienes en su suelo, incluyeran “pero no estuvieran limitados a cualquier o todo bien inmueble, tal como aviones, carros, barcos y muebles”.
Cuando la Corte tomó la decisión, Mondragón, su esposa y Bastidas se encontraban detenidos en Colombia. Sin embargo, se hicieron representar en la audiencia de conciliación y colaboraron parcialmente sobre sus bienes.
Tatiana Quintero, esposa de Mondragón, presentó un recurso de apelación a través de su abogado, pero la Corte de Quiebras se negó a desvincularla del proceso transfronterizo. Por eso no pudo evitar enajenación de su penthouse en Aventura, que fue avaluado en $US$1,7 millones. Entre yate y dinero en bancos panameños llegaron US$120.000 dólares adicionales.
Los esfuerzos de la Superintendencia de Sociedades han sido imitados por la Fiscalía que recientemente identificó varios bienes importantes en el exterior de Elite, otro esquema piramidal montado con dineros obtenidos mediante créditos por libranzas (descontables por nómina). Sin embargo, aún no hay avances significativos en el camino de su recuperación.